Turcón propone alternativas para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica compatibles con el suelo agrícola

Rechaza que se declare de interés público y social la planta fotovoltaica El Mondongo promovida por  Aguas de Valsequillo a costa de las plataneras en la Finca Las Salinetas

El proyecto planteado, al que se ha presentado documento de alegaciones en el Servicio de Planeamiento de la Consejería de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, promueve una instalación solar fotovoltaica de 1 MWp organizada en diferentes sectores o islas y con línea de evacuación de energía eléctrica, todo ello en suelo rústico y de alto valor agrario.

La implantación se realiza sobre suelo agrícola, en su mayor parte en producción y con alta calidad agrológica. Todo ello a través de estructuras metálicas de soporte para los captadores solares con cimentación mediante zapata corrida de hormigón armado.

Los terrenos están categorizados como Suelo Rustico de Protección Agraria Especial por el vigente PGOU de Telde y clasificado, en su mayor parte, como zonasde alto valor agrícola productivo actual y potencial según el PIO de Gran Canaria. Se propone una transformación significativa y de forma irreversible de una superficie afectada de 2,8 hectáreas, de las cuáles 1,7 hectáreas se encuentran en producción con cultivo de plataneras.

En opinión de este Colectivo, la producción de energía eléctrica con instalaciones fotovoltaicas sobre suelo que suponen la transformación del uso del Suelo Agrícola de Protección hacia un Uso Industrial, que está claramente prohibido por el Plan General de Telde. Desde el Colectivo se argumenta que lo lógico es que se indique al promotor que No procede la ocupación Suelo Agrícola con Instalaciones de Energías Renovables, las cuales sólo podrán autorizarse como uso complementario en las cubiertas de instalaciones, construcciones y edificaciones existentes.

En cuanto al PIO de Gran Canaria esta área está declarada, en su mayor parte, como Zona B.b 1.1., por su alto valor agrícola productivo actual y potencial, lo que implica que La finalidad de la ordenación será la protección y la potenciación de las zonas agrarias más productivas de la isla, preservándolas de los procesos de urbanización, así como de otros usos que no sean compatibles con la actividad agrícola.

El Colectivo reconoce que  la nueva Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC´17) y, más concretamente, el Artículo 61 de la citada ley, habla de la posibilidad de establecer en suelo rústico de protección agraria, actividades complementarias entre las que se incluyen la producción de energías renovables, pero, eso sí, generando renta complementaria a la actividad ordinaria realizada en las explotaciones.

Es de destacar que esta Área Agrícola de valor Estructurante ya está siendo afectada por otras instalaciones fotovoltaicas sobre suelo, instaladas o en trámite como son Las Salinetas (IPS), Salinetas I, Salinetas III y Salinetas II que unidas a ésta nueva de Aguas de Valsequillo ocupa superficies cercanas entre las 12 y 13 hectáreas, si se consideran los perímetros de las áreas valladas, accesos, vías de servicio, estaciones transformadoras y líneas de evacuación de energía, y no sólo la superficie de placas fotovoltaicas.

En este contexto el Colectivo Turcón – Ecologistas en Acción considera que no es compatible la instalación de producción de energías renovables en este suelo debido a que no se cumplen las condiciones establecidas por la Ley del Suelo. Por un lado, la producción de energías renovables ocupando suelo en producción agrícola es incompatible con el mantenimiento de la actividad y por otro lado el promotor no se dedica a la actividad agraria. Además, la superficie ocupada es superior a la que podría ser permitida en una explotación de este tipo tomando en consideración que este cómputo se aplica sobre la superficie afectada sin considerar las edificaciones e instalaciones existentes y la superficie de cultivo en invernadero. Si observamos este proceso desde el punto de vista del Área Agrícola Estructurante, ya afectada por otras instalaciones, esta nueva instalación es a todas luces incompatible sobre suelo agrícola.

Desde el punto de vista del paisaje, esta actividad va a transformar más aún la perspectiva desde la Carretera a Melenara, que actualmente incorpora un espacio de tránsito peatonal que probablemente pueda incorporar pérgolas en altura para sombreo y árboles de porte. En este sentido podemos tomar como referencia el Plan Territorial Especial del Paisaje (PTE-05) que indica que “Las instalaciones solares fotovoltaicas deberán integrarse en el Paisaje, y habrán de ubicarse preferentemente en zonas del territorio pobladas para así reducir su impacto paisajístico, teniendo en cuenta incluso que pueden ubicarse en las propias edificaciones”.

Alternativas

Con el objeto de procurar alternativas para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica proponemos a Aguas de Valsequillo, al Ayuntamiento de Telde y al Cabildo de Gran Canaria, que procure superficies urbanas o urbanizadas para el desarrollo de las instalaciones que pretende, sin la necesidad de ocupar suelo rústico de protección agraria. Solamente en el Barrio de anexo de Casas Nuevas, que ocupa en su totalidad más de 10 Hectáreas, existen múltiples superficies utilizables con las que se puede llegar a acuerdos para el desarrollo de estas infraestructuras sobre cubiertas y o pérgolas asociadas a sombreado de zonas de apartamiento. Como infraestructuras públicas destacan el IES Casas Nuevas, equipamientos vecinales de la plaza pública y zonas de aparcamientos con posibilidad de ocupación de unos 6.000 metros cuadrados.

La zona industrial de las Rubiesas ocupa una superficie de más de 20 hectáreas donde con una superficie útil de entorno al 50% se cubriría prácticamente la superficie fotovoltaica que está afectando al Área Agrícola Estructurante. En la zona industrial anexa, sólo considerando la zona más cercana a Casas Nuevas hay espacios para unos 20.000 metros cuadrados de instalaciones.

Otra opción que recomendamos explorar es la Agrovoltaica, combinando la continuidad de los cultivos con la generación de energía solar.

Proponemos que se recomiende a Aguas de Valsequillo que reoriente su capacidad financiera a promover proyectos sobre cubiertas de edificios, en cooperación justa con los demandantes de energía eléctrica propietarios de las instalaciones, e integrando políticas de gestión de la demanda en los proyectos que se propongan para minimizar las necesidades externas de almacenamiento de energía para estabilizar el sistema eléctrico insular, o replantear al proyecto hacía una instalación de Agrovoltaica que sea compatible con la continuidad de la actividad agraria.

Entendemos que el desarrollo de la energía solar fotovoltaica debe ser integrado en edificios o zonas industriales o urbanizables, sistemas generales de infraestructuras, etc., evitando, en todo caso, los suelos agrícolas productivos o potencialmente productivos u otro tipo de suelos rústicos de protección.

Creemos que esta estrategia de desarrollo de la energía solar fotovoltaica basada sólo en cubiertas o suelos industriales, urbanos o de infraestructuras, es imprescindible en aras de preservar los suelos agrícolas, rústicos o con protección, que ya están empezando a ser ocupados masivamente por macrohuertas solares de forma especulativa.

De lo que observamos a partir de los datos aportados por el Plan de Transición Energética de Canarias (PTCAN), con la superficie de cubiertas estimada para la instalación de fotovoltaica es evidente que en las Islas Canarias es innecesario ocupar terrenos con vocación agrícola o rústica para instalar macroinstalaciones fotovoltaicas sobre suelo.

Como hemos indicado, consideramos que ocupar las cubiertas traslada en gran parte la producción de energía eléctrica al lugar del consumo, evitando transporte de energía la mayor parte del tiempo (reducción de pérdidas por disipación), así como que aportaría más estabilidad al sistema eléctrico insular con medidas de gestión de la demanda asociadas a los propios consumidores-productores. En estos casos se evitan también las líneas de evacuación de energía eléctrica, ya que, según los casos, suponen el recorrido de varios kilómetros hasta los puntos de conexión asignados extendiendo el impacto sobre el territorio. La integración de energías renovables en áreas con consumos de energía, en todo caso, requerirían el refuerzo coordinado de las redes preexistentes y no la creación de nuevos recorridos de infraestructuras de evacuación.

Al contrario, observamos con preocupación cómo el modelo de implantación de energías renovables en Gran Canaria pretende, simplemente, sustituir las fuentes de generación, desvinculadas de la demanda, a costa del territorio de la Isla. Proyectos de este tipo, sobre suelo rústico de protección agraria y desvinculados de las demandas de energía eléctrica concretas, convierten a la implantación de infraestructuras de energías renovables en el territorio como un fin especulativo en sí mismo y no como un medio para el desarrollo socioeconómico local y para satisfacer las necesidades energéticas de la sociedad canaria en el proceso de transición ecológica y energética.

Por otro lado, en general las autorizaciones de plantas de energías renovables sin consumos asociados, cargas eléctricas gestionables, ni almacenamiento alguno, generarán costes externos que deberán cubrirse con otras inversiones públicas o por otros participantes en los sistemas eléctricos como es el caso del Bombeo Reversible de Soria. No deberían ser de utilidad pública inversiones que generen externalidades que ellas mismas deben cubrir. No debería autorizarse ninguna planta fotovoltaica que no lleve asociados consumos y un programa de gestión de cargas eléctricas para que su producción fuese gestionable en al menos un 50 %.

Claramente, este tipo de iniciativas de implantación de infraestructuras de producción de energía solar fotovoltaica sobre suelo rústico de protección son incompatibles con la vocación del suelo rústico en cuestión y sin generar beneficios para los sectores públicos y privados que demandan energía eléctrica. Por tanto, NO PUEDE SER CONSIDERADO UN PROYECTO DE INTERÉS PÚBLICO O SOCIAL por parte de las instituciones públicas canarias.

Por todo lo argumentado el Colectivo Turcón ha solicitado  que se rechace la declaración de interés público para la instalación fotovoltaica El Mondongo, a la vez que no se autorice dicho proyecto, proponiéndosele alternativas al promotor en la línea de las expuestas en el pliego de alegaciones diligenciado en sede institucional.

Presentamos alegaciones a la declaración de interés público de la cofradía de plantas fotovoltaicas en Gáldar, de la mercantil Hierba Muda S.L. coparticipe de la influyente energética ECOENER

COMUNICADO DE PRENSA Junta Directiva de Turcón

El informe de alegaciones del colectivo presentado en sede electrónica al Servicio de planeamiento – Consejería de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, pide se rechace la declaración de interés público o social de los proyectos denominados “Planta Solar Fotovoltaica Gáldar”, “Planta Solar Fotovoltaica Anzo”, “Planta Solar Fotovoltaica Barrial” y “Planta Solar Fotovoltaica Marmolejos”, de 2 MWp de potencia cada una, igualmente se referencian las infraestructuras asociadas y líneas de evacuación emplazadas en suelo de protección agrícola intensiva del municipio de Gáldar.

Es de destacar que el propio Ayuntamiento de Gáldar ha manifestado su resistencia a estas macroinstalaciones fotovoltaicas, alegando lo siguiente: “No procede la ocupación de Suelo Agrícola con Instalaciones de Energías Renovables, las cuales sólo podrán autorizarse como uso complementario en las cubiertas de instalaciones, construcciones y edificaciones existentes”. En este caso se pasa por encima del planeamiento municipal y de la voluntad popular.

Los ecologistas siguen manteniendo como en anteriores expedientes en información pública, la preocupación por el modelo de implantación de energías renovables en Gran Canaria donde se pretende, simplemente, sustituir las fuentes de generación, desvinculadas de la demanda, a costa del territorio de la Isla y para beneficio de grupos de inversión que no tienen más interés que ganar dividendos con el jugoso negocio que se les pone en bandeja.

Proyectos de este tipo, sobre suelo rústico de protección agraria y desvinculados de las demandas de energía eléctrica concretas, convierten a la implantación de infraestructuras de energías renovables en el territorio como un fin especulativo en sí mismo y no como un medio para el desarrollo socioeconómico local y satisfacer las necesidades energéticas de la sociedad canaria en el proceso de transición ecológica y energética.

Simplemente, se acaparan de forma privada derechos de inyección de energía eléctrica a la red eléctrica insular por 25 o 30 años, en detrimento de otros proyectos públicos o privados sobre cubiertas de edificios prexistentes, y se transforma suelo rústico de protección agraria, de forma irreversible e incompatible, en ese período hacia un uso industrial, en detrimento de la producción de alimentos y la recuperación de los suelos.

Por otro lado, en general las autorizaciones de plantas de energías renovables sin consumos asociados, cargas eléctricas gestionables, ni almacenamiento alguno, generarán costes externos que deberán cubrirse con otras inversiones públicas o por otros participantes en los sistemas eléctricos. No deberían ser de utilidad pública inversiones que generen externalidades que ellas mismas deben cubrir. No debería autorizarse ninguna planta fotovoltaica que no lleve asociados consumos y un programa de gestión de cargas eléctricas para que su producción fuese gestionable en al menos un 50 %.

Proponemos que se recomiende al grupo inversión que reoriente su capacidad financiera a promover proyectos sobre cubiertas de edificios, en cooperación justa con los demandantes de energía eléctrica propietarios de las instalaciones, e integrando políticas de gestión de la demanda en los proyectos que se propongan para minimizar las necesidades externas de almacenamiento de energía para estabilizar el sistema eléctrico insular.

Creemos que esta estrategia de desarrollo de la energía solar fotovoltaica basada sólo en cubiertas o suelos industriales, urbanos o de infraestructuras, es imprescindible en aras de preservar los suelos agrícolas, rústicos o con protección, que ya están empezando a ser ocupados masivamente por macrohuertas solares de forma especulativa.

Como atestiguan los datos disponibles, existe en Gran Canaria superficie urbanizada capaz de absorber todas las instalaciones de fotovoltaica que se precisen, sea de autoconsumo o instalaciones asociadas a infraestructuras, sin necesidad de ocupar suelo rústico, con un potencial de entre 220 y 320 MWp.

Precisamente lo que está ocurriendo, en la práctica, es la concesión de utilidad pública y el desarrollo de multitud de macro instalaciones solares fotovoltaicas ocupando suelo rústico, agrícola o potencialmente agrícola, o en proceso de naturalización. Tan solo en la zona Este y Sureste de Gran Canaria, que nosotros sepamos, se están instalando o tramitando más de 60 instalaciones sobre suelo con una potencia nominal cercana a los 200 MWpico y una ocupación de suelo de probablemente más de 400 hectáreas, superficie equivalente a la que ocupa la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas. Prácticamente todas estas instalaciones están en manos de grupos financieros específicos como Ecoener, Naturgy y otros fondos de inversión especulativos que están acaparando prácticamente la totalidad del sector de generación de energía solar fotovoltaica en la Isla.

Estimamos que cualquier terreno rústico o con potencial agrícola debe ser respetado y conservado, en aras de preservar la capacidad de “soberanía alimentaria” y/o “la riqueza paisajística” necesaria para el bienestar social y de otras actividades económicas, incluso la propia actividad turística.

La importancia del carbono orgánico del suelo (COS, por sus siglas en español, en adelante), principal componente de la materia orgánica, es capital en todos los procesos que se dan en el suelo y en su calidad, ya que mejora su estructura, fertilidad y capacidad de almacenamiento de agua, siendo por ello ampliamente aceptado como un indicador de la calidad del suelo (Podmanicky et al. 2011).

La preservación del suelo y su capacidad para fijar carbono sí es de utilidad pública o social. La ocupación del suelo y su transformación para la instalación de macrohuertas solares fotovoltaicas sobre suelo rustico, no es de utilidad pública o social, sino de interés particular, y entra en claro conflicto con el interés general de preservar el suelo rustico y su potencial de fijación de carbono.

Los proyectos planteados promueven 4 instalaciones solares fotovoltaicas sobre suelo rústico de 2 MWp cada una (es decir 8 MWp) que afectan a una superficie ocupada de unas 11,7 hectáreas, sobre Zona Bb 1.1., por su muy alto valor agrícola productivo actual y potencial (según el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria) y clasificado como SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA INTENSIVA por el PGO de Gáldar.  El espacio agrícola propuesto para su transformación se encuentra entre el Barranco de El Juncal y la zona conocida como Costa de Botija.

Como ya se indica en el propio Plan Insular de Ordenación de Territorio de Gran Canaria (PIO/GC), la finalidad de ordenación de esta Zona Bb1.1 es la preservación de la actividad agrícola existente frente a otros usos diferentes o ajenos a la actividad agrícola, la conservación y mejora de los paisajes agrarios y de los elementos naturales y patrimoniales existentes. Por otra parte, esta zona se encuentra integrada en un Área Agrícola de Valor Estructurante, considerada un Área de Interés Insular dentro de las Acciones Estructurantes previstas por el PIO/GC para el desarrollo de la Ordenación y la Estructura del Territorio correspondientes al Ámbito Territorial nº 5: La Costa Noroeste.

Claramente, la superficie total de las 4 instalaciones fotovoltaicas, en su conjunto, más las infraestructuras asociadas y vallados, con más de 10 hectáreas ocupadas, exceden cualquier criterio lógico de ocupación ya que estas instalaciones no están vinculadas a ninguna actividad agrícola.

Por tanto, nuestras alegaciones están por la consideración del suelo rústico agrícola productivo o potencialmente productivo como un bien escaso en Canarias, considerando incompatible su transformación con instalaciones industriales de paneles solares fotovoltaicos para producción de energía eléctrica, a no ser que estas instalaciones estén asociadas a cubiertas de edificios preexistentes, pérgolas o invernaderos en producción y destinadas a satisfacer las demandas energéticas de las fincas en cuestión con vertido a red de excedentes.

Defendemos el suelo agrícola de las macroinstalaciones fotovoltaicas acaparadoras y especulativas

COMUNICADO DE PRENSA Junta Directiva de Turcón

Los ecologistas de Turcón han presentado recientemente alegaciones a cinco de estas macroinstalaciones en San Bartolomé de Tirajana y Telde para que no sean declaradas de utilidad pública y exoneradas de controles ambientales

El Colectivo Turcón – Ecologistas en Acción ha manifestado a la Consejería de Planificación Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria su preocupación por el modelo de implantación de energías renovables en Gran Canaria a costa del territorio de la Isla y para beneficio exclusivo de algunos grupos de inversión especulativos que están haciendo inviable la recuperación de la soberanía alimentaria ante la desmesurada ocupación de suelo.

El Colectivo ha presentado alegaciones para que no se declaren como de utilidad pública 5 nuevas macroinstalaciones de fotovoltaica sobre suelo rústico de protección agraria.

Estas instalaciones, desvinculadas de demandas de energía eléctrica concretas, convierten a la implantación de infraestructuras de energías renovables en el territorio como un fin especulativo en sí mismo y no como un medio para el desarrollo socioeconómico local y para satisfacer las necesidades energéticas de la sociedad canaria.

Simplemente, se están acaparando de forma privada derechos de producción y venta de energía eléctrica a la red eléctrica insular por 25 o 30 años, en detrimentos de otros proyectos públicos o privados sobre cubiertas de edificios prexistentes.

El Colectivo Turcón denuncia que se está permitiendo que se transforme el suelo rústico de protección agraria en suelo para uso industrial de producción energética de forma irreversible en detrimento de la producción de alimentos y la recuperación de los suelos como captadores de carbono, pasando de suelos vivos a campos energéticos inertes y cuyo interés último es cotizar en los parquet económicos.

Turcón alerta del proceso agresivo de acaparamiento acumulativo de tierras que se está produciendo en la Isla para las macroinstalaciones fotovoltaicas poniendo en grave riesgo la capacidad insular de tender hacia la soberanía energética y alimentaria, incrementando la fragilidad insular ante crisis internacionales como la Guerra en Ucrania.

Concretamente se ha alegado para que no se declaren de utilidad pública 4 nuevas macroinstalaciones fotovoltaicas situadas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la “Zona agrícola de Los Llanos de Juan Grande”. Esta zona está definida como Área Agrícola Estructurante por su alto valor agrícola productivo actual y potencial. Las nuevas macroinstalaciones propuestas pretenden ocupar 30 hectáreas más de las ya ocupadas por las instalaciones de este tipo que se han permitido por la zona. Todas estas nuevas instalaciones están promovidas por el Grupo Financiero gallego Ecoener y llevan por nombre El Moral, Arcos del Coronadero, San Bartolomé y La Florida. Se repite si ne die la falta de un planeamiento que de carta de naturaleza a criterios de conservación y protección de unos suelos necesarios en estos procesos de crisis climática y necesidad de un cambio de paradigma.

A su vez se ha solicitado que se rechace la declaración de interés público para la instalación fotovoltaica Salinetas 3, promovida por Loro Parque en Suelo Rústico de Protección Agraria Especial del municipio de Telde, con casi 3 hectáreas que se suman a las más de 5 hectáreas que ya ocupa la macroinstalación fotovoltaica de Salinetas, promovida por Naturgy, empresa mayoritariamente participada por Caixa Bank.

Como alternativa, el Colectivo Turcón hace referencia al Plan de Transición Energética de Canarias (PTCAN) que “lograba identificar zonas de instalación hasta alcanzarse un potencial total sobre cubierta de edificios que superaba los 11.000 MW” es decir, los propios estudios encargados por el Gobierno de Canarias demuestran que con la superficie de cubiertas estimada de edificios para la instalación de fotovoltaica en Autoconsumo es evidente que en las islas es innecesario ocupar terrenos con vocación agrícola o rústica para instalar macroinstalaciones fotovoltaicas sobre suelo. Debemos priorizar el aprovechamiento de la trama urbana, convirtiendo edificios, cubiertas y espacios aprovechables en la captación energética y  potenciales consumidores de la misma, liberando suelo y tierra de las ataduras e hipotecas de su ocupación.

Entre los impactos de estas macroinstalaciones sobre suelo rústico de protección agrícola se destaca, como se ha comentado, la destrucción de la capacidad agrológica del suelo y la pérdida de su capacidad para fijar carbono de la atmósfera, una necesidad urgente e imperiosa. Por otro lado, también hay que tomar en consideración que se ocupan y se vallan los espacios más llanos de la Isla, apelmazándose con maquinaria pesada y ocupándose con estructuras metálicas que impiden el libre transitar de personas y animales, afectando especialmente a los vecinos circundantes, a las actividades ganaderas como el pastoreo y a la avifauna esteparia y de costa.

Otro grave impacto que no se suele destacar es que este tipo de infraestructuras necesitan líneas específicas de evacuación de energía eléctrica que deben ser conectadas a varios kilómetros de distancia de la instalación, imponiendo otro canon más de degradación, destrucción y barrera visual en el territorio. A la vez, la producción de energía de este tipo de instalaciones no está vinculada a ningún tipo de demanda eléctrica gestionable, desligada de cualquier consumo, lo que está promoviendo que se creen demandas de energía eléctrica artificiosas y engañosas como el bombeo de Soria para permitir que puedan vender energía sin limitaciones. En cambio, los usuarios de energía eléctrica que sí pueden gestionar su demanda y no necesitan infraestructuras añadidas de alta tensión, sí tiene dificultades para poder conectar sus instalaciones en la red de baja tensión, un castigo por su temeridad y situarse al margen del imperante sistema monopolista.

Declaraciones en medios sobre nuestro rechazo a la construcción del Parque Eólico en Majadaciega y de oposición a este modelo de implantación de renovables

En relación con la siguiente nota de prensa:

Escucha los audios pulsando en los enlaces.

Más de Uno Canarias Miércoles 11_01_23 Entrevista Gilberto Martel sobre impactos Parque Eólico Majadaciega

<a href=»https://go.ivoox.com/rf/101332747″ title=»Más de Uno Canarias Miércoles 11_01_23 Entrevista Gilberto Martel sobre impactos Parque Eolico Majadaciega»>Ir a descargar</a>

SER Las Palmas El Drago declaraciones Gilberto Martel sobre desmanes Parque Eólico Los Nicolases

<a href=»https://go.ivoox.com/rf/101332880″ title=»SER Las Palmas El Drago declaraciones Gilberto Martel sobre desmanes Parque Los Nicolases»>Ir a descargar</a>

Turcón muestra su rechazo a los desmanes en la construcción de un parque eólico en Majadaciega

COMUNICADO DE PRENSA Junta Directiva de Turcón

Turcón denuncia ante la Agencia de Protección del Medio Natural la construcción de un parque eólico en Majadaciega por Gas Natural Fenosa Renovables, S.L.U.

El parque eólico proyectado y en avanzado estado de montaje en la Montaña de Majadaciega o Masiega y Barranco de Balos (denominado «Parque Eólico Los Nicolases de 6,9 MW en Majadaciega y Barranco de Balos» promovido por Gas Natural Fenosa Renovables, S.L.U.), está produciendo un amplio catálogo de impactos tanto en la cima de la montaña como en los viales de acceso ejecutados.  

Los impactos generados por el desarrollo de la infraestrucutra durante el período de su instalación, creación de nuevas pistas de acceso a la cima de la montaña y desbroce y destrucción de la montaña para la implantación del propio Parque Eólico con  destrucción de flora local y vertido de escombros. 

Los ecologistas aseveran su competencia para denunciar estos desmanes ambientales y recuerdan su documento de alegaciones al trámite de información pública del Plan de Transición Energética de Canarias 2030, (https://turcon.wordpress.com/2022/10/25/el-ptecan-hurta-la-participacion-a-la-ciudadania/). Ya en este momento mostrábamos nuestra preocupación sobre cómo se están implantando en el territorio las nuevas infraestructuras de energía solar fotovoltaica sobre suelo y los nuevos parques eólicos.

Concretamente, las instalaciones de energía eólica que se están planteando no están teniendo ningún tipo de consideración hacia aspectos paisajísticos, culturales, biodiversidad, ni de protección del suelo como recurso natural. Al declararse obras de interés general se están saltando los procedimientos lógicos de participación y audiencia pública previa, así como los estudios de impacto ambiental y social necesarios.

Este es un ejemplo llamativo y palmario por su impacto y alarma social que está generando. Este colectivo ha recibido demandas de varias personas que se han puesto en contacto con nosotros alertados por el impacto que genera este Parque Eólico en concreto.

Ponemos el Parque Eólico de Majadaciega como ejemplo de cómo no se debe imponer la energía eólica en Gran Canaria, si participación pública y sin consideración de la ciudadanía y los recursos naturales. En el caso concreto del Sureste de Gran Canaria no se deben permitir parques eólicos en zonas de interior y medianías, cimas de montaña u otro tipo de hitos paisajísticos. Los parques eólicos se deben integrar, como hasta ahora en cotas bajas cercanas a la GC1, zonas industriales y agrícolas donde se hagan compatibles ambos usos.

Proponemos también que todas estas instalaciones deben tener participación pública y/o social de la población local afectada por su implantación. Se hace necesario un debate sobre el modelo de transición energética que se está imponiendo en Canarias para que sea más justo y sostenible y que no se convierta a Canarias en una mera plataforma para la especulación financiera de las multinacionales eléctricas.

El escrito presentado ante la Agencia de Protección del Medio Natural, adscrita a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, está documentado con un amplio reportaje fotográfico de la situación previa de la Montaña de Majadaciega y sobre los impactos generados por el Parque Eólico situado en la parte alta de la montaña.

Este colectivo manifiesta su necesidad de ejercer la acción popular ante la magnitud de lo observado, y solicita que sin demora se inspeccione lo denunciado, y en su caso, se abra expediente de infracción ambiental múltiple al “Parque Eólico Los Nicolases de 6,9 MW en Majadaciega y Barranco de Balos» promovido por Gas Natural Fenosa Renovables, S.L.U., en cuanto a la evaluación de su impacto ambiental.