Turcón y Foro por La Isleta rechazan el gas licuado en el Puerto de La Luz

COMUNICADO DE PRENSA. Junta Directiva de Turcón

Turcón Ecologistas en Acción participa en el Foro La Isleta para manifestar su rechazo a la instalación de una planta de gas natural licuado en el Puerto de La Luz

La instalación consta de un depósito de 50.000 m3 de gas natural de origen fósil a 145ºC bajo cero y altas presiones para conservarlo en estado líquido, así como una central eléctrica de 70 MW

El pasado 13 de septiembre, el Foro por La Isleta organizó en la Plaza del Pueblo de este barrio de Las Palmas de Gran Canaria una asamblea para debatir sobre el impacto y los riesgos que tendrá la instalación de un depósito de 50.000 m3 de gas natural licuado de origen fósil, una regasificadora y una central eléctrica de 70 MW en el Puerto de La Luz y de Las Palmas.

Los ecologistas de Turcón fuimos invitados para compartir nuestra experiencia en este asunto que ya fue tratado hace una década en Telde cuando se dio opción a montar una regasificadora en el muelle de Salinetas, que ya había sido rechazada en Arinaga (https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/politica/2012/01/20/8309.html).

El secretario del colectivo compartió con los asistentes a la asamblea algunos conocimientos técnicos con el objetivo de elaborar el argumentario frente a esta lesiva instalación contra los intereses y la seguridad de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria.

En primer lugar se destacó que el gas natural (CH4) es un combustible fósil y no una energía “verde”, tal y como está considerando el Parlamento Europeo. En su combustión a alta temperatura para producir electricidad, el gas natural produce grandes cantidades de óxidos de nitrógeno precursores de la lluvia ácida y del smog fotoquímico. Por otro lado, es precursor del efecto invernadero porque emite más de 500 kg de CO2 por cada MWh de energía eléctrica producida. A su vez, si hay escapes de metano (CH4) su capacidad de incrementar el efecto invernadero es 25 veces mayor que la del CO2.

Por lo demás, las instalaciones y manejo del gas natural licuado (GNL) entrañan riesgos inasumibles para una población como Las Palmas de Gran Canaria. Supone el fondeo de barcos metaneros que deben descargar el GNL al depósito de 50.000 m3 a una temperatura de en torno los 160ºC bajo cero que a su vez debe mantener esas bajísimas temperaturas durante su conservación para mantener el gas en estado líquido durante su almacenamiento. Cuando se vaporiza se devuelve al mar agua a 5ºC. Deberá disponer de antorchas para descargas de gas de emergencia. La turbina de gas prevista de 70 MW no tendrá más allá de un 30% de rendimiento desperdiciando el potencial energético del gas natural que ahí se queme. Energía totalmente innecesaria para la Isla, para el Puerto que debería apostar por invertir en energías renovables dentro de sus instalaciones para compensar su huella de carbono.

Pero lo más preocupante es la seguridad y riesgo al que se somete a una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria. Tan sólo el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas ya contempla que esta instalación no podría estar a menos de 2.000 m como mínimo de una concentración de población. Aspecto que en ningún caso es posible de conseguir en el Puerto de La Luz y de Las Palmas.

Círculos de radio de 2.000 metros de posible ubicación de la instalación de GNL

Los accidentes en instalación de gas natural han sido frecuentes a lo largo de la historia y sus consecuencias devastadoras. Los daños que sufrirían las poblaciones que se encuentren dentro del área de impacto potencial pueden ser de diversos tipos: la asfixia por falta de oxígeno en las proximidades de un derrame o escape de gas sin incendio; graves quemaduras en la piel debido a la exposición a las bajísimas temperaturas del gas congelado o criogenizado; quemaduras de primer grado causadas por la intensa radiación térmica que emite el gas en derrames o escapes, incluso aunque no se produzca un incendio; quemaduras de segundo o tercer grado en las zonas más afectadas por la intensa radiación térmica emitida por los incendios de nubes de gas y aire mezclados, o de gas derramado sobre el agua e inflamado. Y los propios daños causados por las explosiones de gas. Fuente: https://migijon.com/procesion-funebre-contra-la-apertura-de-la-regasificadora-del-musel/

Por último, hay que destacar que a nivel internacional el gas natural, cada vez más, se está convirtiendo en fuente de conflicto y medio de chantaje internacional. El gas natural requiere unas infraestructuras y medios de transporte especiales que lo hacen más frágil a la hora de garantizar el suministro energético en islas. Los riesgos de desabastecimiento futuro serán mayores y, por tanto, no se tiene por qué producir realmente una mayor seguridad energética.

Es por ello que reiteramos nuestro rechazo a las instalaciones de regasificadoras y centrales térmicas de gas natural en Las Palmas de Gran Canaria, en Gran Canaria y en Canarias.

NO AL GAS NATURAL LICUADO EN CANARIAS

Continuamos firmes y reprobamos el proyecto de Bombeo Reversible Soria – Chira

COMUNICADO DE PRENSA Junta Directiva de Turcón

El Colectivo Turcón Ecologistas en Acción continúa firme en su crítica y lucha contra el proyecto de Bombeo Reversible de Soria – Chira

Una de sus últimas actuaciones ha sido presentar alegaciones a la retribución que pretende cobrar Red Eléctrica por la Instalación Hidráulica reversible de 200 MW.

El pasado 10 de agosto, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España (MiTEco) sometió a un proceso de audiencia, durante 15 días naturales, a la nueva documentación incorporada por Red Eléctrica de España, S.A con un nuevo valor de inversión para la Central de Bombeo Reversible Soria – Chira, ampliando a 618 M€ como inversión provisional, sin incluir las líneas de evacuación eléctrica y subestaciones o la necesidad de readaptación de las presas y el riesgo asociado.

También en esa documentación, donde la mayor parte de los datos económicos se declaran confidenciales, Red Eléctrica evalúa las incertidumbres económicas que genera esta inversión tanto en su ejecución (riesgos asociados a la construcción de la caverna) como en los costes de operación y mantenimiento reales debido al alza de precios de los combustibles y los insumos. Con todo ello Red Eléctrica pretende incrementar su retribución durante el período de concesión (50 – 75 años) advirtiendo de que si no se reajusta la retribución la central de bombeo no es viable económicamente.

Inmediatamente, el 11 de agosto, el Colectivo Turcón, presentó un escrito al MiTEco, solicitando la ampliación de plazo para presentar alegaciones y tener acceso a toda la información incorporada al expediente, a lo que el MiTEco respondió el 23 de agosto ampliando el plazo de presentación de alegaciones en 5 días hábiles, hasta el 2 de septiembre. Este hecho, nos consta, que ha permitido que muchas otras entidades y personas interesadas hayan podido presentar alegaciones a éste trámite.

Finalmente, y después de un arduo trabajo de recopilación de información y elaboración, el 2 de septiembre se ha conseguido presentar un pliego de alegaciones de más de 100 páginas, que no sólo pone en cuestión la retribución solicitada sino también la viabilidad completa del proyecto tanto en sus aspectos económicos de retribución exigida por Red Eléctrica, por los riesgos económicos que puede suponer para el erario público y la deuda, sino también en los aspectos relacionados con el impacto ambiental, la gestión del agua y el modelo energético que promueve, totalmente injusto para la sociedad canaria.

Materiales de sensibilización puestos en circulación por Turcón

En este amplio pliego de alegaciones, que figura como Anexo, se recogen toda una serie de asuntos que refutan la totalidad del proyecto de Bombeo Reversible Soria – Chira y demandan que se promueva un plan de transición energética más justo basado en energías renovables descentralizadas asociadas a los consumidores de energía eléctrica, a la gestión de la demanda y a las microrredes eléctricas inteligentes, y no en grandes infraestructuras que dañen el territorio.

Las alegaciones se resumen en las siguientes “ideas fuerza”:

  • Los altos costes del proyecto (618 M€ como inversión provisional, el triple de lo tasado inicialmente), su baja eficiencia energética (50%, va a consumir el doble de energía eléctrica de la que podría devolver al sistema con el salto hidráulico), su bajo impacto en la penetración de renovables (4%) y las incertidumbres técnicas y económicas, como la construcción de la caverna, lo hacen inviable económicamente.
  • Red Eléctrica pretende forzar la retribución económica para alcanzar la máxima rentabilidad y cargar al sistema público y a la ciudadanía en general con todos los riesgos e incertidumbres que genera el proyecto. Las primeras estimaciones sobre la retribución total ascendía a 1.500 M€, ahora, con las nuevas peticiones de REE la retribución podría alcanzar los 3.000 M€.
  • Red Eléctrica con la declaración de confidencialidad de los datos causa indefensión y vulnera los intereses legítimos para presentar alegaciones y recalcular la retribución económica conforme a la nueva realidad económica del proyecto y conocer la repercusión real sobre el sistema eléctrico a medio y largo plazo, y, por tanto, vulnera el interés general. Desconocemos cuál será el nuevo valor propuesto €/MWh, y el importe de operación y mantenimiento fijo anual.
  • Red Eléctrica pretende aprovecharse de determinadas retribuciones financieras de renovables o de los grupos generadores no peninsulares a las que no tiene derecho y no deben ser consideradas por el Ministerio de Transición Ecológica. La imposición por orden ministerial beneficia a una única empresa y una única tecnología y/o modelo constituyendo Ayudas de Estado incompatibles con la Unión Europea al generar ventajas competitivas y distorsiones del mercado interior de la electricidad, monopolizando el almacenamiento masivo de energía en la Isla de Gran Canaria.
  • Se promueve un sistema eléctrico ineficaz que generará conflicto de intereses entre productores, suministradores, gestores de las redes de transporte y los propios consumidores con capacidad de gestión de la demanda y no genera incentivos para inversiones en otro tipo de sistemas de almacenamiento de energía, sistemas térmicos con más capacidad de regulación, gestión de la demanda descentralizada o microrredes eléctricas inteligentes, ni garantiza el acceso de nuevos operadores en el mercado.
  • El modelo impuesto prima al sector de las grandes infraestructuras de energías renovables (eólica y solar sobre suelo agrícola) capitalizadas por grupos financieros y grandes eléctricas, desconectadas de las necesidades reales de la Isla y en contra de los intereses locales de la sociedad canaria y del interés de lo colectivo, permitiendo la privatización de los bienes comunales como el sol, el viento y el agua.
  • Red Eléctrica dice que intenta limitar el uso de la desalinizadora del Barranco de Arguineguín exclusivamente a la actividad de la central de bombeo Chira Soria, no obstante, lo cierto es que el Cabildo de Gran Canaria y el Consejo Insular de Aguas han publicitado en todos los medios de comunicación que: “la central de bombeo solucionará problemas hídricos de la Isla de Gran Canaria y que el agua de la desaladora se destinará a la agricultura y a la gestión forestal”.
  • Según nuestras estimaciones el coste del metro cúbico desalado puesto en el Embalse de Soria puede superar los 2 €/m3, coste muy superior será el del agua puesta en Tejeda o en Artenara, si es que realmente se lleva a cabo esa iniciativa. El tema del agua es delicado en las Islas y es fácil y tentador caer en el populismo. Toda la publicidad financiada por el Cabildo de Gran Canaria [1] en los medios de comunicación ha tenido un efecto manipulador y engañoso sobre la población.
  • Poner a disposición, hasta 75 años, de una multinacional eléctrica los embalses de Chira y Soria puede comprometer la gestión hídrica del barranco de Arguineguín y de la Isla, al no disponer libremente de esas infraestructuras para la gestión pública de las aguas en la Isla de Gran Canaria y que se destine a los usos prioritarios. 50 – 75 años supera de entre 12 y casi 20 veces cualquier período electoral, mucho más que la propia dictadura española. Cuesta imaginar lo que puede evolucionar la tecnología de energías renovables y de gestión de cargas descentralizadas, en ese período y la obsolescencia de la instalación propuesta. ¿No deberían someterse a referéndum decisiones de este calado?
  • El proyecto no resulta compatible con el plan hidrológico. En ninguno de los documentos de planificación hidrológica se prevé la existencia de centrales de bombeo reversible alimentadas por estaciones desaladoras de agua de mar y cuyo destino sea el uso industrial para el almacenamiento de energía eléctrica. A su vez, en la Declaración de impacto ambiental se puso de manifiesto que no estaba completo el estudio de impacto ambiental y que resultaba necesario evaluar el impacto sobre el agua. Una vez recabada la información, no fue sometida a información pública.
  • El proyecto va en contra de los preceptos de la Directiva UE 2000/60 del Marco del Agua: La alteración de los cauces debajo de los embalses, así como la eliminación de la vegetación y el vertido accidental de materiales podrían modificar el riesgo hidrológico actual en el Barranco de Arguineguín. En cuanto a las masas de agua subterránea, la excavación de la caverna y las galerías asociadas interceptarán con el nivel freático del Lomo de la Palma, pudiendo alterar sus características físicas a nivel local.
  • Seguimos esperando la firmeza de la Sentencia Judicial que obligue al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria a dar acceso público al Estudio de Reconocimiento Geofísico de la Presa de Chira y que, seguramente, oculta un nuevo riesgo constructivo para el proyecto ya que la presa de Chira tiene una densidad de fábrica muy baja con una edad superior a 75 años, por lo que de cara al nuevo uso hidroeléctrico la Presa de Chira es precaria y se necesita afrontar una gran obra de adecuación que no se incluyen en el proyecto ni se ha evaluado su impacto económico y ambiental.
  • Afección a la Red Natura 2000 y Zonas de Especial Conservación para la Unión Europea: El proyecto CH Bombeo Chira-Soria tiene afecciones en cuatro espacios de la Red Natura: ZEPA Ayagaures y Pilancones, ZEC Franja Marina de Mogán, ZEC El Nublo II y ZEC Macizo de Tauro II. En este sentido hay que denunciar que la planificación territorial y los planes de uso y gestión de los espacios naturales se están modificando por decisiones políticas, declarando “alegremente” el Interés General de determinadas infraestructuras energéticas. En 2010 se iniciaron todos los trámites para modificar el Plan Rector del Parque Rural del Nublo y así legitimar la central de bombeo Chira-Soria y la prevista en la Cueva de Las Niñas-Soria. En 2022 iniciaron los trámites para modificar el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán, la Ordenanza Municipal provisional Zonas Libres del municipio de Mogán, así como el Plan de Gestión de la ZEC Macizo de Tauro II. Todo ello a pesar de que recientemente el Estado y el Gobierno de Canarias llegaron a un Acuerdo bilateral en el que se clarificó que el 6 bis del sector eléctrico, en ningún caso podía modificar títulos ambientales. La ZEC Macizo de Tauro II debería protegerse a toda costa.
  • La Comisión Nacional de la Energía así como la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ya han manifestado sus reticencias sobre este proyecto, por el conflicto de intereses de Red Eléctrica de España en el ejercicio de sus funciones, así como por la conveniencia o no de la implantación de estas tecnologías. No se ha realizado un análisis coste-beneficio independiente para poder valorar los costes que conlleva la implantación de una tecnología frente a otras y los beneficios que puedan suponer para la sociedad.

Considerando todo lo expuesto se solicitó al MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE:

  1. De acceso a los datos declarados confidenciales.
  2. Que adapte la Memoria del Análisis del Impacto Normativo, en particular los relativos a Impacto Económico y Presupuestaria (competencia, cuantificación estimada de gastos e ingresos sobre los Presupuestos Generales del Estado) y actualización en relación a la normativa comunitaria-pendiente decisión de la Unión Europea.
  3. Que solicite nuevo informe preceptivo a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la viabilidad técnico – económica del proyecto, análisis coste-beneficio y el impacto económico en el sistema eléctrico y repercusión en la deuda, dadas las incertidumbres detectadas en los costes de inversión y explotación del proyecto.
  4. Que formule consulta al Consejo de Estado sobre si la Central de Bombeo Reversible Soria – Chira se ajusta al cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de Energía (titularidad y retribución económica) Aguas (planificación hidrológica y evaluación ambiental) y Medio Ambiente (modificación de los Planes de la Red Natura).
  5. Que no resuelva el presente procedimiento, suspenda la efectividad de las autorizaciones concedidas por las distintas administraciones públicas y que se paralice la ejecución de las obras que se están llevando en el Barranco de Arguineguín por Red Eléctrica, hasta Decisión de la Unión Europea publicada en el Diario Oficial UE conforme al artículo 66 de la Directiva 2019/944 y 64 del Reglamento 2019/943.
  6. Que se inste a las administraciones públicas canarias para que se reconsidere el proyecto de Bombeo Reversible Soria – Chira y se promueva un plan de transición energética basado en energías renovables descentralizadas asociadas a los consumidores de energía eléctrica, a la gestión de la demanda y a las microrredes eléctricas inteligentes, y no en grandes infraestructuras que dañen el territorio.

[1] El propio nombre de la campaña “Salto de Chira”, intentando poner el foco en la energía hidroeléctrica y obviando el “Bombeo de Soria”, claramente buscar crear confusión en la ciudadanía que “cree” que se trata de un sistema de aprovechamiento de energías renovables y no una carga eléctrica artificial con recuperación sólo del 50% de la energía consumida.

Alegaciones y anexos para su lectura y posibilidad de descarga.

Alegaciones al trámite de Audiencia e información pública sobre documentación incorporada a propuesta de Orden por la que se aprueba la retribución de la Instalación Hidráulica reversible de 200 MW Chira – Soria en Gran Canaria

ANEXO: Alegaciones detalladas al trámite de Audiencia e información pública sobre documentación incorporada a propuesta de Orden por la que se aprueba la retribución de la Instalación Hidráulica reversible de 200 MW Chira – Soria en Gran Canaria

Turcón participa en la constitución de la Mesa del Arbolado Urbano de Gran Canaria

Una iniciativa auspiciada desde la Federación Ecologista Canaria Ben Magec, junto con la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria – RSEAPGC y la Asociación para la defensa del árbol y del Paisaje de Gran Canaria – ADAPA.

Se constituyó en el día de hoy con más de 40 representantes vecinales, instituciones públicas, colectivos vecinales, plataformas ciudadanas, grupos ecologistas, amantes de la tierra, los árboles y su defensa.

A dicha reunión acudió la presidenta del Colectivo Turcón, Consuelo Jorges, junto a otros miembros de la junta directiva. En dicho acto esbozó la creación también de la Mesa del Árbol en Telde, proyecto impulsado con ilusión por los ecologistas teldenses que ya tienen avanzada una ruta por los árboles urbanos singulares y una jornada técnica sobre la misma temática a definir los ponentes dinamizadores.

Entre los temas que se van a abordar en las próximas fechas, el estudio y mejora de la Iniciativa Legislativa Popular del Arbolado Urbano que se debate en la actualidad en el Parlamento de Canarias con la idea de fomentar el debate e introducir aquellas ideas más beneficiosas y que potencien un texto vivo, debatido y con la participación ciudadana.

Aprovechando el numeroso foro de participantes, se puso especial énfasis en la importancia de los árboles de la ciudad, su papel beneficioso para mitigar los efectos del cambio climático, así como la puesta en valor e importancia de los árboles en la educación de los colegios, además de ser un elemento regulador a nivel vital y emocional reconocido por múltiples estudios.

Ciudades, parques, jardines. Espacios de bienestar, salud y biodiversidad.

Las ciudades son responsables del 75% de las emisiones de dióxido de carbono del planeta, principalmente por el uso de energía en edificios y en movilidad. Su única contribución significativa a la captura de carbono la realiza su infraestructura verde: los parques, jardines y otros espacios vegetales que presentan suelos orgánicos. Estos espacios capturan carbono y agua, reducen la temperatura ambiente y mejoran la calidad del aire, al tiempo que actúan como refugio climático, de biodiversidad y depósito de biomasa. Los parques y jardines constituyen desde sus inicios un verdadero sistema natural de bienestar y salud pública universal.

La presencia de Turcón en esta iniciativa es una nuestra más del compromiso de esta entidad con las zonas arboladas, el paisaje y con el árbol en la ciudad como territorio que dé continuidad a espacios de naturaleza urbana en armonía.

Razones para una sentencia del Tribunal Supremo que pone las cosas en su sitio. El Veril

El suelo de dominio público de El Veril, no admite desnaturalizar el marco legislativo.

El Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción, miembro de la Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción, a su vez se formó en el año 2015 una Plataforma Ciudadana El Veril está Vivo; denunciante personado en los diferentes procedimientos administrativos y jurídicos manifiesta con esta nota de prensa que “la nulidad del Plan de Modernización, Mejora e incremento de la Competitividad en el ámbito de El Veril, municipio de San Bartolomé de Tirajana, aprobado mediante Decreto 373/2015, de 7 de diciembre, de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias (en adelante PMM),  ha sido una decisión estrictamente jurídica, y a tenor de lo conocido hasta el momento, respetuosa con el ordenamiento legal, estimando una acción popular en la que se han puesto de manifiesto muchas irregularidades, aunque solo una de ellas ha bastado para declarar la nulidad”.

Para los ecologistas de Turcón, “si se tienen en cuenta todas las denuncias que el Proyecto y el Plan están recibiendo desde su concesión no hay más remedio que concluir que se trata de una decisión política en la que se comprometieron las autoridades públicas con la empresa privada a hacer posible la construcción del parque acuático con carácter previo a que la empresa destinara recursos a este proyecto. Las últimas noticias aparecidas en prensa son una prueba irrefutable de que se insiste en retorcer la legislación para llevar a cabo una actuación sin cumplir con los requisitos legales”, dando una situación de preponderancia a los intereses privados sobre los legítimos provechos y réditos públicos de las parcelas en cuestión.

Que la empresa promotora de un parque acuático NO SEA propietaria del terreno es algo que vicia desde el origen todo este procedimiento ya que se hace creer que la empresa privada es dueña de lo que verdaderamente no es por mucho que hayan dedicado recursos a una adquisición que es sencillamente imposible. La complicidad de las autoridades públicas con responsabilidad en este asunto como lo es, principalmente, el Consejo Insular de Aguas conlleva que nos encontremos con un atentado político, jurídico, y medioambiental, inaceptable desde cualquier punto de vista, entrando en una dejación de la defensa de recursos que tendrían que mejorar las rentas ciudadanas a aportar por este proyecto.

La Administración pública ha venido presentando este proyecto como si de un propietario único se tratara lo que no es cierto, no solo por la propiedad del Estado (terrenos públicos de todos los canarios y canarias) de la parte más importante del terreno cuyo título de propiedad le viene determinado por el correspondiente expediente de deslinde que tuvo que defenderse con éxito contra otros propietarios que defendían mejor derecho.

De manera inaceptable, desde cualquier punto de vista, resulta que el Registrador de la Propiedad ha practicado inscripciones contradictorias sobre la propiedad del terreno que en ningún caso deberían existir puesto que el único propietario de una gran parte del terreno es el Estado y la inscripción doble y contradictoria es una anomalía frente a la que el Consejo Insular de Aguas no ha ejercitado ninguna acción de las que le corresponden para que el Registro de la Propiedad señale la verdadera y única propiedad del terreno, de una manera intencionada, o no, se contribuye de esta manera a una ceremonia de la confusión que a cada paso que se da empantana aún más el poder avanzar en la ejecución del proyecto .

La razón por la que primero, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias y después el Tribunal Supremo, han declarado la nulidad del preceptivo PMM es un ejemplo de lo que va a suceder en cualquier caso porque todo este proyecto, modificando la planificación de este terreno; malempleando cerca de 5.000.000 euros con la abolición del correspondiente planeamiento; modificación del PTE del tren, etc., debería hacer reflexionar a todas las autoridades involucradas en que el proyecto y la construcción del parque acuático, es una iniciativa privada que podría contar con apoyos de algún sector económico de la isla, pero no atropellando derechos económicos, medioambientales, arqueológicos y patrimoniales y en definitiva “forzando” la legalidad en beneficio de una empresa. Se engrosa de esta manera una cuenta de modificaciones de planeamientos que en última instancia no se añaden a la cuenta del promotor sino a administraciones públicas que tendrán que pagar dicho desaguisado, pagando los proyectos previstos y los cambios en los mismos si los hubiera o archivando en un cajón las realizaciones programadas.

Un ejemplo más de la pésima e ilegal ejecución de todo este proyecto fue lo “acordado” (aunque no tenga soporte legal alguno) para la reforma de la rotonda PB-3 de acceso al parque acuático (enlace con la GC-500), con un coste de 347.000 euros, así como, la sustitución de un tramo de tubería de saneamiento con un coste de 1,43 millones, que fueron ejecutados con la correspondiente licencia otorgada por la Junta de Gobierno Local, y que los ecologistas advertimos de su dudosa legalidad. Aunque estas obras dieron lugar a una investigación de la Fiscalía y a la apertura de unas diligencias procesales (148/2018) y a una sentencia dictada el 15 de marzo de 2021 por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria en la que se decidió, judicialmente como decimos, que los costes de esas obras correspondían a la entidad privada pues así constaba en el PMM ahora anulado. Pues bien, el tema solo sería anecdótico si no fuera porque el gasto está hecho con fondos del FDCAN, a través del Consorcio Maspalomas-Costa Canarias, detrayéndose de otras necesidades básicas y servicios públicos prioritarios, desmejorando de esta manera inversiones más necesarias y de mayor valor social.

El proyecto quizás podría ser de interés para parte del sector turístico de la isla como complemento de oferta, aunque por la ubicación propuesta pueda afectar, a la larga, a la imagen turística de todo el destino y esté sometido a riesgos climáticos al ocupar dominio público hidráulico. Pero lo que sí que no tiene sentido es toda su tramitación en la que se han despreciado y conculcado principios tan básicos como la concurrencia, puesto que la desestimación de otras alternativas se llevó a cabo sin una explicación administrativa coherente con la situación del barranco de El Veril. Las sentencias desestimatorias, el debate abierto sobre los procedimientos empleados y la situación de encontrarse otra vez el proyecto en la casilla de salida demuestran los múltiples errores en la tramitación.

Para concluir, el Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción garante de los diferentes procedimientos administrativos y jurídicos de este sector urbanístico, seguirá muy de cerca todos los movimientos municipales, ejerciendo las acciones que en todo momento correspondan, ya que, según su opinión, con esa sentencia firme del Tribunal Supremo, la Junta de Gobierno Local de San Bartolomé de Tirajana, debe archivar el último procedimiento.

Turcón informa respecto al auto provisional del proyecto de El Veril

El Colectivo Ecologista Turcón, en su interés por la conservación del patrimonio y los valores medioambientales y autóctonos de estas islas, lleva desde el año 2014 participando en los diferentes procedimientos, porque a nuestro juicio, existe una incorrecta tramitación de la concesión para la construcción de un parque de ocio denominado Siam Park. Cuestión aclarada en otras ocasiones, lo que realmente es preocupante es la defensa del Suelo Público, patrimonio de todos los canarios y canarias, así como los elementos históricos y naturales de aquella zona. Paralelamente, se pide que la modificación en el barranco del Veril constituye un atentado paisajístico, medioambiental, y urbanístico con una modificación de lo previsto y aprobado en su momento que era la vía de tren para conectar la capital con el sur de la isla; un proyecto que costó más de 5.000.000 € y que las modificaciones de trazado, pueden constituir de hecho una mala administración de los bienes públicos o incluso la comisión de un delito. Dinero que no va a costear ninguna empresa.

La Administración General del Estado ha tasado en 14,3 millones de euros el valor de los aprovechamientos urbanísticos otorgados por el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del ámbito de El Veril sobre los terrenos públicos ubicados en el barranco donde el Grupo Loro Parque pretende construir el parque acuático Siam Park, con espacios comerciales en su interior, y un hotel de 300 habitaciones.

Es decir, la compañía tendrá que abonar esta cantidad en concepto de plusvalías sobre los terrenos con concesión administrativa -por 25 años- y el uso público del suelo si quiere desarrollar el proyecto, según reveló el informe elaborado por el Ministerio de Hacienda dirigido al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. En el ámbito de El Veril, el grupo Loro Parque y el Estado comparten la titularidad de varios suelos.

En el informe sobre la afección de los terrenos de dominio público hidráulico de titularidad estatal, el Ministerio de Hacienda ha calculado que de los aprovechamientos urbanísticos de los 121.000 metros cuadrados de terreno público le corresponden 14.319 unidades de aprovechamiento por valor de 11,5 millones de euros, mientras que al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana le corresponden 3.502 unidades de aprovechamiento que alcanzan un valor de 2,8 millones de euros.

Este informe es capital según Turcón, porque instaba a la corporación municipal a que se paralice la gestión y ejecución urbanística del proyecto del Siam Park ya que se asienta sobre terrenos que no son de un único propietario.

En ese mismo oficio, que Hacienda dirigió al Ayuntamiento el 17 de octubre de 2019 ante la falta de respuesta del Consejo Insular de Aguas después de 10 meses de espera, el ministerio comunica al consistorio sureño que ha comenzado los trámites para exigir la titularidad de los terrenos ubicados en el dominio público hidráulico de El Veril, que en este caso corresponde a los barrancos del Guincho, Buenavista y Cañizo.

Aunque la empresa Loro Parque tenga la concesión administrativa sobre parte de los terrenos ubicados en el barranco no significa que lleve implícito el derecho a los aprovechamientos urbanísticos que de ellos emanan.

El expediente está plagado de irregularidades, máxime cuando el Consejo Insular de Aguas dejaba de contestar los requerimientos de todas las partes.

Planimetria sectorial con señalización de El veril

Sobre el AUTO provisional del Juzgado de Instrucción núm. 5

Con este motivo y con estos antecedentes en el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Las Palmas de Gran Canaria con el núm. 937/2020 se siguen Diligencias Previas contra el vicepresidente del Consejo Insular de aguas de Gran Canaria que ejerce sus facultades por delegación del Presidente de este Consejo Insular de Aguas por no llevar a cumplimiento lo que ordenaba reiteradamente la Administración General del Estado a través del organismo Patrimonio del Estado durante más de 5 años en defensa del patrimonio y del suelo público de barranco. Es lo que técnicamente según nuestros abogados se conoce como un delito de prevaricación omisiva.

Es en esta circunstancia que se ha formulado recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el citado auto de fecha 15 de febrero de 2022 lo que significa que las noticias publicadas son incompletas porque no hay resolución firme y porque pretende llegar anticipadamente al resultado de una actividad judicial a través de crear una imagen falsa de la realidad material y jurídica.

La resolución no es firme y está pendiente de la estimación o desestimación del recurso de reforma interpuesto y, en su caso, del subsidiario de apelación.

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