ECOENER el nuevo señor y patrono de la energía fotovoltaica del noreste de Gran Canaria

Turcón Ecologistas en Acción presenta alegaciones ante la Dirección General de Energía, de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias sobre la “Instalación Solar Fotovoltaica Amagro de 2 MW”, en el Término Municipal de Gáldar, promovida por la entidad Herdanera, S.L., filial plena de ECOENER.

El proyecto es una nueva instalación solar fotovoltaicas sobre suelo rústico con una potencia de 2,4 MWp que afectan a una superficie ocupada, sólo por la instalación fotovoltaica, de unas 6,1 hectáreas, sobre suelo rústico de muy alto valor agrícola productivo actual y potencial y clasificado como SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA INTENSIVA por el PGO de Gáldar. A su vez esta instalación termina afectando a unas 6,9 hectáreas de suelo de los municipios de Gáldar y Agaete si se toma en consideración la afección de la línea de evacuación.

Esta instalación se suma a los otros 4 macroproyectos planteados de instalaciones solares fotovoltaicas sobre suelo rústico de unos 8 MWp en total (4 proyectos de 2 MWp cada uno) y que afectan a una superficie de unas 11,7 hectáreas, también sobre SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA INTENSIVA. Promovidas por ECOENER, a través de otra sociedad dependiente, Hierba Muda, S.L., con la denominación de El Barrial, Anso, Gáldar y Marmolejos.

En total, con los 5 proyectos se instalan más de 10 MWp fotovoltaicos y se transforman casi 18 hectáreas de suelo agrícola productivo y de alta protección, de forma permanente e irreversible.

No hay que olvidar que estas instalaciones también tienen como consecuencia la promoción, por parte de ECOENER, de líneas de evacuación de media tensión (22 kV), una nueva Subestación Eléctrica en Agaete y una nueva línea eléctrica de 66 kV desde esta nueva Subestación, con un recorrido de casi 10 kilómetros, hasta la Subestación Eléctrica de Guía, todo ello con un impacto ambiental y paisajístico inasumible.

El espacio agrícola que se pretende transformar de forma irreversible se encuentra entre el Barranco de El Juncal y la zona conocida como Costa de Botija.

Como ya se indica en el propio Plan Insular de Ordenación de Territorio de Gran Canaria (PIO/GC), la finalidad de ordenación de esta zona es la preservación de la actividad agrícola existente frente a otros usos diferentes o ajenos a la actividad agrícola, la conservación y mejora de los paisajes agrarios y de los elementos naturales y patrimoniales existentes. Por otra parte, esta zona se encuentra integrada en un Área Agrícola de Valor Estructurante, considerada un Área de Interés Insular dentro de las Acciones Estructurantes previstas por el PIO/GC.

La ejecución de estas instalaciones va a destruir las infraestructuras existentes de carácter hidráulico, de acceso, o de cualquier otro tipo, al servicio de la explotación agrícola. Y, por otro lado, el porcentaje de ocupación de todas las infraestructuras de nueva creación (incluyendo las plataformas de montaje, zonas de operación y otros elementos) será inasumible en relación a la superficie total del área estratégica considerada, y a la superficie cultivada en la actualidad que va a ser transformada.

Esta instalación no está prevista en el planeamiento municipal y, por tanto, la implantación de estas plantas de generación de energía fotovoltaica en SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGRARIA INTENSIVA no procede autorizarla, ni declararla de interés público y social.

No es de recibo que el interés particular de un grupo financiero especulativo como ECOENER, a través de diferentes sociedades dependientes al 100%, esté por encima del ordenamiento municipal, insular y del interés general y social de preservar un área agrícola estructurante.

Por tanto, “No procede la ocupación de Suelo Agrícola con Instalaciones de Energías Renovables, las cuales sólo podrán autorizarse como uso complementario en las cubiertas de instalaciones, construcciones y edificaciones existentes.”  Por lo tanto, deben estar asociadas a cubiertas de edificios preexistentes, pérgolas o invernaderos en producción y destinadas a satisfacer las demandas energéticas de las fincas en cuestión con suministro a red de excedentes.

El desarrollo de las instalaciones fotovoltaicas sobre cubiertas y espacios urbanos y urbanizables en el área de Agaete, Gáldar y Santa María de Guía cubre con creces las posibilidades de diversificación de fuentes energéticas. Por otro lado, este modelo aporta más estabilidad al sistema eléctrico de Gran Canaria que las macrohuertas fotovoltaicas que pretende ECOENER. Las instalaciones promovidas por ECOENER están alejadas de la demanda de energía eléctrica y, por tanto, necesitan la infraestructura de transporte de energía a distancia, con una línea de alta tensión, que no haría falta con otro modelo. Se necesitan instalaciones integradas con la demanda de energía y almacenamiento distribuido, y de forma efectiva, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en las centrales termoeléctricas de Gran Canaria.

Este modelo descentralizado sobre cubiertas y asociado a la demanda de energía eléctrica se traduce en mayores beneficios percibidos por la población local y mayores posibilidades de inversión de las pymes canarias, la mayor creación de puestos de trabajo especializados y la consolidación de un tejido empresarial en sectores tecnológicos vinculados a las energías renovables, que las macroinstalaciones fotovoltaicas centralizadas en pocas manos como es el caso de ECOENER, no aportan.

Por tanto, la propuesta de IF de Amagro debe reconsiderarse integrada en la red existente de media y baja tensión, resultando totalmente congruente con el fomento de las energías renovables por el que apuesta el Plan de Transición Energética de Canarias (PETCAN), donde se indica que “las energías renovables contribuyen simultáneamente a mejorar la seguridad del aprovisionamiento, tienen un impacto medioambiental menor, tienen un carácter descentralizado, lo que favorece su incorporación en sistemas insulares y zonas aisladas, y tienen también un importante componente social en materia de yacimientos de empleo”.

Ya en un tercer apartado de la alegación se incide en como almacenar y fijar carbono; se dice, no hay que olvidar que los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la descomposición de la materia orgánica en el suelo y el reciclado de nutrientes y, finalmente, secuestro y almacenamiento de carbono. Todo ello sin contar la capacidad de fijación de carbono a través de la agricultura ecológica, aporte de materia orgánica, renaturalización de suelos y reforestación, así como la capacidad de secuestro de carbono aplicando elementos de mejora como el BIOCHAR.

Son cruciales para la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, la producción agrícola y la seguridad alimentaria, preservando la naturaleza y la biodiversidad, y son vitales para alcanzar los objetivos clave del Pacto Verde Europeo.

La Estrategia de la UE para el Suelo para 2030 establece la visión de tener todos los suelos en condiciones saludables de aquí a 2050. La UE viene alertando que la ocupación y sellado del suelo, como el que se realiza con las macroinstalaciones fotovoltaicas sobre suelo rústico. Los suelos sanos son esenciales para lograr la neutralidad climática, una economía limpia y circular, revertir la pérdida de biodiversidad, proporcionar alimentos saludables, salvaguardar la salud humana y detener la desertificación y la degradación de la tierra.

Queda evidenciado que la estrategia que se promueve con este tipo de instalaciones de plantear el territorio como mero solar para la producción energética es totalmente contradictoria con las políticas que promueve la Unión Europea en relación al suelo. Cuando se proponen instalaciones o infraestructuras de energías renovables sobre suelo, se está olvidando que se está perdiendo, a largo plazo, la capacidad de albergar carbono de ese suelo y de drenar agua. Razones de más para prohibir cualquier tipo de instalación de energías renovables, especialmente de energía solar fotovoltaica sobre suelo.

Los suelos contienen más carbono orgánico del que contienen la atmósfera (760.000 millones de toneladas) y la vegetación (560.000 millones de toneladas). Se estima que el suelo capta anualmente alrededor del 20 % de las emisiones de CO₂ producidas por el ser humano en el mundo.

Para hacernos una idea del drama que supone seguir con la política de implantación de energías renovables que promueve el PTECAN 2030, destacar que, en promedio, una hectárea de pastos en un suelo mineral contiene 160 toneladas de carbono por hectárea en los primeros 30 cm, mientras que las tierras de cultivo contienen alrededor de 110 toneladas de carbono por hectárea, que son liberados en el momento de ocupar y transformar los suelos por parte de las macroinstalaciones fotovoltaicas.

Por tanto, en cuanto a los criterios para la ubicación geográfica de las instalaciones se deberá incluir como Criterio 1, las orientaciones de la UE de protección de suelo como elemento principal de almacenamiento y fijación de carbono en la naturaleza y, por tanto, evitar su transformación u ocupación con instalaciones de energías renovables, especialmente fotovoltaica sobre suelo. Por todos los argumentos evidenciados los ecologistas de Turcón solicitan no se considere o rechace la declaración de interés público del proyecto de Planta Solar Fotovoltaica Amagro de 2,4 MWp de potencia, así con las infraestructuras asociadas, como la linea de evacuación ubicadas en suelo de Protección Agrícola Intensiva del municipio de Gáldar, todas ellas promovidas por la entidad mercantil HERBANERA S.L. (dependiente al 100% de ECOENER). Por lo dicho no se debe autorizar este proyecto.

Ben Magec denuncia la aprobación de un nuevo hotel con 1000 plazas alojativas en Corralejo

En estos días ha sido noticia, en medio de la exigencia ciudadana de una moratoria turística, la polémica aprobación de un nuevo establecimiento hotelero de casi mil plazas alojativas en Corralejo, al norte de Fuerteventura. Una aprobación que parte del Gobierno de Canarias cuya decisión final depende del Cabildo de Fuerteventura.

Esta actuación por parte de las instituciones públicas supone una enorme irresponsabilidad, un total ninguneo de las protestas y del debate mayoritario, además una preocupante falta de visión de futuro en el actual contexto de crisis climática y de escasez de recursos, masificación y destrucción de las islas, se siga apostando por el crecimiento turístico sin límites. La revisión del modelo económico canario y el decrecimiento de las actividades económicas destructivas, como la turística, hace tiempo que son una urgencia para nuestras islas. Sin embargo, lejos de poner freno y replantear este modelo económico, nuestros responsables políticos y el lobby empresarial del turismo y la construcción siguen apostando por crecer infinitamente, aprobando nuevos proyectos en todas las islas y favoreciendo la llegada de cada vez más y más turistas. Mientras los beneficios millonarios se los reparten unos pocos, la población local se ve obligada a asumir los problemas que esta actividad genera.

El modelo turístico canario se ha caracterizado desde sus inicios por tener una vocación claramente invasiva y especulativa en el territorio, enfocado hacía un turismo de masas y aportando un bajo valor añadido, privatizando los grandes beneficios de la especulación urbanística y de la actividad turística mientras se socializan las pérdidas y los costes sociales y ambientales.

El pasado 20 de abril más de 200.000 personas salimos a la calle en todas las islas, además de miles de canarios y canarias que se movilizaron en decenas de ciudades del mundo, para exigir de manera urgente medidas que paren la destrucción de nuestro territorio, la turistificación de cada rincón del archipiélago y la masificación, falta de vivienda y escasez de recursos básicos, como el agua, que nos dificultan lo más elemental; seguir viviendo en nuestra tierra. Entre estas medidas se contempla como prioritaria una moratoria turística y vacacional que ponga freno al insostenible e ilimitado crecimiento de una industria depredadora que ocupa todos nuestros espacios y precariza a nuestra gente, con jornadas abusivas y salarios de miseria.

Pese a las protestas y el debate público mayoritario, solo cuatro días después de las históricas manifestaciones, se rechazaban todas esas medidas en el Parlamento canario con los votos en contra de Coalición Canaria, Partido Popular, Asamblea Herreña Independiente y Agrupación Socialista Gomera. Una declaración de intenciones totalmente contraria al sentir mayoritario de la población a la que deberían representar.

La aprobación de este nuevo hotel en Fuerteventura no es el único proyecto sobre la mesa. En Lanzarote está en construcción un nuevo hotel con 600 camas y se inauguró recientemente el que nombran orgullosamente “el hotel más grande de la isla”, con más de 100.000 metros cuadrados y 1400 plazas alojativas. En Tenerife siguen adelante las obras en el Puertito de Adeje y La Tejita, pese a las continuas protestas y una huelga de hambre que exigía su paralización. En Gran Canaria, Lopesan tiene la aprobación para construir un hotel de 5 estrellas y 1200 camas en Meloneras. La apuesta por parte de las instituciones canarias por dar continuidad a un modelo absolutamente caduco y fracasado es clara, intentando, además, trasladarlo a islas que aún no sufren los problemas de las demás, como es el caso de La Palma, La Gomera y El Hierro. En La Palma, el Cabildo ya declaró, por unanimidad, el interés insular de dos proyectos turísticos privados; un resort con 1400 camas y un campo de golf en La Pavona, además de un hotel balneario acompañado de villas de lujo.

La historia nos ha enseñado los efectos perversos que el actual modelo turístico lleva aparejado. La ocupación masiva del litoral ha ocasionado daños ambientales irreparables, fragmentando los ecosistemas costeros y afectando gravemente a hábitats y especies endémicas, socavando a largo plazo los propios atractivos turísticos. La falta de planificación urbanística de gran parte gran parte del litoral canario, en donde los hoteles y urbanizaciones turísticas han ocupado lugares privilegiados, mercantilizado las playas convirtiéndolas cada vez menos accesibles para el uso y disfrute de la población local, ha generado un creciente rechazo en la ciudadanía.

Exigimos al ejecutivo regional que sea responsable, que demuestre visión de futuro y ponga freno al crecimiento del sector turístico, apostando por otro modelo económico más justo y sostenible con el territorio y con quienes lo habitamos, y tome medidas urgentes como la demolición de los hoteles que ocupan ilegalmente nuestra costa, como el RIU Oliva Beach, paralice las obras que siguen destruyendo nuestro territorio, incumpliendo la legalidad, y paralice inmediatamente la concesión de nuevas licencias para proyectos turísticos que perpetúan el modelo actual. A su vez, pedimos al Cabildo de Fuerteventura, de quien depende la licencia final, que sea consecuente con el sentir mayoritario de la población y paralice el proyecto.

Canarias tiene un límite. ¡Moratoria turística ya!

Rosiana confirma sus enormes valores naturales, culturales e históricos

COMUNICADO DE PRENSA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE TURCÓN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

Turcón planteo un sendero con una mirada patrimonial de acercamiento y descubrimiento de lo etnográfico, cultural, histórico, y de su extensa biodiversidad. Un camino de especial celebración de “fiesta canaria” y pervivencia del legado Amazigh

Se trataba de su ruta número cinco del calendario anual. Con la participación de unas 36 personas, recorrieron los 12 kms planificados por los bordes occidentales de Rosiana, aproximándose a la cabecera del Monumento Natural del Barranco del Draguillo.

Una ruta desarrollada netamente en el municipio de Telde, que tuvo como primeras zonas y más recónditas del recorrido, el camino del Barranco de La Mina, hasta llegar a la galería de Jarcón, y el Barranco del Infiernillo con la visión de las obras inacabadas de una presa que nunca se llegó a construir en el siglo pasado.

Dentro de su programa de actividades denominado “El patrimonio cultural a la vista” la ruta prosiguió por el Cortijo de Las Nareas, los Cercados de Juan Tello, la Cañada y Era de los Morales, Hoya Triguera- Calderetas (706 m.a.), Montaña de las Triguerillas-Casas del Cortijo-Cuevas de Cazorla-Cañada de los Hinojos (bosquete)- Caserío de Rosiana y, finalizando, la ruta en el Lomo de La Palma (en la cota 497 m.a.).

Con interpretación arqueológica

El Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción continúa con su programa anual de visitas a los espacios culturales de la Isla. Con el objetivo de concienciar, enseñar y divulgar el enorme patrimonio que tenemos.

Con las explicaciones rigurosas de Abel Galindo, arqueólogo de Telde, se diseñó una aventurera ruta que pretende alcanzar hitos etnográficos y arqueológicos que atestiguan los usos y costumbres de los antiguos pobladores. La zona recorrida alberga un estimable patrimonio de carácter etnográfico, constituido por numerosas estructuras y edificaciones que fueron construidas en época histórica y forman parte de la expresión material de la cultura tradicional. El estudio de estos vestigios contribuye a desvelar las formas de vida y la economía tradicional de los antiguos habitantes de la isla.

Enlace para visualizar galería de imagenes de la ruta

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Colaboración: Esta actividad cuenta con la colaboración de la Consejería de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria y la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias.

Próximas actividades del Colectivo Turcón.

• Viernes, día 24 de mayo, a las 19,30h. en el Círculo Cultural de Telde, charla sobre “El ecosistema de las Dunas de Maspalomas, conservación, impactos y perspectivas de futuro”.

• Ruta de senderismo, sábado, 8 de junio, por Temisas y Agüimes, visitando los hitos patrimoniales de la zona.

Turcón difunde el estudio del Reconocimiento Geofísico de la Presa de Chira

Un documento que se ha conseguido después de cinco años de lucha judicial, donde finalmente el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria ha tenido que entregar el Estudio, en la fase de Sentencia Firme y Ejecución Forzosa.

Los tribunales de justicia han dictaminado que no había motivo suficiente para el “secuestro” de tal documento y, por tanto, Turcón ganó el pleito judicial, en aras de una mayor transparencia de las instituciones públicas de la difusión de los documentos que se financian, igualmente, con los fondos públicos.

Llegados a este punto, Turcón se pregunta por qué no se entregó el documento en su momento; porqué esta contumacia del Consejo Insular de Aguas y del Cabildo, por retenerlo; porqué mantener un pleito judicial sufragado con los presupuestos públicos, para defender la opacidad en un Estudio de apenas 149 páginas.

Qué dice el Estudio

El “RECONOCIMIENTO GEOFÍSICO-GEOTÉCNICO DE LA PRESA DE CHIRA, EN SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA (GRAN CANARIA)”, firmado en mayo de 2018 por los responsables de la empresa «Aplicaciones Geofísicas Insulares, S.L.” Raúl Mínguez, geólogo, Pilar Medina, Ingeniero de Obras Públicas y Carlos Calvo, geólogo:  según el contrato de «ASISTENCIA TÉCNICA” realizado por el CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA.

El estudio geofísico para el reconocimiento de la Presa de Chira, han consistido en dos fases, una fase inicial (Fase 1) basada en ensayos geofísicos de superficie, realizada en marzo de 2018; y una segunda fase (Fase 11) posterior a los trabajos de Geotécnia, para completar la geofísica de superficie y realizar los ensayos geofísicos de pozo, una vez realizados y acondicionados los sondeos, en mayo de 2018.

Los autores aclaran que, “la Presa de Chira se ejecutó en tres fases distintas terminándose su construcción en el año 1964. Según el libro de Grandes Presas publicado en el año 2005, está emplazada a una altitud de 875 m.s.n.m. en el Barranco de Chira, que es un afluente por la margen izquierda del Barranco de Arguineguín. La Presa es del tipo de gravedad de fábrica de mampostería con acabados de paramentos mediante sillares. Su paramento de aguas arriba está impermeabilizado con 15 cm de hormigón en masa, su altura sobre cauce es de 32 metros y la longitud de coronación alcanza los 260 metros en desarrollo curvo de 400 metros de radio de curvatura. Los taludes son 0,05 aguas arriba y 0,75 aguas abajo con una anchura de coronación de 4 metros. Además de lo expuesto, la cerrada se localiza sobre ignimbritas traquitico-rioliticas del Ciclo 1 (Mioceno) y tiene una morfología en «V» hasta la cota 885, abriéndose progresivamente a partir de esa cota. La presa dispone de aliviadero en lámina libre de labio fijo de vertido frontal con una longitud de 42,50 m que descarga a un canal que aguas abajo de la coronación se queda sobre el sustrato rocoso, sin revestimiento alguno. La presa no dispone de desagüe de fondo, galerías ni red de drenaje.”

Una lucha por una gestión justa del agua y la energía en beneficio de la ciudadanía y por  la conservación de los entornos de las Presas de Chira y de Soria

Desde el año 2008 que se comenzó a hablar del Modelo de Gestión de la Central Hidroeléctrica de Bombeo Soria-Chira, tanto la Federación Ecologista Ben Magec como el Colectivo Turcón-Eea, comenzaron a cuestionar tal proyecto.

Además de presentar numerosos documentos de alegaciones y pleitos judiciales, Turcón-EeA presentó en Telde, en el año 2017, un libro relacionado con la Presa de Chira, firmado como “expresión personal” por el geógrafo de presas, Jaime González.

Al año siguiente, en el 2018, Turcón-EeA realizó una visita, a modo de ruta de divulgación y concienciación, por los lugares cercanos de la Presa de Chira, explicando los enormes valores naturales y culturales del lugar, así como, unas breves reseñas del macro-proyecto que alteraría el equilibrio de la zona.

Una oposición coherente, perseverante y decidida.

En mayo de 2021, en el seno de su máximo órgano de decisión, Consejo Federal extraordinario, e impulsado por el Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción, Ben Magec reitera su oposición al actual proyecto de Central Hidroeléctrica Chira Soria y solicita a las instituciones que abran un debate participativo sobre el modelo energético sostenible que necesitamos para Canarias. Desde la federación ecologista se ve con preocupación la gran cantidad de nuevos proyectos que, justificados por la urgencia de transformar el modelo energético especialmente contaminante que tienen las islas, se están iniciando en Canarias. Esta transición se está llevando a cabo sin hacer un análisis profundo y democrático sobre el “mix energético” que necesitamos en nuestros sistemas insulares.

2021, primera sentencia favorable para acceder al Estudio

Desde que Turcón tiene conocimiento de la redacción del Estudio de Reconocimiento de la Presa de Chira, solicita su acceso (2018).

La primera Sentencia de fecha 12 de noviembre de 2021, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, reconoció el derecho de la asociación ECOLOGISTA TURCON al acceso, consulta y copia del Estudio Reconocimiento Geofísico de la Presa de Chira, todo ello con imposición de costas a la Administración.

Sin embargo, el Consejo Insular de Aguas y el Cabildo, recurren la misma hasta llegado el día actual en el que mediante Ejecución Forzosa de dos sentencias firmas, dos sentencias, se entrega el documento a esta Asociación.

Accede a ver el ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO de la PRESA DE CHIRA en el siguiente enlace:

reconocimiento_geofisico_de_la_presa_de_chiraDescarga

Ben Magec – Ecologistas en Acción presenta alegaciones al anteproyecto de la Ley de Vivienda Vacacional

Este 9 de mayo de 2024 ha finalizado el plazo para presentar alegaciones al Anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas que se convertirá en la Futura Ley de Vivienda Vacacional de Canarias, presentada por la Consejería de Turismo y Empleo, dirigida por Jessica de León (PP).

Actualmente, en Canarias existen más de 54.000 viviendas vacacionales registradas, 14.000 más que antes del anuncio del anteproyecto de ley y que ofrecen cerca de 200.000 plazas alojativas. Un efecto llamada que ha generado un aumento de unos 70 nuevos alquileres vacacionales por día, sin contar las miles de viviendas irregulares disponibles en los diferentes portales de internet. Una problemática que no hace más que agravarse y dar pie a la especulación inmobiliaria, la gentrificación y turistificación de las zonas residenciales, la escasez y encarecimiento de la vivienda y la consiguiente expulsión de la población de sus espacios.

La permisividad del Gobierno de Canarias en esta materia está provocando que la vivienda pierda su función social, que es la de habitar. Por ejemplo, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura), tres de cada diez viviendas son utilizadas como alquiler vacacional, algo que está expulsando y desplazando a la población local de los pueblos y barrios donde han nacido e imposibilitando el acceso a la vivienda de miles de canarios y canarias. Esta circunstancia es aún más llamativa si tenemos en cuenta la propia Constitución Española, que en su artículo 47 establece claramente que toda la ciudadanía tiene el derecho de disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que, además, son los propios poderes públicos los encargados de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Sin embargo, el ejecutivo canario no solo no cumple con su obligación de defender el interés general, sino que promueve actuaciones completamente contrarias a él y abre la puerta a la turistificación de todos los espacios insulares, desplazando el uso turístico del suelo hasta zonas rústicas, urbanas residenciales e incluso parques naturales.

Es absolutamente necesaria y urgente una normativa que regule, controle y limite el alquiler turístico y ponga fin a la grave crisis habitacional que sufren las islas. Por ello, consideramos insuficiente una Ley de Vivienda Vacacional que no solo no regula la problemática actual sino que, además, la potencia y perpetúa.

El primer paso para regular esta actividad debería ser tener conocimiento pleno de la situación del mercado vacacional en las islas, realizando estudios para catalogar y controlar el número real de viviendas vacacionales existentes, regladas y no regladas. Medidas como una moratoria que permita frenar las nuevas licencias, una tasa o impuesto para esta actividad o los incentivos fiscales para las viviendas vacacionales que vuelvan al alquiler residencial ayudarían a paliar en el corto plazo los efectos negativos de esta actividad. Sin embargo, ninguna de ellas se contempla en la regulación propuesta por el Gobierno de Canarias.

A continuación, detallamos las alegaciones presentadas:

1. Realizar estudios para catalogar y controlar el número real de viviendas vacacionales que hay en Canarias, regladas y no regladas.

2. Regulación más efectiva para abordar la problemática detectada y evitar potenciarla tal como sucede con el anteproyecto planteado.

3. Que el porcentaje de viviendas vacacionales implantadas vaya vinculado al número de viviendas construidas y habitables y no al número de viviendas planeadas.

4. Que las plazas ofertadas por las viviendas vacacionales sean contabilizadas conjuntamente con el resto de plazas de la isla, estableciendo un techo de camas en cada isla.

5. Justificación con estudios de capacidad de carga y sostenibilidad de los posibles porcentajes que se establezcan y no arbitrariamente.

6. Armonización de las políticas propuestas de esta Ley con las establecidas en el Decreto Ley habitacional con las conclusiones de expertos para garantizar una regulación efectiva.

7. Ajustar los plazos a dos años para el cumplimiento de los requisitos para las viviendas vacacionales para garantizar que estas no sigan contribuyendo negativamente a la crisis habitacional.

8. Establecer el porcentaje de la reserva de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística con destino exclusivo para uso residencial y excluyente del uso turístico al alza para las “islas verdes” (en un 95%).

9. Determinar el procedimiento de cómo se reducirán los excesos en aquellos municipios que ya superan el límite máximo establecido.

10. Aumentar las exigencias a aquellas viviendas vacacionales existentes con al menos la conexión a la red de alcantarillado municipal. Implementar control de consumo de agua y contadores individuales en el abastecimiento de estas viviendas. Regular sobre otras cuestiones que ejercen presión sobre el local: aparcamiento, uso de espacios naturales protegidos, ruido, etc.

11. Inclusión de un régimen sancionador claro y efectivo para garantizar el cumplimiento de la normativa.

12. Aplicación de una tasa o impuesto específico para este tipo de actividad.

13. Cuestionar el agravio comparativo implícito en la disposición transitoria tercera y solicitar un trato equitativo para todos los propietarios de viviendas en el mercado de alquiler de larga duración.

14. Por último, queremos añadir que, de manera urgente, debe aprobarse una moratoria que prohíba la tramitación y autorización de nuevas licencias hasta la aprobación de la ley de forma definitiva, ley que debe aplicarse con carácter retroactivo.