Comunicado conjunto alegaciones al tren y rechazo de Turcón y Ben Magec

COMUNICADO DE PRENSA de Junta Directiva de Turcón y Coordinadora Federal de Ben Magec – Ecologistas en Acción

El proyecto de Tren interurbano Las Palmas – Sur reduce las opciones de transporte público en Gran Canaria y promueve el uso del vehículo privado.

Tras conseguir la ampliación del plazo de alegaciones al proyecto de la infraestructura ferroviaria entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas, sus elementos asociados y su estudio de impacto ambiental, por parte de este colectivo y la federación ecologista, se presentan sendos documentos de alegaciones y propuesta de alternativas tramitados ante la Consejería de Gobierno de Vicepresidencia Primera y de Obras Públicas, Infraestructuras, Transportes y Movilidad del Cabildo Insular de Gran Canaria.

En este proceso de información pública no ha sido posible estudiar toda la documentación disponible a través de la página web donde estaba contenida para libre acceso; no obstante, se ha realizado el esfuerzo de analizar y estudiar la mayor del expediente.

La amplia y razonada alegación, elaborada por Turcón y también asumida a nivel federal, se compone de un articulado de trece aportaciones que van desde el proceso de participación pública, estudio de impacto ambiental, metodología de análisis real del impacto ambiental para fundamentar un estudio de alternativas, la afección al suelo agrícola, al paisaje y la población, las afecciones al patrimonio, sobre la ordenación a su paso por El Veril, el tren en Gran Canaria y la no reducción del vehículo privado, el impacto del tren en el sistema eléctrico y ya por último, un apartado a tenor de lo planteado en forma de solicitudes.

Entre los aspectos que el Colectivo Turcón explicita para oponerse a este proyecto y que están contenidos en las alegaciones presentadas al Cabildo Insular de Gran canaria, anotamos los siguientes:

• Todos los objetivos que se pretenden alcanzar con el tren, se pueden conseguir con alternativas como carriles específicos y reservados para guaguas y transporte de mercancías en los tramos más conflictivos de la GC-1, especialmente al paso por el municipio de Telde, y reforzando y modernizando la flota de guaguas.
• El Plan Territorial que da soporte al Tren de Gran Canaria, plantea viabilizar el tren interurbano, a costa de reordenar el servicio de guaguas, eliminando o reduciendo las líneas de guaguas que puedan entrar en competencia con el tren.
• Se sigue proyectando la Tangencial de Telde a pesar del Tren.
• El Estudio de Impacto Ambiental no evalúa adecuadamente el impacto sobre el patrimonio que supone el suelo agrícola productivo o potencialmente productivo su valor socioeconómico y paisajístico, infraestructuras asociadas, así como tampoco evalúa la influencia que la fragmentación del territorio puede tener sobre esta actividad económica.
• Produce una importante afección por ruidos a su paso por zonas urbanas, especialmente en el Valle de Jinámar.
• Afecta al Bien de Interés Cultural del Barranco de Silva.
• Afecta a la Ermita de Santa Rita en Ojos de Garza.
• No hay estudio del impacto del tren sobre la estabilidad de la red eléctrica insular.
• Amplía su impacto ambiental sobre el territorio con un Parque Eólico de 26 MW en el entorno del Roque Aguayro y la Montaña de Majadaciega, ya afectada por otros parques eólicos.

El documento a información pública propone una estrategia para intentar viabilizar el tren restringiendo el servicio de guaguas, con lo que los usuarios del servicio público verán reducidas sus opciones, mientras que el vehículo privado no sufrirá ninguna restricción.

El tren se plantea como un medio para mejorar la calidad del servicio público de transporte y su participación en el principal eje de comunicación de la isla y para proporcionar una mayor y mejor accesibilidad a la población a sus lugares de trabajo y a los servicios, pero ello se hace a costa de eliminar líneas y disminuir la frecuencia de las guaguas en el mismo corredor para que los usuarios cautivos se vean obligados a tomar el tren si quieren usar el servicio público.

Entiende Consuelo Jorges López, presidenta de Turcón, “que todo ello tendrá consecuencias negativas para el ciudadano de a pie, que vivirá normalmente alejado de las estaciones de tren, y que necesita la guagua como medio más versátil, seguro y rápido en la actualidad y que, además, aprovecha infraestructuras ya existentes sin necesidad de ocupar nuevo suelo”.

Por otra parte, el servicio de guaguas se verá seriamente afectado en su viabilidad económica futura o en el encarecimiento de los servicios que queden disponibles. Es necesario reconocer el potencial y la flexibilidad de las guaguas en las islas para el transporte urbano e interurbano, en cuanto al servicio puerta-puerta si se fomenta adecuadamente creando nuevas líneas, plataformas reservadas, intercambiadores más modernos y cómodos para los viajeros, etc. Modelo que no aborda seriamente el Estudio presentado.

Todo lo expuesto viene a ratificar que el proyecto está al servicio de una decisión política poco transparente, en la cual no vienen motivadas las razones que justifican un despilfarro de mil seiscientos millones de euros, del año 2.009, que se convertirán en cualquier cantidad superior a aquella dadas las indeterminaciones en gasto de expropiaciones y aumentos de precios previsibles, en un trámite fuera de los cauces legales y normativos que le son de aplicación, en una decisión arbitraria y caprichosa, tomada al margen de la realidad territorial; que obvia las condiciones, no solo del espacio que se pretende ordenar sino que esconde las alteraciones que el propio órgano promotor ha adoptado sobre su ámbito.

Ya en las solicitudes los ecologistas piden que se rechace y tenga por opuesto a Turcón y a la Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción en el documento ambiental sometido a trámite, así como en todos aquellos instrumentos de carácter territorial y urbanístico a los cuales nos hemos opuesto hasta el momento y que vienen ratificados en su consistencia por la argumentación contenida en la alegación. También se sienten legitimados para demandar la desestimación del proyecto del tren de Gran Canaria y que se realice un análisis de movilidad y accesibilidad que integre a toda la Isla para potenciar un modelo de movilidad basado en la guagua, innovador y con la integración de energías renovables. Y que de paso se retire del planeamiento vigente la Tangencial de Telde.

No obstante, y dada la cantidad de ciudadanía afectada por el tren que se ha detectado que no está suficientemente informada se solicita también que se vuelva a abrir el período de información pública y alegaciones para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos de alegación.

Turcón solicita al Cabildo de Gran Canaria la ampliación del plazo de información pública al proyecto del tren

COMUNICADO DE PRENSA Junta Directiva de Turcón

Los ecologistas piden en escrito presentado al Consejero de Obras Públicas, Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo Insular de Gran Canaria la ampliación del plazo del periodo de información pública, por un mes más, para poder consultar y preparar la documentación precisa y participar así en el expediente referenciado en el Boletín Oficial de la Provincia como INFORMACION PÚBLICA DEL PROYECTO DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA ENTRE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Y MASPALOMAS Y SUS ELEMENTOS ASOCIADOS Y SU ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL .

Se razona la petición a la vista del cúmulo de documentos e información a procesar y la insuficiencia de tiempo para realizar un visionado y estudio del expediente al que se pretende darle tramite de comunicación y participación ciudadana.

Afección del tren en Telde e infografías de viaductos frente Montaña Las Huesas

Se aporta como argumentos a la petición un compendio de normativa sectorial sobre los procesos de información, transparencia y participación ciudadana de aplicación en estos casos, como los siguientes:

• De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se abre la posibilidad de ampliación de plazo de los expedientes administrativos.

Artículo 32 Ampliación

1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados.

• Que de acuerdo con el espíritu de la Directiva Europea 90/313/CEE que va marcando una tendencia a fomentar el derecho de los ciudadanos a la participación pública y política, a la transparencia en la administración, todo ello corroborado con amplios documentos internacionales como la Agenda 21-Local, la Carta de Aalborg, el Convenio de Aarhus, que van abriendo un camino donde las claves para el desarrollo están en LA INFORMACION Y LA PARTICIPACION CIUDADANA.

• Más reciente es la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (que incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), es muy clara en su artículo 6º, donde manifiesta las “Obligaciones específicas en materia de difusión de información ambiental. 1. Las autoridades públicas adoptarán las medidas oportunas para asegurar la paulatina difusión de la información ambiental y su puesta a disposición del público de la manera más amplia y sistemática posible. 2. Las autoridades públicas organizarán y actualizarán la información ambiental relevante para sus funciones que obre en su poder o en el de otra entidad en su nombre con vistas a su difusión activa y sistemática al público, particularmente por medio de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones siempre que pueda disponerse de las mismas. 

Entiende el colectivo Turcón que esta suficientemente razonada la solicitud de ampliación por un periodo de un mes y espera comunicación afirmativa a su requerimiento.

EL TREN DE GRAN CANARIA A DEBATE

Como actividad complementaria a la preparación de las alegaciones al Proyecto de la Infraestructura Ferroviaria entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas y elementos asociados desde la federación Ben Magec Ecologistas en Acción se ha organizado una puesta en común denominada “El tren de Gran Canaria a debate”.

Un mega proyecto con gran impacto ambiental, económico y social. Debido a su coste de 1.500 millones de euros, una desmesurada ocupación de suelo, el gran impacto paisajístico, su compleja construcción y las enormes cantidades de fondos que se requerirán para su ejecución y mantenimiento. Analizamos gracias a expertos en movilidad, urbanismo e infraestructuras la conveniencia y rentabilidad del megaproyecto “Tren de Gran Canaria”.

Aportamos enlace para el visionado en YouTube de dicho debate

Chira-Soria, no al salto al vacío. Somos renovables, pero no de esta manera

Manifiesto de Turcón Ecologistas en Acción en apoyo a la convocatoria de la manifestación del 16-octubre.

Desde hace décadas la sociedad canaria ha tenido la oportunidad de ir rompiendo con la dependencia energética que mantiene con el exterior, especialmente en el sector eléctrico, para tomar las riendas de su propio futuro gracias a la gestión local de la energía inagotable que proporciona el sol, el viento y el mar, y que son, y deben ser siempre, dominio público inalienable, productor de rentas y beneficios distribuidos y compartidos socialmente.

 

Desde las últimas décadas del siglo pasado hasta la actualidad la evolución tecnológica, el abaratamiento de los costes de producción y el desarrollo de sistemas inteligentes de gestión de cargas y fuentes de energía eléctrica renovable cada vez más avanzados y con unos niveles de aprovechamiento energético en aumento exponencial, alcanzando un nivel de desarrollo y penetración tan sofisticado que ha posibilitado que la energía eléctrica procedente de fuentes renovables sean por fin gestionables.

Esto significa que la tecnología actualmente disponible en los sistemas de transformación fotovoltaicos y eólicos, asociados a la gestión inteligente de la demanda, disponen de capacidad propia para integrarse en las redes eléctricas de manera eficaz, y segura, aportando así estabilidad a cada uno de los sistemas eléctricos insulares sin producir perturbaciones en las redes.

Hasta ahora, las grandes compañías energéticas han controlado todas las fases en la cadena de valor de la energía de origen fósil. Estas fases son las de prospección, extracción, refinado, transporte, almacenamiento de combustibles, generación de energía eléctrica, transporte, distribución y comercialización de este sector energético. Los costes implicados en este proceso son acumulativos y repercuten en el precio final que la ciudadanía debe pagar respectiva y conjuntamente por el consumo de la energía eléctrica en sus hogares, empresas, industrias e instituciones.

Con la irrupción de las tecnologías de transformación de las energías renovables, su óptimo nivel de desarrollo tecnológico actual, y los cambios normativos recientes que habían tenido bloqueado el sector al acceso de la ciudadanía y del pequeño sector empresarial local (véase el “impuesto al sol” como herramienta coercitiva y limitante), las grandes compañías eléctricas ven peligrar su modelo de negocio y su poder centralizado y por ende creando un prometedor espacio para el autoconsumo.

Por ese motivo, y justificándose en el actual estado de emergencia climática planetaria, estas compañías se están movilizado rápidamente para emprender un proceso interesado y radical de transición tecnológica de energías de origen fósil a renovables, tomando posiciones al amparo de las normativas favorables, con el objeto de consolidar su posicionamiento de poder en el mercado eléctrico, evitando a toda costa un cambio de modelo energético justo y más descentralizado, cuyos beneficios económicos repercutan positivamente en la sociedad y sectores públicos locales con la implementación de nuevos servicios sanitarios, educativos y de ciudadanía.

De forma especulativa, acelerada y sin miramientos pretenden privatizar los beneficios económicos que puedan generar las energías renovables con concesiones a largo plazo y colectivizar así a toda la sociedad los impactos ambientales de ocupación del territorio o de afección a la biodiversidad, así como los efectos colaterales sobre la salud y la vida de las poblaciones.

Sin embargo, la realidad es que la sociedad ya no necesita de la intervención de las grandes compañías eléctricas en todas las fases de la cadena de valor de la electricidad porque se dispone tanto de fuentes de energía alternativas a nuestro alrededor de forma descentralizada -el sol, el viento y la energía continua y poderosa del mar-, como de la tecnología para procesarla, generar electricidad, gestionarla según la demanda, incluso creando pequeños sistemas inyección y recuperación de energía  en caso de necesidad (mal llamados almacenamientos de energía); siendo además un sector industrial potente y en constante evolución que día a día produce nuevas respuestas adaptadas a situaciones diversas del campo energético y sus problemáticas asociadas.

La sociedad canaria, tanto individual como colectivamente, ya tiene a su disposición la tecnología adecuada para captar e introducir en la red eléctrica la abundancia de las energías renovables, posibilitando la reducción de las costosas fases de producción en la cadena de valor de las energías de origen fósil. Esto significa que la sociedad canaria puede aspirar por fin a la soberanía energética, es decir, a la capacidad de decidir y legislar sobre cómo se quiere gestionar la energía que se necesita en Canarias para la reproducción de su vida social, desde la producción de la energía, a su utilización, pasando por la distribución y la financiación, transitando de esta manera hacia un modelo más participado y democrático.

Somos conscientes que en un contexto actual de crisis climática existe la necesidad de tomar medidas urgentes para adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático y plantear como reto la necesidad de descarbonizar la economía y aumentar las cuotas de autosuficiencia energética pero no de esta manera.

Es por ello, que consideramos que se deben articular lo antes posible políticas efectivas de ahorro y eficiencia energética ya que reducen las necesidades globales de inversión y rebaja los costes de producción, uso e infraestructura de energía. También reduce el consumo de superficies, materiales asociados, la degradación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad.

Para lograr una transición tecnológica orientada a conseguir la soberanía y la justicia social energética, nos enfrentamos a importantísimos retos:

Por un lado, no permitir que el sol y el viento sea privatizado por las grandes compañías eléctricas y grupos de inversión especulativos que es el camino al que nos llevan sistemas centralizados como el bombeo reversible de Soria a Chira con su Desaladora de agua de mar asociada.

Por otro lado, está la conservación de nuestros limitados, frágiles y valiosísimos espacios naturales protegidos, así como el paisaje y el suelo rústico especialmente el de protección agrícola, sus usos asociados y los valores propios de la cultura agraria asociada al lugar, con la intervención que propone el proyecto de bombeo reversible Soria-Chira queda muy comprometida.

Y es en estos puntos donde la ciudadanía canaria tiene una gran responsabilidad y los firmantes de este manifiesto comprometen su trabajo con luchas y desvelos.

En casos como Veneguera la lucha de la ciudadanía consiguió que el Parlamento de Canarias integrara Veneguera en el Parque Rural del Nublo. En el caso de la Central de Bombeo reversible Soria – Chira está ocurriendo lo contrario, pues para poder dar encaje urbanístico al proyecto, en octubre del 2010 el Gobierno de Canarias suspendió transitoriamente las determinaciones urbanísticas del Plan Insular de Ordenación Territorial de Gran Canaria, del Plan de Uso y Gestión del Parque Rural del Nublo, del Plan General de Ordenación Urbana de San Bartolomé de Tirajana y de las Normas Subsidiarias de Mogán, que garantizaban la protección medioambiental del espacio en cuestión. Es decir, que nuestras instituciones desprotegieron un espacio natural para legitimar la construcción de las centrales de bombeo reversible de Soria – Chira y de Soria a Las Niñas.

No obstante, aún siguen protegidos por normativa nacional. La Declaración Ambiental Estratégica del Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 establece que la implantación de sistemas de almacenamiento de tecnología de bombeo hidráulico se situará fuera de la Red Natura 2000. El proyecto de Central de Bombeo reversible de Soria – Chira  afecta directamente a tres espacios de la Red Natura 2000, indirectamente a otros dos y, en especial, al Barranco de Arguineguín.

No queremos olvidar que la Unión Europea ha articulado políticas, estrategias y normativa orientadas a lograr la integración del sistema energético y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Pero esta integración requiere de mercados energéticos con una configuración totalmente nueva, orientados a fomentar la energía para y por la ciudadanía y a fortalecer a los consumidores. La integración del sistema será mucho más rápida si los consumidores tienen la posibilidad de ejercer sus derechos, también como prosumidores, autoproductores y miembros de las comunidades de energías renovables.

Queremos un sistema energético centrado en las/los ciudadanos/as para que aprovechen las nuevas tecnologías y reducir sus facturas de la luz.

¡No más oligopolios y monopolios en el sector eléctrico de las islas!

Y así está encaminada la Directiva del mercado interior de la electricidad de la Unión Europea que impide que la titularidad de la Central de Bombeo Soria-Chira sea de Red Eléctrica de España.

Por estos motivos, y de acuerdo a lo establecido en el Pacto Verde Europeo con respecto a la inviolabilidad de nuestros espacios naturales protegidos, todos y cada uno de los colectivos ciudadanos pueden mostrar su rechazo contundente al proyecto de la Central de Bombeo reversible Soria – Chira salvando de la intervención industrial, urbanística y especulativa por parte de Red Eléctrica de España, invitando a la ciudadania a promover un nuevo modelo energético sostenible, público, justo, descentralizado y que no afecte a los espacios naturales protegidos ni al suelo rústico de protección agrícola, respetando vecinos/as de estos espacios.

FIRMADO:

 TURCÓN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Salvar la Tronera de Gáldar

La Tronera es una cantonera situada en la calle Drago, esquina con calle Doramas, estando reconocida como Bien de Interés Cultural, catalogada como Bien Etnográfico por la FEDAC y figura en la Relación de Bienes Etnográficos Infraestructuras Hidráulicas en el Plan General de Gáldar (Ficha A.II-B 12E). Situada en el centro de la ciudad, con un entramado de bocas de reparto complejo, ubicadas a una altura considerable con respecto a la rasante de la calle. Dicho bien nos habla del valor del agua para el riego de los terrenos dedicados a la actividad agrícola.

La importancia de este sistema hidráulico se encuentra inmersa en la antigüedad de las diversas troneras existentes, se habla de nueve, entre ellas las de la Heredad de Aguas de Gáldar o las de la Casa del Agua, las más alejadas en el tiempo procedentes del siglo XVIII y las más recientes en la primera mitad del siglo XX.   

La preocupación ciudadana comienza cuando el Ayuntamiento comunica la intención de modificar la red viaria en la calle Drago, en la zona donde se encuentra la conocida por los vecinos como la tronera. Con esta finalidad solicita una modificación menor del plan general con la eliminación de la Ficha P-110 del Catalogo de Protección, Troneras calle Drago, a la vez que se pide informe a la empresa especializada Arqueología D3 que, si bien reconoce los valores patrimoniales, a renglón seguido habla de reconstrucción de la infraestructura, plegándose a los postulados mantenidos por la corporación municipal.

La Tronera junto con la Casa del Agua es un símbolo identitario del municipio con un reconocimiento patrimonial consolidado, y sin duda una reliquia del entramado hidráulico de superficie de Gáldar y como tal merece una visión de conservación in situ, además de la difusión de su valía entre la población.

Turcón toma conocimiento a través de los/as vecinos/as agrupados en Salvar la Tronera de Gáldar de sus peticiones convertidas en manifiesto, difundido en los medios y del escrito presentado al Cabildo Insular de Gran Canaria, iniciativas que apoyamos por las que solicitamos un cambio de orientación en las decisiones que pretende la mayoría de gobierno del ayuntamiento de Gáldar, en cuanto a la demolición de la tronera y su reconstrucción unos metros más atrás, toca a las autoridades municipales e insulares reflexionar sobre la oportunidad de sus acuerdos lesivos con el patrimonio.

La alternativa que se propone desde la plataforma vecinal es la peatonalización de aquel tramo de la calle Drago, concretamente desde la esquina, con calle Martinón León hasta la Tronera, que aportaría un espacio libre de tránsito rodado e indudable calidad de vida a la ciudadanía. Lo que no es de recibo es arrasar con un bien cultural por la ampliación de una calle.

Nos unimos al llamamiento realizado desde la ciudad de los guanartemes exigiendo la no demolición de la Tronera, el no a la replica de la misma, y un si a la conservación, restauración y puesta en valor de lo auténtico. La Tronera no se toca.

El Veril: llevamos 5 años diciendo lo mismo

Ahora el Estado comienza a reclamar lo que es suyo. Y a la vez comienza a oler muy mal todo este procedimiento, cuando en los orígenes, la promotora quiso engañar con la propiedad del suelo. Ahora tiene que pagar y se verá lo “caro” que fue cambiar la opción de suelo preparado en el PIO en la zona de Tarajalillo. No quisieron pagar lo que costaba allá, y ahora acá el cauce del barranco le cuesta 14,3 millones.

Interesante reportaje del periódico La Provincia. Los reproducimos íntegramente.

El Estado cuantifica en 14,3 millones los aprovechamientos urbanísticos en El Veril

Un informe de Hacienda niega que el promotor del parque acuático Siam Park tenga derecho a estas plusvalías aunque disponga ya de la concesión administrativa

J. Montesdeoca/ R. Torres 26.10.2019 | 22:48

Terrenos de El Veril donde se proyecta el Siam Park. Se aprecia la canalización del barranco que ha llevado a cabo el Grupo Loro Parque. SANTI BLANCO.

La Administración General del Estado ha tasado en 14,3 millones de euros el valor de los aprovechamientos urbanísticos otorgados por el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del ámbito de El Veril sobre los terrenos públicos ubicados en el barranco donde el Grupo Loro Parque pretende construir el parque acuático Siam Park, con espacios comerciales en su interior, y un hotel de 300 habitaciones.

Es decir, la compañía tendrá que abonar esta cantidad en concepto de plusvalías sobre los terrenos con concesión administrativa [por 25 años] y el uso público del suelo si quiere desarrollar el proyecto, según revela un informe elaborado por el Ministerio de Hacienda dirigido al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana al que ha tenido acceso este periódico. En el ámbito de El Veril, el Grupo Loro Parque y el Estado comparten la titularidad de varios suelos.

En el informe sobre la afección de los terrenos de dominio público hidráulico de titularidad estatal, el Ministerio de Hacienda ha calculado que de los aprovechamientos urbanísticos de los 121.000 metros cuadrados de terreno público le corresponden 14.319 unidades de aprovechamiento por valor de 11,5 millones de euros, mientras que al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana le corresponden 3.502 unidades de aprovechamiento que alcanzan un valor de 2,8 millones de euros.

Este informe se incluye en un oficio que el Ministerio de Hacienda, a través de la delegación de Economía y Hacienda en Las Palmas, ha remitido al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en el cual se insta a la Corporación municipal a que se paralice la gestión y ejecución urbanística del proyecto del Siam Park ya que se asienta sobre terrenos que no son de un único propietario.

En ese mismo oficio, que Hacienda dirigió al Ayuntamiento el 17 de octubre de 2019 ante la falta de respuesta del Consejo Insular de Aguas después de 10 meses de espera, el ministerio comunica al consistorio sureño que ha comenzado los trámites para exigir la titularidad de los terrenos ubicados en el dominio público hidráulico de El Veril, que en este caso corresponde a los barrancos del Guincho, Buenavista y Cañizo.

En el documento, el ministerio recuerda que aunque la empresa Loro Parque tenga la concesión administrativa sobre parte de los terrenos ubicados en el barranco no significa que lleve implícito el derecho a los aprovechamientos urbanísticos que de ellos emanan.

Beneficios económicos

«El que sobre los terrenos del cauce público exista una concesión habilita al concesionario a construir un parque acuático sobre la parcela resultante en donde estarán incluidos esos terrenos, permitiendo consumir el aprovechamiento edificatorio que le corresponde por la ordenación del sector en el PMM», señala el informe, «pero la concesión no le habilita a obtener el resto de aprovechamiento urbanístico que le corresponden a esos terrenos por estar dentro del sector a ordenar».

El Plan de Modernización del ámbito de El Veril estima como único propietario de los suelos a la mercantil Loro Parque porque tiene registrados todos los terrenos que se incluyen en este sector y además tiene la concesión del suelo sobre el que pesa la doble inmatriculación.

Pero el Estado rechaza esa tesis porque el proyecto incluye un hotel del cual la empresa obtendrá otros beneficios económicos. «La ubicación de las parcelas lucrativas, aunque puedan coincidir con la de los terrenos aportados, no son las mismas, pues varía el aprovechamiento lucrativo de cada una de ellas, que es el que hay que distribuir según la superficie de terrenos aportados por cada uno de los propietarios», señala el informe que adjunta el oficio remitido por Hacienda.

La empresa Loro Parque insistió ayer en que efectivamente el Estado tiene derechos sobre el suelo, pero no sobre los aprovechamientos urbanísticos que se derivan de él. «Si el Estado quería aprovechamientos urbanísticos tenía que haberlo comunicado con carácter previo a la concesión administrativa del barranco», reclamó el responsable de los servicios jurídicos de Loro Parque, Jaime Rodríguez Cie, «no puede venir a reclamar cinco años después porque él mismo ha declinado su participación en el procedimiento al no presentar alegaciones en el año 2014».

En su informe, el Ministerio de Hacienda exige al Consejo Insular de Agua, como gestor de dominio público hidráulico, a que reclame el inicio de los trámites para constituir la Junta de Compensación.

Las exigencias del Ministerio de Hacienda aterrizan en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana cinco años después de que el Estado no se opusiera al desarrollo del proyecto del Siam Park al no presentar ninguna alegación al documento. Para la empresa promotora del espacio, Loro Parque, «no existen las casualidades; es extraño que ahora que el Ayuntamiento ha dicho que quiera desbloquear el Siam Park Hacienda intente frenarlo», explicó ayer el abogado de la compañía, Jaime Rodríguez Cie.

No obstante, tanto la empresa como el Cabildo de Gran Canaria sostuvieron ayer que esta petición no condicionará en absoluto a que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana conceda la licencia urbanística para comenzar las obras del Siam Park de Gran Canaria.

El Veril: llevamos 5 años diciendo lo mismo

Ahora el Estado comienza a reclamar lo que es suyo. Y a la vez comienza a oler muy mal todo este procedimiento, cuando en los orígenes, la promotora quiso engañar con la propiedad del suelo. Ahora tiene que pagar y se verá lo “caro” que fue cambiar la opción de suelo preparado en el PIO en la zona de Tarajalillo. No quisieron pagar lo que costaba allá, y ahora acá el cauce del barranco le cuesta 14,3 millones.

Interesante reportaje del periódico La Provincia. Los reproducimos íntegramente.

San Bartolomé de Tirajana

El Estado cuantifica en 14,3 millones los aprovechamientos urbanísticos en El Veril

Un informe de Hacienda niega que el promotor del parque acuático Siam Park tenga derecho a estas plusvalías aunque disponga ya de la concesión administrativa

J. Montesdeoca/ R. Torres 26.10.2019 | 22:48

Terrenos de El Veril donde se proyecta el Siam Park. Se aprecia la canalización del barranco que ha llevado a cabo el Grupo Loro Parque. SANTI BLANCO.

La Administración General del Estado ha tasado en 14,3 millones de euros el valor de los aprovechamientos urbanísticos otorgados por el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del ámbito de El Veril sobre los terrenos públicos ubicados en el barranco donde el Grupo Loro Parque pretende construir el parque acuático Siam Park, con espacios comerciales en su interior, y un hotel de 300 habitaciones.

Es decir, la compañía tendrá que abonar esta cantidad en concepto de plusvalías sobre los terrenos con concesión administrativa [por 25 años] y el uso público del suelo si quiere desarrollar el proyecto, según revela un informe elaborado por el Ministerio de Hacienda dirigido al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana al que ha tenido acceso este periódico. En el ámbito de El Veril, el Grupo Loro Parque y el Estado comparten la titularidad de varios suelos.

En el informe sobre la afección de los terrenos de dominio público hidráulico de titularidad estatal, el Ministerio de Hacienda ha calculado que de los aprovechamientos urbanísticos de los 121.000 metros cuadrados de terreno público le corresponden 14.319 unidades de aprovechamiento por valor de 11,5 millones de euros, mientras que al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana le corresponden 3.502 unidades de aprovechamiento que alcanzan un valor de 2,8 millones de euros.

Este informe se incluye en un oficio que el Ministerio de Hacienda, a través de la delegación de Economía y Hacienda en Las Palmas, ha remitido al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en el cual se insta a la Corporación municipal a que se paralice la gestión y ejecución urbanística del proyecto del Siam Park ya que se asienta sobre terrenos que no son de un único propietario.

En ese mismo oficio, que Hacienda dirigió al Ayuntamiento el 17 de octubre de 2019 ante la falta de respuesta del Consejo Insular de Aguas después de 10 meses de espera, el ministerio comunica al consistorio sureño que ha comenzado los trámites para exigir la titularidad de los terrenos ubicados en el dominio público hidráulico de El Veril, que en este caso corresponde a los barrancos del Guincho, Buenavista y Cañizo.

En el documento, el ministerio recuerda que aunque la empresa Loro Parque tenga la concesión administrativa sobre parte de los terrenos ubicados en el barranco no significa que lleve implícito el derecho a los aprovechamientos urbanísticos que de ellos emanan.

Beneficios económicos

«El que sobre los terrenos del cauce público exista una concesión habilita al concesionario a construir un parque acuático sobre la parcela resultante en donde estarán incluidos esos terrenos, permitiendo consumir el aprovechamiento edificatorio que le corresponde por la ordenación del sector en el PMM», señala el informe, «pero la concesión no le habilita a obtener el resto de aprovechamiento urbanístico que le corresponden a esos terrenos por estar dentro del sector a ordenar».

El Plan de Modernización del ámbito de El Veril estima como único propietario de los suelos a la mercantil Loro Parque porque tiene registrados todos los terrenos que se incluyen en este sector y además tiene la concesión del suelo sobre el que pesa la doble inmatriculación.

Pero el Estado rechaza esa tesis porque el proyecto incluye un hotel del cual la empresa obtendrá otros beneficios económicos. «La ubicación de las parcelas lucrativas, aunque puedan coincidir con la de los terrenos aportados, no son las mismas, pues varía el aprovechamiento lucrativo de cada una de ellas, que es el que hay que distribuir según la superficie de terrenos aportados por cada uno de los propietarios», señala el informe que adjunta el oficio remitido por Hacienda.

La empresa Loro Parque insistió ayer en que efectivamente el Estado tiene derechos sobre el suelo, pero no sobre los aprovechamientos urbanísticos que se derivan de él. «Si el Estado quería aprovechamientos urbanísticos tenía que haberlo comunicado con carácter previo a la concesión administrativa del barranco», reclamó el responsable de los servicios jurídicos de Loro Parque, Jaime Rodríguez Cie, «no puede venir a reclamar cinco años después porque él mismo ha declinado su participación en el procedimiento al no presentar alegaciones en el año 2014».

En su informe, el Ministerio de Hacienda exige al Consejo Insular de Agua, como gestor de dominio público hidráulico, a que reclame el inicio de los trámites para constituir la Junta de Compensación.

Las exigencias del Ministerio de Hacienda aterrizan en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana cinco años después de que el Estado no se opusiera al desarrollo del proyecto del Siam Park al no presentar ninguna alegación al documento. Para la empresa promotora del espacio, Loro Parque, «no existen las casualidades; es extraño que ahora que el Ayuntamiento ha dicho que quiera desbloquear el Siam Park Hacienda intente frenarlo», explicó ayer el abogado de la compañía, Jaime Rodríguez Cie.

No obstante, tanto la empresa como el Cabildo de Gran Canaria sostuvieron ayer que esta petición no condicionará en absoluto a que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana conceda la licencia urbanística para comenzar las obras del Siam Park de Gran Canaria.