Chira-Soria, no al salto al vacío. Somos renovables, pero no de esta manera

Manifiesto de Turcón Ecologistas en Acción en apoyo a la convocatoria de la manifestación del 16-octubre.

Desde hace décadas la sociedad canaria ha tenido la oportunidad de ir rompiendo con la dependencia energética que mantiene con el exterior, especialmente en el sector eléctrico, para tomar las riendas de su propio futuro gracias a la gestión local de la energía inagotable que proporciona el sol, el viento y el mar, y que son, y deben ser siempre, dominio público inalienable, productor de rentas y beneficios distribuidos y compartidos socialmente.

Ashampoo_Snap_domingo, 10 de octubre de 2021_19h31m58s_001_

Desde las últimas décadas del siglo pasado hasta la actualidad la evolución tecnológica, el abaratamiento de los costes de producción y el desarrollo de sistemas inteligentes de gestión de cargas y fuentes de energía eléctrica renovable cada vez más avanzados y con unos niveles de aprovechamiento energético en aumento exponencial, alcanzando un nivel de desarrollo y penetración tan sofisticado que ha posibilitado que la energía eléctrica procedente de fuentes renovables sean por fin gestionables.

Esto significa que la tecnología actualmente disponible en los sistemas de transformación fotovoltaicos y eólicos, asociados a la gestión inteligente de la demanda, disponen de capacidad propia para integrarse en las redes eléctricas de manera eficaz, y segura, aportando así estabilidad a cada uno de los sistemas eléctricos insulares sin producir perturbaciones en las redes.

Hasta ahora, las grandes compañías energéticas han controlado todas las fases en la cadena de valor de la energía de origen fósil. Estas fases son las de prospección, extracción, refinado, transporte, almacenamiento de combustibles, generación de energía eléctrica, transporte, distribución y comercialización de este sector energético. Los costes implicados en este proceso son acumulativos y repercuten en el precio final que la ciudadanía debe pagar respectiva y conjuntamente por el consumo de la energía eléctrica en sus hogares, empresas, industrias e instituciones.

Con la irrupción de las tecnologías de transformación de las energías renovables, su óptimo nivel de desarrollo tecnológico actual, y los cambios normativos recientes que habían tenido bloqueado el sector al acceso de la ciudadanía y del pequeño sector empresarial local (véase el “impuesto al sol” como herramienta coercitiva y limitante), las grandes compañías eléctricas ven peligrar su modelo de negocio y su poder centralizado y por ende creando un prometedor espacio para el autoconsumo.

Por ese motivo, y justificándose en el actual estado de emergencia climática planetaria, estas compañías se están movilizado rápidamente para emprender un proceso interesado y radical de transición tecnológica de energías de origen fósil a renovables, tomando posiciones al amparo de las normativas favorables, con el objeto de consolidar su posicionamiento de poder en el mercado eléctrico, evitando a toda costa un cambio de modelo energético justo y más descentralizado, cuyos beneficios económicos repercutan positivamente en la sociedad y sectores públicos locales con la implementación de nuevos servicios sanitarios, educativos y de ciudadanía.

De forma especulativa, acelerada y sin miramientos pretenden privatizar los beneficios económicos que puedan generar las energías renovables con concesiones a largo plazo y colectivizar así a toda la sociedad los impactos ambientales de ocupación del territorio o de afección a la biodiversidad, así como los efectos colaterales sobre la salud y la vida de las poblaciones.

Sin embargo, la realidad es que la sociedad ya no necesita de la intervención de las grandes compañías eléctricas en todas las fases de la cadena de valor de la electricidad porque se dispone tanto de fuentes de energía alternativas a nuestro alrededor de forma descentralizada -el sol, el viento y la energía continua y poderosa del mar-, como de la tecnología para procesarla, generar electricidad, gestionarla según la demanda, incluso creando pequeños sistemas inyección y recuperación de energía  en caso de necesidad (mal llamados almacenamientos de energía); siendo además un sector industrial potente y en constante evolución que día a día produce nuevas respuestas adaptadas a situaciones diversas del campo energético y sus problemáticas asociadas.

La sociedad canaria, tanto individual como colectivamente, ya tiene a su disposición la tecnología adecuada para captar e introducir en la red eléctrica la abundancia de las energías renovables, posibilitando la reducción de las costosas fases de producción en la cadena de valor de las energías de origen fósil. Esto significa que la sociedad canaria puede aspirar por fin a la soberanía energética, es decir, a la capacidad de decidir y legislar sobre cómo se quiere gestionar la energía que se necesita en Canarias para la reproducción de su vida social, desde la producción de la energía, a su utilización, pasando por la distribución y la financiación, transitando de esta manera hacia un modelo más participado y democrático.

Somos conscientes que en un contexto actual de crisis climática existe la necesidad de tomar medidas urgentes para adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático y plantear como reto la necesidad de descarbonizar la economía y aumentar las cuotas de autosuficiencia energética pero no de esta manera.

Es por ello, que consideramos que se deben articular lo antes posible políticas efectivas de ahorro y eficiencia energética ya que reducen las necesidades globales de inversión y rebaja los costes de producción, uso e infraestructura de energía. También reduce el consumo de superficies, materiales asociados, la degradación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad.

Para lograr una transición tecnológica orientada a conseguir la soberanía y la justicia social energética, nos enfrentamos a importantísimos retos:

Por un lado, no permitir que el sol y el viento sea privatizado por las grandes compañías eléctricas y grupos de inversión especulativos que es el camino al que nos llevan sistemas centralizados como el bombeo reversible de Soria a Chira con su Desaladora de agua de mar asociada.

Por otro lado, está la conservación de nuestros limitados, frágiles y valiosísimos espacios naturales protegidos, así como el paisaje y el suelo rústico especialmente el de protección agrícola, sus usos asociados y los valores propios de la cultura agraria asociada al lugar, con la intervención que propone el proyecto de bombeo reversible Soria-Chira queda muy comprometida.

Y es en estos puntos donde la ciudadanía canaria tiene una gran responsabilidad y los firmantes de este manifiesto comprometen su trabajo con luchas y desvelos.

En casos como Veneguera la lucha de la ciudadanía consiguió que el Parlamento de Canarias integrara Veneguera en el Parque Rural del Nublo. En el caso de la Central de Bombeo reversible Soria – Chira está ocurriendo lo contrario, pues para poder dar encaje urbanístico al proyecto, en octubre del 2010 el Gobierno de Canarias suspendió transitoriamente las determinaciones urbanísticas del Plan Insular de Ordenación Territorial de Gran Canaria, del Plan de Uso y Gestión del Parque Rural del Nublo, del Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé de Tirajana y de las Normas Subsidiarias de Mogán, que garantizaban la protección medioambiental del espacio en cuestión. Es decir, que nuestras instituciones desprotegieron un espacio natural para legitimar la construcción de las centrales de bombeo reversible de Soria – Chira y de Soria a Las Niñas.

No obstante, aún siguen protegidos por normativa nacional. La Declaración Ambiental Estratégica del Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 establece que la implantación de sistemas de almacenamiento de tecnología de bombeo hidráulico se situará fuera de la Red Natura 2000. El proyecto de Central de Bombeo reversible de Soria – Chira  afecta directamente a tres espacios de la Red Natura 2000, indirectamente a otros dos y, en especial, al Barranco de Arguineguín.

No queremos olvidar que la Unión Europea ha articulado políticas, estrategias y normativa orientadas a lograr la integración del sistema energético y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Pero esta integración requiere de mercados energéticos con una configuración totalmente nueva, orientados a fomentar la energía para y por la ciudadanía y a fortalecer a los consumidores. La integración del sistema será mucho más rápida si los consumidores tienen la posibilidad de ejercer sus derechos, también como prosumidores, autoproductores y miembros de las comunidades de energías renovables.

Queremos un sistema energético centrado en las/los ciudadanos/as para que aprovechen las nuevas tecnologías y reducir sus facturas de la luz.

¡No más oligopolios y monopolios en el sector eléctrico de las islas!

Y así está encaminada la Directiva del mercado interior de la electricidad de la Unión Europea que impide que la titularidad de la Central de Bombeo Soria-Chira sea de Red Eléctrica de España.

Por estos motivos, y de acuerdo a lo establecido en el Pacto Verde Europeo con respecto a la inviolabilidad de nuestros espacios naturales protegidos, todos y cada uno de los colectivos ciudadanos pueden mostrar su rechazo contundente al proyecto de la Central de Bombeo reversible Soria – Chira compartiendo este manifiesto y apoyando la convocatoria de la manifestación del 16 de octubre, promovida por la Plataforma Salvar Chira-Soria, para Salvar el Barranco de Arguineguín y Chira-Soria de la intervención industrial, urbanística y especulativa por parte de Red Eléctrica de España, para lo cual anima e invita a toda la sociedad canaria responsable y comprometida a unirse en las calles para reclamar alto y claro a nuestros representantes políticos y a todas las instituciones públicas a promover un nuevo modelo energético sostenible, público, justo, descentralizado y que no afecte a los espacios naturales protegidos ni al suelo rústico de protección agrícola, respetando vecinos/as de estos espacios.

FIRMADO:

 TURCÓN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Salvar la Tronera de Gáldar

La Tronera es una cantonera situada en la calle Drago, esquina con calle Doramas, estando reconocida como Bien de Interés Cultural, catalogada como Bien Etnográfico por la FEDAC y figura en la Relación de Bienes Etnográficos Infraestructuras Hidráulicas en el Plan General de Gáldar (Ficha A.II-B 12E). Situada en el centro de la ciudad, con un entramado de bocas de reparto complejo, ubicadas a una altura considerable con respecto a la rasante de la calle. Dicho bien nos habla del valor del agua para el riego de los terrenos dedicados a la actividad agrícola.

La importancia de este sistema hidráulico se encuentra inmersa en la antigüedad de las diversas troneras existentes, se habla de nueve, entre ellas las de la Heredad de Aguas de Gáldar o las de la Casa del Agua, las más alejadas en el tiempo procedentes del siglo XVIII y las más recientes en la primera mitad del siglo XX.   

La preocupación ciudadana comienza cuando el Ayuntamiento comunica la intención de modificar la red viaria en la calle Drago, en la zona donde se encuentra la conocida por los vecinos como la tronera. Con esta finalidad solicita una modificación menor del plan general con la eliminación de la Ficha P-110 del Catalogo de Protección, Troneras calle Drago, a la vez que se pide informe a la empresa especializada Arqueología D3 que, si bien reconoce los valores patrimoniales, a renglón seguido habla de reconstrucción de la infraestructura, plegándose a los postulados mantenidos por la corporación municipal.

La Tronera junto con la Casa del Agua es un símbolo identitario del municipio con un reconocimiento patrimonial consolidado, y sin duda una reliquia del entramado hidráulico de superficie de Gáldar y como tal merece una visión de conservación in situ, además de la difusión de su valía entre la población.

Turcón toma conocimiento a través de los/as vecinos/as agrupados en Salvar la Tronera de Gáldar de sus peticiones convertidas en manifiesto, difundido en los medios y del escrito presentado al Cabildo Insular de Gran Canaria, iniciativas que apoyamos por las que solicitamos un cambio de orientación en las decisiones que pretende la mayoría de gobierno del ayuntamiento de Gáldar, en cuanto a la demolición de la tronera y su reconstrucción unos metros más atrás, toca a las autoridades municipales e insulares reflexionar sobre la oportunidad de sus acuerdos lesivos con el patrimonio.

La alternativa que se propone desde la plataforma vecinal es la peatonalización de aquel tramo de la calle Drago, concretamente desde la esquina, con calle Martinón León hasta la Tronera, que aportaría un espacio libre de tránsito rodado e indudable calidad de vida a la ciudadanía. Lo que no es de recibo es arrasar con un bien cultural por la ampliación de una calle.

Nos unimos al llamamiento realizado desde la ciudad de los guanartemes exigiendo la no demolición de la Tronera, el no a la replica de la misma, y un si a la conservación, restauración y puesta en valor de lo auténtico. La Tronera no se toca.

El Veril: llevamos 5 años diciendo lo mismo

Ahora el Estado comienza a reclamar lo que es suyo. Y a la vez comienza a oler muy mal todo este procedimiento, cuando en los orígenes, la promotora quiso engañar con la propiedad del suelo. Ahora tiene que pagar y se verá lo “caro” que fue cambiar la opción de suelo preparado en el PIO en la zona de Tarajalillo. No quisieron pagar lo que costaba allá, y ahora acá el cauce del barranco le cuesta 14,3 millones.

Interesante reportaje del periódico La Provincia. Los reproducimos íntegramente.

El Estado cuantifica en 14,3 millones los aprovechamientos urbanísticos en El Veril

Un informe de Hacienda niega que el promotor del parque acuático Siam Park tenga derecho a estas plusvalías aunque disponga ya de la concesión administrativa

J. Montesdeoca/ R. Torres 26.10.2019 | 22:48

Terrenos de El Veril donde se proyecta el Siam Park. Se aprecia la canalización del barranco que ha llevado a cabo el Grupo Loro Parque. SANTI BLANCO.

La Administración General del Estado ha tasado en 14,3 millones de euros el valor de los aprovechamientos urbanísticos otorgados por el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del ámbito de El Veril sobre los terrenos públicos ubicados en el barranco donde el Grupo Loro Parque pretende construir el parque acuático Siam Park, con espacios comerciales en su interior, y un hotel de 300 habitaciones.

Es decir, la compañía tendrá que abonar esta cantidad en concepto de plusvalías sobre los terrenos con concesión administrativa [por 25 años] y el uso público del suelo si quiere desarrollar el proyecto, según revela un informe elaborado por el Ministerio de Hacienda dirigido al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana al que ha tenido acceso este periódico. En el ámbito de El Veril, el Grupo Loro Parque y el Estado comparten la titularidad de varios suelos.

En el informe sobre la afección de los terrenos de dominio público hidráulico de titularidad estatal, el Ministerio de Hacienda ha calculado que de los aprovechamientos urbanísticos de los 121.000 metros cuadrados de terreno público le corresponden 14.319 unidades de aprovechamiento por valor de 11,5 millones de euros, mientras que al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana le corresponden 3.502 unidades de aprovechamiento que alcanzan un valor de 2,8 millones de euros.

Este informe se incluye en un oficio que el Ministerio de Hacienda, a través de la delegación de Economía y Hacienda en Las Palmas, ha remitido al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en el cual se insta a la Corporación municipal a que se paralice la gestión y ejecución urbanística del proyecto del Siam Park ya que se asienta sobre terrenos que no son de un único propietario.

En ese mismo oficio, que Hacienda dirigió al Ayuntamiento el 17 de octubre de 2019 ante la falta de respuesta del Consejo Insular de Aguas después de 10 meses de espera, el ministerio comunica al consistorio sureño que ha comenzado los trámites para exigir la titularidad de los terrenos ubicados en el dominio público hidráulico de El Veril, que en este caso corresponde a los barrancos del Guincho, Buenavista y Cañizo.

En el documento, el ministerio recuerda que aunque la empresa Loro Parque tenga la concesión administrativa sobre parte de los terrenos ubicados en el barranco no significa que lleve implícito el derecho a los aprovechamientos urbanísticos que de ellos emanan.

Beneficios económicos

“El que sobre los terrenos del cauce público exista una concesión habilita al concesionario a construir un parque acuático sobre la parcela resultante en donde estarán incluidos esos terrenos, permitiendo consumir el aprovechamiento edificatorio que le corresponde por la ordenación del sector en el PMM”, señala el informe, “pero la concesión no le habilita a obtener el resto de aprovechamiento urbanístico que le corresponden a esos terrenos por estar dentro del sector a ordenar”.

El Plan de Modernización del ámbito de El Veril estima como único propietario de los suelos a la mercantil Loro Parque porque tiene registrados todos los terrenos que se incluyen en este sector y además tiene la concesión del suelo sobre el que pesa la doble inmatriculación.

Pero el Estado rechaza esa tesis porque el proyecto incluye un hotel del cual la empresa obtendrá otros beneficios económicos. “La ubicación de las parcelas lucrativas, aunque puedan coincidir con la de los terrenos aportados, no son las mismas, pues varía el aprovechamiento lucrativo de cada una de ellas, que es el que hay que distribuir según la superficie de terrenos aportados por cada uno de los propietarios”, señala el informe que adjunta el oficio remitido por Hacienda.

La empresa Loro Parque insistió ayer en que efectivamente el Estado tiene derechos sobre el suelo, pero no sobre los aprovechamientos urbanísticos que se derivan de él. “Si el Estado quería aprovechamientos urbanísticos tenía que haberlo comunicado con carácter previo a la concesión administrativa del barranco”, reclamó el responsable de los servicios jurídicos de Loro Parque, Jaime Rodríguez Cie, “no puede venir a reclamar cinco años después porque él mismo ha declinado su participación en el procedimiento al no presentar alegaciones en el año 2014”.

En su informe, el Ministerio de Hacienda exige al Consejo Insular de Agua, como gestor de dominio público hidráulico, a que reclame el inicio de los trámites para constituir la Junta de Compensación.

Las exigencias del Ministerio de Hacienda aterrizan en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana cinco años después de que el Estado no se opusiera al desarrollo del proyecto del Siam Park al no presentar ninguna alegación al documento. Para la empresa promotora del espacio, Loro Parque, “no existen las casualidades; es extraño que ahora que el Ayuntamiento ha dicho que quiera desbloquear el Siam Park Hacienda intente frenarlo”, explicó ayer el abogado de la compañía, Jaime Rodríguez Cie.

No obstante, tanto la empresa como el Cabildo de Gran Canaria sostuvieron ayer que esta petición no condicionará en absoluto a que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana conceda la licencia urbanística para comenzar las obras del Siam Park de Gran Canaria.

El Veril: llevamos 5 años diciendo lo mismo

Ahora el Estado comienza a reclamar lo que es suyo. Y a la vez comienza a oler muy mal todo este procedimiento, cuando en los orígenes, la promotora quiso engañar con la propiedad del suelo. Ahora tiene que pagar y se verá lo “caro” que fue cambiar la opción de suelo preparado en el PIO en la zona de Tarajalillo. No quisieron pagar lo que costaba allá, y ahora acá el cauce del barranco le cuesta 14,3 millones.

Interesante reportaje del periódico La Provincia. Los reproducimos íntegramente.

San Bartolomé de Tirajana

El Estado cuantifica en 14,3 millones los aprovechamientos urbanísticos en El Veril

Un informe de Hacienda niega que el promotor del parque acuático Siam Park tenga derecho a estas plusvalías aunque disponga ya de la concesión administrativa

J. Montesdeoca/ R. Torres 26.10.2019 | 22:48

Terrenos de El Veril donde se proyecta el Siam Park. Se aprecia la canalización del barranco que ha llevado a cabo el Grupo Loro Parque. SANTI BLANCO.

La Administración General del Estado ha tasado en 14,3 millones de euros el valor de los aprovechamientos urbanísticos otorgados por el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del ámbito de El Veril sobre los terrenos públicos ubicados en el barranco donde el Grupo Loro Parque pretende construir el parque acuático Siam Park, con espacios comerciales en su interior, y un hotel de 300 habitaciones.

Es decir, la compañía tendrá que abonar esta cantidad en concepto de plusvalías sobre los terrenos con concesión administrativa [por 25 años] y el uso público del suelo si quiere desarrollar el proyecto, según revela un informe elaborado por el Ministerio de Hacienda dirigido al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana al que ha tenido acceso este periódico. En el ámbito de El Veril, el Grupo Loro Parque y el Estado comparten la titularidad de varios suelos.

En el informe sobre la afección de los terrenos de dominio público hidráulico de titularidad estatal, el Ministerio de Hacienda ha calculado que de los aprovechamientos urbanísticos de los 121.000 metros cuadrados de terreno público le corresponden 14.319 unidades de aprovechamiento por valor de 11,5 millones de euros, mientras que al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana le corresponden 3.502 unidades de aprovechamiento que alcanzan un valor de 2,8 millones de euros.

Este informe se incluye en un oficio que el Ministerio de Hacienda, a través de la delegación de Economía y Hacienda en Las Palmas, ha remitido al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en el cual se insta a la Corporación municipal a que se paralice la gestión y ejecución urbanística del proyecto del Siam Park ya que se asienta sobre terrenos que no son de un único propietario.

En ese mismo oficio, que Hacienda dirigió al Ayuntamiento el 17 de octubre de 2019 ante la falta de respuesta del Consejo Insular de Aguas después de 10 meses de espera, el ministerio comunica al consistorio sureño que ha comenzado los trámites para exigir la titularidad de los terrenos ubicados en el dominio público hidráulico de El Veril, que en este caso corresponde a los barrancos del Guincho, Buenavista y Cañizo.

En el documento, el ministerio recuerda que aunque la empresa Loro Parque tenga la concesión administrativa sobre parte de los terrenos ubicados en el barranco no significa que lleve implícito el derecho a los aprovechamientos urbanísticos que de ellos emanan.

Beneficios económicos

“El que sobre los terrenos del cauce público exista una concesión habilita al concesionario a construir un parque acuático sobre la parcela resultante en donde estarán incluidos esos terrenos, permitiendo consumir el aprovechamiento edificatorio que le corresponde por la ordenación del sector en el PMM”, señala el informe, “pero la concesión no le habilita a obtener el resto de aprovechamiento urbanístico que le corresponden a esos terrenos por estar dentro del sector a ordenar”.

El Plan de Modernización del ámbito de El Veril estima como único propietario de los suelos a la mercantil Loro Parque porque tiene registrados todos los terrenos que se incluyen en este sector y además tiene la concesión del suelo sobre el que pesa la doble inmatriculación.

Pero el Estado rechaza esa tesis porque el proyecto incluye un hotel del cual la empresa obtendrá otros beneficios económicos. “La ubicación de las parcelas lucrativas, aunque puedan coincidir con la de los terrenos aportados, no son las mismas, pues varía el aprovechamiento lucrativo de cada una de ellas, que es el que hay que distribuir según la superficie de terrenos aportados por cada uno de los propietarios”, señala el informe que adjunta el oficio remitido por Hacienda.

La empresa Loro Parque insistió ayer en que efectivamente el Estado tiene derechos sobre el suelo, pero no sobre los aprovechamientos urbanísticos que se derivan de él. “Si el Estado quería aprovechamientos urbanísticos tenía que haberlo comunicado con carácter previo a la concesión administrativa del barranco”, reclamó el responsable de los servicios jurídicos de Loro Parque, Jaime Rodríguez Cie, “no puede venir a reclamar cinco años después porque él mismo ha declinado su participación en el procedimiento al no presentar alegaciones en el año 2014”.

En su informe, el Ministerio de Hacienda exige al Consejo Insular de Agua, como gestor de dominio público hidráulico, a que reclame el inicio de los trámites para constituir la Junta de Compensación.

Las exigencias del Ministerio de Hacienda aterrizan en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana cinco años después de que el Estado no se opusiera al desarrollo del proyecto del Siam Park al no presentar ninguna alegación al documento. Para la empresa promotora del espacio, Loro Parque, “no existen las casualidades; es extraño que ahora que el Ayuntamiento ha dicho que quiera desbloquear el Siam Park Hacienda intente frenarlo”, explicó ayer el abogado de la compañía, Jaime Rodríguez Cie.

No obstante, tanto la empresa como el Cabildo de Gran Canaria sostuvieron ayer que esta petición no condicionará en absoluto a que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana conceda la licencia urbanística para comenzar las obras del Siam Park de Gran Canaria.

Alegaciones a la memoria ambiental de Siam Park

Se trata del trámite de consultas del expediente 2019/11693-SIMP. En relación con el documento ambiental del proyecto denominado “Edificación e instalación Siam Park Gran Canaria”, en la zona conocida como El Veril-T.M San Bartolomé de Tirajana, Isla de Gran Canaria, promovido por la entidad LORO PARQUE, S.A

Turcón viene a ratificar la oposición que se ha mantenido respecto de la alteración absoluta de la lógica territorial de este espacio, mediante el desplazamiento de las determinaciones urbanísticas y de ordenación del territorio que se han consolidado para el mismo en las últimas décadas.

Todo ello viene a ratificar que el proyecto está al servicio de una decisión empresarial arbitraria y caprichosa, tomada al margen de la realidad territorial; se obvia la existencia de una parcela reservada en el Plan Insular y en el PTP-9 (Plan Territorial Parcial de ordenación del espacio entre la GC-1 y la GC-500) para este destino de uso, frente a Bahía Feliz, a escasos metros de esta localización. Nada se sabe de la localización de la estación de tren prevista en El Veril por el PTE-21 Plan Territorial Especial Corredor de Transporte Público entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas.

Turcón en esta fase de consulta ha presentado un documento de más de 40 página por el que motiva su rechazo al proyecto y tenga por opuesta a la entidad compareciente en el documento ambiental sometido a trámite, así como en todos aquellos instrumentos de carácter territorial y urbanístico a los cuales nos hemos opuesto hasta el momento y que vienen ratificados en su consistencia por la argumentación contenida en el dictamen.

Rechazo a la tangencial de Telde

Rechazan la tangencial de Telde y denuncian la hipocresía del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias con respecto a sus políticas de adaptación a la emergencia climática

La Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción manifiesta su repulsa al acuerdo del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias de impulsar nuevas autovías como la Tangencial de Telde, desechando otro tipo de alternativas más sostenibles, útiles y económicas.

Resultado de imagen de tangencial telde

El Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias entran en clara contradicción con sus sendos planteamientos teóricos de “Eco-isla” de “Emergencia Climática” cuando promueven una nueva autopista de seis carriles que va a tener un impacto muy negativo no solo en emisiones de carbono sino también sobre el territorio, el patrimonio natural y cultural, las actividades económicas de base agraria y la calidad de vida de los vecinos y vecinas directamente afectados por la imposición de dicha infraestructura en su entorno vital.

Ambas instituciones demuestran así que siguen apostando por un modelo de movilidad continuista alejado de criterios de sostenibilidad, modelo que prioriza el uso del vehículo privado, individualista y excluyente, frente a la adopción de alternativas más adaptadas a las condiciones insulares y a las demandas que claman los Movimientos por El Clima en todo el mundo.

La portavoz de la federación, Noelia Sánchez, se pregunta cómo es posible que los representantes públicos de diferentes instituciones aparezcan en las manifestaciones por el clima un día y al día siguiente estén desechando las verdaderas medidas de adaptación a la emergencia climática como la que supondría el carril Bus/VAO para proponer más de lo mismo: más destrucción del territorio, más despilfarro, más emisiones y más apoyo a los lobbys de la construcción y la automoción. “Con estas acciones nos enfrentamos a un estado de hipocresía política que raya lo insoportable”, subraya la portavoz.

La federación denuncia cómo desde las autoridades políticas nos terminan acostumbrando de forma irresponsable al doble lenguaje. Ya en 1999 cuando se presentó el Plan Director de infraestructuras de Canarias, el Parlamento canario aprobó una moción que decía: “…Pocas veces se justifican, en un territorio frágil y pequeño como el insular, grandes y costosas obras, que suelen tener un impacto desastroso sobre el medio. Muchas veces, en opinión del Parlamento, se pueden lograr los mismos objetivos con una mayor eficiencia operativa de las alternativas preexistentes”

Desde la federación ecologista temen que la Declaración de Emergencia Climática del Gobierno de Canarias se convierta en otro papel mojado más, de la misma manera que la idea de “Eco-isla” que pregona el Cabildo de Gran Canaria desde hace cuatro años y que está suponiendo en la práctica un mero eslogan propagandístico.

Ambas instituciones tiene en sus manos desmentir estas sospechas desechando infraestructuras como la Tangencial de Telde y poniendo en práctica las medidas estipuladas como el BUS-VAO, acompañadas de otras medidas que mejoren la frecuencia y eficiencia de la guagua, la accesibilidad local y que pacifiquen el tráfico en la GC-1.

“Esta infraestructura viaria no es de interés público. No es necesaria. Nadie la ha pedido”, afirma la portavoz. Además, viene generando desde hace años un rechazo profundo de los vecinos de los barrios afectados y de habitantes de toda la isla. Según Noelia Sánchez “Se trata de un despilfarro de dinero público que podría ahorrarse si se invierte en favorecer  a la guagua y que podría destinarse a otras necesidades sociales como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la promoción de la economía realmente productiva”.