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TURCÓN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN presentó alegaciones al Proyecto de Central Hidroeléctrica de Bombeo Soria-Chira.

Turcón, realizando un soberbio esfuerzo por la magnitud del documento y lo inaudito de este procedimiento de simplificación administrativa, ha presentado alegación en tiempo y forma.

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Finalizado el periodo de información pública del proyecto mencionado, tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) a petición de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias por la que se solicita autorización administrativa, aprobación de Proyecto, Declaración de Impacto Ambiental y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública de la instalación eléctrica denominada “Central Hidroeléctrica de Bombeo Soria-Chira”, cuatro procedimientos en un solo trámite administrativo; expediente con promoción y beneficio para ENDESA-UNELCO.

Demuestran los ecologistas en su alegación, una gran sorpresa porque la Consejería quiere aprobar este proyecto, sin estudios previos de búsqueda de alternativas a las opciones que plantea la empresa privada (como modificar el parque de generación con motores Diesel de alta eficiencia, estudio de otros sistemas de almacenamiento de energía, el desarrollo de microrredes descentralizadas, etc.). Máxime, todo ello, al entrar en vigor la nueva Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (BOE de 30 de octubre de 2013). Pide Turcón, en su documento, un informe jurídico ya que el proyecto de Central Soria-Chira queda en una situación cercana al “limbo jurídico” contradiciendo manifiestamente el articulado de la nueva ley, por lo cuál advierten que cualquier autorización podría ser denunciable por supuestas “ilegalidades” y “prevaricaciones administrativas”, al autorizar un nuevo proyecto a sabiendas de su ilegalidad.

A propósito de alternativas, Turcón quiere reabrir un debate sobre el “carácter estratégico que se le presuponen a las instalaciones y no entiende como se ponen en manos de una sola empresa privada. Existen precedentes en Canarias, como es el caso de la central Hidro-eólica de El Hierro, en donde una instalación de similares condiciones, dado su carácter de instalación energética estratégica, su control se comparte entre el Cabildo del El Hierro, ENDESA y el ITC. En otros casos, fuera de estas islas, se ha ido más allá y se han establecido modelos participativos en gestión energética. Es el caso, por ejemplo, de la isla de Samsø, en Dinamarca, abastecida eléctricamente mediante parques eólicos cuyas acciones están suscritas por los habitantes de la isla, construyendo éstos, de forma voluntaria y hasta un máximo de acciones por persona, los únicos accionistas de los parques eólicos. Sin llegar a estos niveles de participación ciudadana, sí se considera no obstante necesario que el accionariado de estas instalaciones sea representativo del interés colectivo que representarían”. Los ecologistas también abogan por “evaluar que los posibles beneficios económicos que pueda generar esta instalación repercutan en la gestión de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria como medida de compensación por el uso de sus recursos naturales y territoriales”.

Las condiciones de seguridad de las Presas, el patrimonio histórico y arqueológico, la biodiversidad del lugar (Parque Rural del Nublo y Reserva de la Biosfera), los caminos y pistas que se abrirán para las acometidas y que tendrán que ser estudiados de manera exquisita tal como exige la legislación ambiental y la restitución de la realidad física alterada, son otros de los puntos tratados en la alegación de Turcón. Finalizando los ecologistas con su oposición al proyecto de una “Estación desaladora de agua de mar (EDAM) de unos 4,200 m3/día de capacidad, instalada en el sistema como complemento de las aportaciones naturales del mismo, así como la impulsión de agua desalada hasta la presa de Soria, que incluye: conducción barranco arriba, etc”. Entiende Turcón que se trata de “colar” una EDAM, otro proyecto lucrativo que pone en riesgo varias cuestiones (poco estudiadas) como el vertido de salmuera al litoral, el incremento de la demanda energética, no solo por la propia producción y bombeo de agua desalada sino por la alta evaporación de agua desalada en la presa, la alteración de la calidad del agua de las presas y su efecto sobre la biodiversidad de la presa, los suelos, acuíferos, los cultivos agrícolas, etc. Un impacto territorial y ambiental, poco asumible a costa del proyecto estratégico de la Central Soria-Chira

En el extenso documento de alegación presentado, una de las primeras cosas que plantean los ecologistas de Turcón, es el plazo elegido por la Consejería de Industria para la exposición al público del Proyecto. Según Turcón “eligieron el plazo más breve que permite la legislación para que los ciudadanos, interesados, particulares afectados, empresas afectadas o con intereses, pudieran estudiar este macro expediente que se compone de una ingente cantidad de documentos y cajas de proyectos y memorias imposible de abordar en tanto solo 30 días”.

Critican los ecologistas que la fórmula elegida es una auténtica burla a estos procesos participativos y que lo único que buscan es cumplir sólo con lo preceptuado en la legislación básica, con la excusa posterior, de que las personas no alegaron.  En expedientes de parecido calibre, cítese por ejemplo, un Plan General de Ordenación de una gran ciudad o documentos de planificación de los ENP, se suelen habilitar hasta dos meses.

En esta ocasión, la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias y su Dirección General, además, en un mismo expediente quieren aprobar hasta cuatro procedimientos diferentes. A saber:

  • LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
  • POR OTRO, LA APROBACIÓN DEL PROYECTO.
  • ADEMÁS, LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
  • Y FINALMENTE, LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA.

“Cuatro en uno, inaudito, reprochable y denunciable” es lo que los ecologistas subrayaron en su alegación, añadiendo que da la sensación de que se quiere sacar el proyecto,  “a marcha martillo”, al margen de lo que opine la ciudadanía; o por ejemplo, la búsqueda de alternativas a las opciones que plantea la empresa privada.

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