Las problemáticas vinculadas a la movilidad urbana e insular, las energías renovables y la ampliación del aeropuerto fueron algunos de los temas abordados durante el encuentro
Carmen Hernández y el concejal de Medioambiente, Álvaro Monzón, se reunieron con la presidenta y varios miembros de este colectivo histórico del municipio en su sede
La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, visitó este miércoles la sede de Turcón-Ecologistas en Acción junto al concejal de Medioambiente, Álvaro Monzón, que forma parte también de este colectivo, la presidenta, Consuelo Jorges, y otros miembros, para intercambiar impresiones acerca de cómo seguir avanzando en materia medioambiental en nuestro municipio y en la isla.
La regidora municipal alabó el compromiso de las personas que a lo largo de más de 40 años han trabajado para proteger el medioambiente y crear conciencia entre la ciudadanía, y destacó “la importancia de la colaboración entre las administraciones con entidades como esta para garantizar el respeto al entorno y aumentar la calidad de vida”.
Durante el encuentro se abordaron varios asuntos relacionados con la movilidad urbana y sus posibles alternativas, los posicionamientos ante los proyectos de construcción del tren y la tangencial, y la apuesta por un nuevo modelo económico ante la perspectiva de urgencia climática de acuerdo a la nueva normativa aprobada en los últimos años, entre otros.
La presidenta del colectivo ecologista, Consuelo Jorges, solicitó “colaboración institucional para salvaguardar el territorio frente a la proliferación sin control en los parques eólicos y fotovoltaicos en cualquier tipo de suelo”. En ese sentido, el colectivo asevera que apuesta “por la implantación de las energías renovables, pero de forma ordenada y sin afectar espacios del valor ecológico y potencial agrícola”. Cabe recordar que en sus alegaciones al Plan de Transición Energética de Canarias 2030 “la implantación de energías renovables en Canarias deben estar asociadas a los propios demandantes de energía eléctrica e integrarse en las zonas urbanas y urbanizables, ocupando prioritariamente cubiertas de edificios públicos y privados, naves industriales, y otros espacios, y ordenar la introducción de la energía eólica en cotas bajas, evitando las medianías del municipio, asociándolas en la medida de lo posible a las demandas de energía como se está realizando en el parque empresarial de El Goro”.
La tercera pista del aeropuerto fue otro de los asuntos tratados en el encuentro, quedando patente que el Gobierno local y Turcón-Ecologistas en Acción coinciden en que en la coyuntura actual no se justifica la proyectada ampliación y se hace precisa la anulación de este trazado del Plan Director.
En este punto los ecologistas añaden que se trata de un proyecto “que genera un desarrollo insostenible y conlleva limitaciones de las servidumbres aeronáuticas, por lo que debe estudiarse vías para ampliar la operativa de los aviones en las pistas actuales sin necesidad de la construcción de una nueva”.
Consuelo Jorges agradeció la visita de la regidora municipal y valoró “muy positivamente el talante receptivo y cercano ante los distintos temas abordados”.
COMUNICADO DE PRENSA de Junta Directiva de Turcón y Coordinadora Federal de Ben Magec – Ecologistas en Acción
El proyecto de Tren interurbano Las Palmas – Sur reduce las opciones de transporte público en Gran Canaria y promueve el uso del vehículo privado.
Tras conseguir la ampliación del plazo de alegaciones al proyecto de la infraestructura ferroviaria entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas, sus elementos asociados y su estudio de impacto ambiental, por parte de este colectivo y la federación ecologista, se presentan sendos documentos de alegaciones y propuesta de alternativas tramitados ante la Consejería de Gobierno de Vicepresidencia Primera y de Obras Públicas, Infraestructuras, Transportes y Movilidad del Cabildo Insular de Gran Canaria.
En este proceso de información pública no ha sido posible estudiar toda la documentación disponible a través de la página web donde estaba contenida para libre acceso; no obstante, se ha realizado el esfuerzo de analizar y estudiar la mayor del expediente.
La amplia y razonada alegación, elaborada por Turcón y también asumida a nivel federal, se compone de un articulado de trece aportaciones que van desde el proceso de participación pública, estudio de impacto ambiental, metodología de análisis real del impacto ambiental para fundamentar un estudio de alternativas, la afección al suelo agrícola, al paisaje y la población, las afecciones al patrimonio, sobre la ordenación a su paso por El Veril, el tren en Gran Canaria y la no reducción del vehículo privado, el impacto del tren en el sistema eléctrico y ya por último, un apartado a tenor de lo planteado en forma de solicitudes.
Entre los aspectos que el Colectivo Turcón explicita para oponerse a este proyecto y que están contenidos en las alegaciones presentadas al Cabildo Insular de Gran canaria, anotamos los siguientes:
Todos los objetivos que se pretenden alcanzar con el tren, se pueden conseguir con alternativas como carriles específicos y reservados para guaguas y transporte de mercancías en los tramos más conflictivos de la GC-1, especialmente al paso por el municipio de Telde, y reforzando y modernizando la flota de guaguas.
El Plan Territorial que da soporte al Tren de Gran Canaria, plantea viabilizar el tren interurbano, a costa de reordenar el servicio de guaguas, eliminando o reduciendo las líneas de guaguas que puedan entrar en competencia con el tren.
Se sigue proyectando la Tangencial de Telde a pesar del Tren.
El Estudio de Impacto Ambiental no evalúa adecuadamente el impacto sobre el patrimonio que supone el suelo agrícola productivo o potencialmente productivo su valor socioeconómico y paisajístico, infraestructuras asociadas, así como tampoco evalúa la influencia que la fragmentación del territorio puede tener sobre esta actividad económica.
Produce una importante afección por ruidos a su paso por zonas urbanas, especialmente en el Valle de Jinámar.
Afecta al Bien de Interés Cultural del Barranco de Silva.
Afecta a la Ermita de Santa Rita en Ojos de Garza.
No hay estudio del impacto del tren sobre la estabilidad de la red eléctrica insular.
Amplía su impacto ambiental sobre el territorio con un Parque Eólico de 26 MW en el entorno del Roque Aguayro y la Montaña de Majadaciega, ya afectada por otros parques eólicos.
El documento a información pública propone una estrategia para intentar viabilizar el tren restringiendo el servicio de guaguas, con lo que los usuarios del servicio público verán reducidas sus opciones, mientras que el vehículo privado no sufrirá ninguna restricción.
El tren se plantea como un medio para mejorar la calidad del servicio público de transporte y su participación en el principal eje de comunicación de la isla y para proporcionar una mayor y mejor accesibilidad a la población a sus lugares de trabajo y a los servicios, pero ello se hace a costa de eliminar líneas y disminuir la frecuencia de las guaguas en el mismo corredor para que los usuarios cautivos se vean obligados a tomar el tren si quieren usar el servicio público.
Entiende Consuelo Jorges López, presidenta de Turcón, “que todo ello tendrá consecuencias negativas para el ciudadano de a pie, que vivirá normalmente alejado de las estaciones de tren, y que necesita la guagua como medio más versátil, seguro y rápido en la actualidad y que, además, aprovecha infraestructuras ya existentes sin necesidad de ocupar nuevo suelo”.
Por otra parte, el servicio de guaguas se verá seriamente afectado en su viabilidad económica futura o en el encarecimiento de los servicios que queden disponibles. Es necesario reconocer el potencial y la flexibilidad de las guaguas en las islas para el transporte urbano e interurbano, en cuanto al servicio puerta-puerta si se fomenta adecuadamente creando nuevas líneas, plataformas reservadas, intercambiadores más modernos y cómodos para los viajeros, etc. Modelo que no aborda seriamente el Estudio presentado.
Todo lo expuesto viene a ratificar que el proyecto está al servicio de una decisión política poco transparente, en la cual no vienen motivadas las razones que justifican un despilfarro de mil seiscientos millones de euros, del año 2.009, que se convertirán en cualquier cantidad superior a aquella dadas las indeterminaciones en gasto de expropiaciones y aumentos de precios previsibles, en un trámite fuera de los cauces legales y normativos que le son de aplicación, en una decisión arbitraria y caprichosa, tomada al margen de la realidad territorial; que obvia las condiciones, no solo del espacio que se pretende ordenar sino que esconde las alteraciones que el propio órgano promotor ha adoptado sobre su ámbito.
Ya en las solicitudes los ecologistas piden que se rechace y tenga por opuesto a Turcón y a la Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción en el documento ambiental sometido a trámite, así como en todos aquellos instrumentos de carácter territorial y urbanístico a los cuales nos hemos opuesto hasta el momento y que vienen ratificados en su consistencia por la argumentación contenida en la alegación. También se sienten legitimados para demandar la desestimación del proyecto del tren de Gran Canaria y que se realice un análisis de movilidad y accesibilidad que integre a toda la Isla para potenciar un modelo de movilidad basado en la guagua, innovador y con la integración de energías renovables. Y que de paso se retire del planeamiento vigente la Tangencial de Telde.
No obstante, y dada la cantidad de ciudadanía afectada por el tren que se ha detectado que no está suficientemente informada se solicita también que se vuelva a abrir el período de información pública y alegaciones para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos de alegación.
El suelo de dominio público de El Veril, no admite desnaturalizar el marco legislativo.
El Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción, miembro de la Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción, a su vez se formó en el año 2015 una Plataforma Ciudadana El Veril está Vivo; denunciante personado en los diferentes procedimientos administrativos y jurídicos manifiesta con esta nota de prensa que “la nulidad del Plan de Modernización, Mejora e incremento de la Competitividad en el ámbito de El Veril, municipio de San Bartolomé de Tirajana, aprobado mediante Decreto 373/2015, de 7 de diciembre, de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias (en adelante PMM), ha sido una decisión estrictamente jurídica, y a tenor de lo conocido hasta el momento, respetuosa con el ordenamiento legal, estimando una acción popular en la que se han puesto de manifiesto muchas irregularidades, aunque solo una de ellas ha bastado para declarar la nulidad”.
Para los ecologistas de Turcón, “si se tienen en cuenta todas las denuncias que el Proyecto y el Plan están recibiendo desde su concesión no hay más remedio que concluir que se trata de una decisión política en la que se comprometieron las autoridades públicas con la empresa privada a hacer posible la construcción del parque acuático con carácter previo a que la empresa destinara recursos a este proyecto. Las últimas noticias aparecidas en prensa son una prueba irrefutable de que se insiste en retorcer la legislación para llevar a cabo una actuación sin cumplir con los requisitos legales”, dando una situación de preponderancia a los intereses privados sobre los legítimos provechos y réditos públicos de las parcelas en cuestión.
Que la empresa promotora de un parque acuático NO SEA propietaria del terreno es algo que vicia desde el origen todo este procedimiento ya que se hace creer que la empresa privada es dueña de lo que verdaderamente no es por mucho que hayan dedicado recursos a una adquisición que es sencillamente imposible. La complicidad de las autoridades públicas con responsabilidad en este asunto como lo es, principalmente, el Consejo Insular de Aguas conlleva que nos encontremos con un atentado político, jurídico, y medioambiental, inaceptable desde cualquier punto de vista, entrando en una dejación de la defensa de recursos que tendrían que mejorar las rentas ciudadanas a aportar por este proyecto.
La Administración pública ha venido presentando este proyecto como si de un propietario único se tratara lo que no es cierto, no solo por la propiedad del Estado (terrenos públicos de todos los canarios y canarias) de la parte más importante del terreno cuyo título de propiedad le viene determinado por el correspondiente expediente de deslinde que tuvo que defenderse con éxito contra otros propietarios que defendían mejor derecho.
De manera inaceptable, desde cualquier punto de vista, resulta que el Registrador de la Propiedad ha practicado inscripciones contradictorias sobre la propiedad del terreno que en ningún caso deberían existir puesto que el único propietario de una gran parte del terreno es el Estado y la inscripción doble y contradictoria es una anomalía frente a la que el Consejo Insular de Aguas no ha ejercitado ninguna acción de las que le corresponden para que el Registro de la Propiedad señale la verdadera y única propiedad del terreno, de una manera intencionada, o no, se contribuye de esta manera a una ceremonia de la confusión que a cada paso que se da empantana aún más el poder avanzar en la ejecución del proyecto .
La razón por la que primero, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias y después el Tribunal Supremo, han declarado la nulidad del preceptivo PMM es un ejemplo de lo que va a suceder en cualquier caso porque todo este proyecto, modificando la planificación de este terreno; malempleando cerca de 5.000.000 euros con la abolición del correspondiente planeamiento; modificación del PTE del tren, etc., debería hacer reflexionar a todas las autoridades involucradas en que el proyecto y la construcción del parque acuático, es una iniciativa privada que podría contar con apoyos de algún sector económico de la isla, pero no atropellando derechos económicos, medioambientales, arqueológicos y patrimoniales y en definitiva “forzando” la legalidad en beneficio de una empresa. Se engrosa de esta manera una cuenta de modificaciones de planeamientos que en última instancia no se añaden a la cuenta del promotor sino a administraciones públicas que tendrán que pagar dicho desaguisado, pagando los proyectos previstos y los cambios en los mismos si los hubiera o archivando en un cajón las realizaciones programadas.
Un ejemplo más de la pésima e ilegal ejecución de todo este proyecto fue lo “acordado” (aunque no tenga soporte legal alguno) para la reforma de la rotonda PB-3 de acceso al parque acuático (enlace con la GC-500), con un coste de 347.000 euros, así como, la sustitución de un tramo de tubería de saneamiento con un coste de 1,43 millones, que fueron ejecutados con la correspondiente licencia otorgada por la Junta de Gobierno Local, y que los ecologistas advertimos de su dudosa legalidad. Aunque estas obras dieron lugar a una investigación de la Fiscalía y a la apertura de unas diligencias procesales (148/2018) y a una sentencia dictada el 15 de marzo de 2021 por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria en la que se decidió, judicialmente como decimos, que los costes de esas obras correspondían a la entidad privada pues así constaba en el PMM ahora anulado. Pues bien, el tema solo sería anecdótico si no fuera porque el gasto está hecho con fondos del FDCAN, a través del Consorcio Maspalomas-Costa Canarias, detrayéndose de otras necesidades básicas y servicios públicos prioritarios, desmejorando de esta manera inversiones más necesarias y de mayor valor social.
El proyecto quizás podría ser de interés para parte del sector turístico de la isla como complemento de oferta, aunque por la ubicación propuesta pueda afectar, a la larga, a la imagen turística de todo el destino y esté sometido a riesgos climáticos al ocupar dominio público hidráulico. Pero lo que sí que no tiene sentido es toda su tramitación en la que se han despreciado y conculcado principios tan básicos como la concurrencia, puesto que la desestimación de otras alternativas se llevó a cabo sin una explicación administrativa coherente con la situación del barranco de El Veril. Las sentencias desestimatorias, el debate abierto sobre los procedimientos empleados y la situación de encontrarse otra vez el proyecto en la casilla de salida demuestran los múltiples errores en la tramitación.
Para concluir, el Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción garante de los diferentes procedimientos administrativos y jurídicos de este sector urbanístico, seguirá muy de cerca todos los movimientos municipales, ejerciendo las acciones que en todo momento correspondan, ya que, según su opinión, con esa sentencia firme del Tribunal Supremo, la Junta de Gobierno Local de San Bartolomé de Tirajana, debe archivar el último procedimiento.
El Colectivo Ecologista Turcón, en su interés por la conservación del patrimonio y los valores medioambientales y autóctonos de estas islas, lleva desde el año 2014 participando en los diferentes procedimientos, porque a nuestro juicio, existe una incorrecta tramitación de la concesión para la construcción de un parque de ocio denominado Siam Park. Cuestión aclarada en otras ocasiones, lo que realmente es preocupante es la defensa del Suelo Público, patrimonio de todos los canarios y canarias, así como los elementos históricos y naturales de aquella zona. Paralelamente, se pide que la modificación en el barranco del Veril constituye un atentado paisajístico, medioambiental, y urbanístico con una modificación de lo previsto y aprobado en su momento que era la vía de tren para conectar la capital con el sur de la isla; un proyecto que costó más de 5.000.000 € y que las modificaciones de trazado, pueden constituir de hecho una mala administración de los bienes públicos o incluso la comisión de un delito. Dinero que no va a costear ninguna empresa.
La Administración General del Estado ha tasado en 14,3 millones de euros el valor de los aprovechamientos urbanísticos otorgados por el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del ámbito de El Veril sobre los terrenos públicos ubicados en el barranco donde el Grupo Loro Parque pretende construir el parque acuático Siam Park, con espacios comerciales en su interior, y un hotel de 300 habitaciones.
Es decir, la compañía tendrá que abonar esta cantidad en concepto de plusvalías sobre los terrenos con concesión administrativa -por 25 años- y el uso público del suelo si quiere desarrollar el proyecto, según reveló el informe elaborado por el Ministerio de Hacienda dirigido al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. En el ámbito de El Veril, el grupo Loro Parque y el Estado comparten la titularidad de varios suelos.
En el informe sobre la afección de los terrenos de dominio público hidráulico de titularidad estatal, el Ministerio de Hacienda ha calculado que de los aprovechamientos urbanísticos de los 121.000 metros cuadrados de terreno público le corresponden 14.319 unidades de aprovechamiento por valor de 11,5 millones de euros, mientras que al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana le corresponden 3.502 unidades de aprovechamiento que alcanzan un valor de 2,8 millones de euros.
Este informe es capital según Turcón, porque instaba a la corporación municipal a que se paralice la gestión y ejecución urbanística del proyecto del Siam Park ya que se asienta sobre terrenos que no son de un único propietario.
En ese mismo oficio, que Hacienda dirigió al Ayuntamiento el 17 de octubre de 2019 ante la falta de respuesta del Consejo Insular de Aguas después de 10 meses de espera, el ministerio comunica al consistorio sureño que ha comenzado los trámites para exigir la titularidad de los terrenos ubicados en el dominio público hidráulico de El Veril, que en este caso corresponde a los barrancos del Guincho, Buenavista y Cañizo.
Aunque la empresa Loro Parque tenga la concesión administrativa sobre parte de los terrenos ubicados en el barranco no significa que lleve implícito el derecho a los aprovechamientos urbanísticos que de ellos emanan.
El expediente está plagado de irregularidades, máxime cuando el Consejo Insular de Aguas dejaba de contestar los requerimientos de todas las partes.
Planimetria sectorial con señalización de El veril
Sobre el AUTO provisional del Juzgado de Instrucción núm. 5
Con este motivo y con estos antecedentes en el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Las Palmas de Gran Canaria con el núm. 937/2020 se siguen Diligencias Previas contra el vicepresidente del Consejo Insular de aguas de Gran Canaria que ejerce sus facultades por delegación del Presidente de este Consejo Insular de Aguas por no llevar a cumplimiento lo que ordenaba reiteradamente la Administración General del Estado a través del organismo Patrimonio del Estado durante más de 5 años en defensa del patrimonio y del suelo público de barranco. Es lo que técnicamente según nuestros abogados se conoce como un delito de prevaricación omisiva.
Es en esta circunstancia que se ha formulado recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el citado auto de fecha 15 de febrero de 2022 lo que significa que las noticias publicadas son incompletas porque no hay resolución firme y porque pretende llegar anticipadamente al resultado de una actividad judicial a través de crear una imagen falsa de la realidad material y jurídica.
La resolución no es firme y está pendiente de la estimación o desestimación del recurso de reforma interpuesto y, en su caso, del subsidiario de apelación.
El colectivo se ha dirigido a la Demarcación de Costas de Canarias, interesándose por las obras realizadas junto a la entrada del establecimiento Hotel Riu Palace Tres Islas en Fuerteventura y de las que hemos tenido conocimiento.
Estas obras culminadas de apoyo al establecimiento se realizaron sin las autorizaciones necesarias y por ello se van o se pretende eliminar por parte de Costas.
Confiamos que de llevarse a cabo sirva de ejemplo y sea el principio la recuperación del Dominio Público que ocupa el establecimiento hotelero.
Colectivo Turcón Ecologistas en Acción 