A iniciativa del Colectivo Tamaranae se ha desarrollado una campaña de alegaciones a la Consulta Pública Previa para la Propuesta de Decreto de Identificación de Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) en Canarias. En esta campaña ha sido apoyada por diversos colectivos de las islas entre los que se encuentra Turcón y la Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción. Las organizaciones ecologistas denuncian la implantación descontrolada de macroproyectos energéticos que están causando un daño irreversible al territorio, la biodiversidad y la población, sin una planificación adecuada ni garantías de sostenibilidad.
Destrucción del territorio y amenaza para la biodiversidad
Los colectivos firmantes advierten que la implantación de grandes infraestructuras eólicas y fotovoltaicas está degradando hábitats esenciales para numerosas especies de flora y fauna, muchas de ellas en peligro de extinción. Espacios valiosos como los tabaibales y cardonales, áreas prioritarias para la avifauna amenazada y ambientes semidesérticos de máximo valor ecológico están siendo sacrificados para proyectos que benefician a grandes grupos empresariales, sin atender al impacto ambiental acumulativo.
«Es inadmisible que se siga promoviendo un modelo energético basado en la especulación y el beneficio privado, mientras se ignoran los impactos sobre especies protegidas y se vulnera la normativa ambiental», denuncian los representantes de los colectivos.
Ejemplos de despropósito de implantación de renovables en suelo rústico, zona Juan Grande, Juncalillo del Sur y Amurga
Pérdida de suelo agrícola y desprecio por la soberanía alimentaria
Estos colectivos también señalan que la expansión descontrolada de las energías renovables está suponiendo la pérdida de suelo rústico protegido, en contradicción con las estrategias de soberanía y seguridad alimentaria. «El Gobierno de Canarias está desprotegiendo el suelo mediante declaraciones de interés general que benefician a empresas privadas, sin evaluar el impacto en el territorio ni en la población local», afirman.
Falta de planificación y deficiencias en la evaluación ambiental
Critican que la implantación de renovables en Canarias se lleva a cabo sin una planificación energética a largo plazo y con evaluaciones ambientales insuficientes. En el caso de los parques fotovoltaicos, las empresas fragmentan proyectos para eludir la evaluación ambiental, mientras que en los parques eólicos se ignoran informes técnicos que alertan de graves afecciones a especies protegidas y a espacios naturales.
«No se está cumpliendo la legislación ambiental ni las directivas europeas que obligan a evaluar el impacto acumulativo de estos proyectos. Esta falta de control está condenando a la biodiversidad canaria a un colapso irreversible», advierten las organizaciones ecologistas.
Impacto en la salud de la población
Además del daño ambiental, denuncian los graves perjuicios que estas infraestructuras están causando a las comunidades locales. El polvo en suspensión, el ruido de los aerogeneradores y el efecto sombra de las instalaciones están afectando a la salud y calidad de vida de los vecinos, sin que se les compense ni se les permita participar en la toma de decisiones.
Exigencias para una transición energética justa
Los colectivos reclaman que la planificación de las ZAR se haga con criterios ambientales y sociales estrictos, priorizando la instalación de renovables en espacios antropizados como tejados, aparcamientos e infraestructuras existentes. Exige también que se excluyan espacios protegidos, zonas agrícolas y áreas prioritarias para la biodiversidad.
«No nos oponemos a las energías renovables, pero exigimos que su desarrollo sea justo, sostenible y democrático. No podemos permitir que la lucha contra el cambio climático se convierta en una excusa para seguir destruyendo nuestro territorio», concluyen los colectivos firmantes.
Colectivo Turcón Ecologistas en Acción 