Continuamos firmes y reprobamos el proyecto de Bombeo Reversible Soria – Chira

COMUNICADO DE PRENSA Junta Directiva de Turcón

El Colectivo Turcón Ecologistas en Acción continúa firme en su crítica y lucha contra el proyecto de Bombeo Reversible de Soria – Chira

Una de sus últimas actuaciones ha sido presentar alegaciones a la retribución que pretende cobrar Red Eléctrica por la Instalación Hidráulica reversible de 200 MW.

El pasado 10 de agosto, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España (MiTEco) sometió a un proceso de audiencia, durante 15 días naturales, a la nueva documentación incorporada por Red Eléctrica de España, S.A con un nuevo valor de inversión para la Central de Bombeo Reversible Soria – Chira, ampliando a 618 M€ como inversión provisional, sin incluir las líneas de evacuación eléctrica y subestaciones o la necesidad de readaptación de las presas y el riesgo asociado.

También en esa documentación, donde la mayor parte de los datos económicos se declaran confidenciales, Red Eléctrica evalúa las incertidumbres económicas que genera esta inversión tanto en su ejecución (riesgos asociados a la construcción de la caverna) como en los costes de operación y mantenimiento reales debido al alza de precios de los combustibles y los insumos. Con todo ello Red Eléctrica pretende incrementar su retribución durante el período de concesión (50 – 75 años) advirtiendo de que si no se reajusta la retribución la central de bombeo no es viable económicamente.

Inmediatamente, el 11 de agosto, el Colectivo Turcón, presentó un escrito al MiTEco, solicitando la ampliación de plazo para presentar alegaciones y tener acceso a toda la información incorporada al expediente, a lo que el MiTEco respondió el 23 de agosto ampliando el plazo de presentación de alegaciones en 5 días hábiles, hasta el 2 de septiembre. Este hecho, nos consta, que ha permitido que muchas otras entidades y personas interesadas hayan podido presentar alegaciones a éste trámite.

Finalmente, y después de un arduo trabajo de recopilación de información y elaboración, el 2 de septiembre se ha conseguido presentar un pliego de alegaciones de más de 100 páginas, que no sólo pone en cuestión la retribución solicitada sino también la viabilidad completa del proyecto tanto en sus aspectos económicos de retribución exigida por Red Eléctrica, por los riesgos económicos que puede suponer para el erario público y la deuda, sino también en los aspectos relacionados con el impacto ambiental, la gestión del agua y el modelo energético que promueve, totalmente injusto para la sociedad canaria.

Materiales de sensibilización puestos en circulación por Turcón

En este amplio pliego de alegaciones, que figura como Anexo, se recogen toda una serie de asuntos que refutan la totalidad del proyecto de Bombeo Reversible Soria – Chira y demandan que se promueva un plan de transición energética más justo basado en energías renovables descentralizadas asociadas a los consumidores de energía eléctrica, a la gestión de la demanda y a las microrredes eléctricas inteligentes, y no en grandes infraestructuras que dañen el territorio.

Las alegaciones se resumen en las siguientes “ideas fuerza”:

  • Los altos costes del proyecto (618 M€ como inversión provisional, el triple de lo tasado inicialmente), su baja eficiencia energética (50%, va a consumir el doble de energía eléctrica de la que podría devolver al sistema con el salto hidráulico), su bajo impacto en la penetración de renovables (4%) y las incertidumbres técnicas y económicas, como la construcción de la caverna, lo hacen inviable económicamente.
  • Red Eléctrica pretende forzar la retribución económica para alcanzar la máxima rentabilidad y cargar al sistema público y a la ciudadanía en general con todos los riesgos e incertidumbres que genera el proyecto. Las primeras estimaciones sobre la retribución total ascendía a 1.500 M€, ahora, con las nuevas peticiones de REE la retribución podría alcanzar los 3.000 M€.
  • Red Eléctrica con la declaración de confidencialidad de los datos causa indefensión y vulnera los intereses legítimos para presentar alegaciones y recalcular la retribución económica conforme a la nueva realidad económica del proyecto y conocer la repercusión real sobre el sistema eléctrico a medio y largo plazo, y, por tanto, vulnera el interés general. Desconocemos cuál será el nuevo valor propuesto €/MWh, y el importe de operación y mantenimiento fijo anual.
  • Red Eléctrica pretende aprovecharse de determinadas retribuciones financieras de renovables o de los grupos generadores no peninsulares a las que no tiene derecho y no deben ser consideradas por el Ministerio de Transición Ecológica. La imposición por orden ministerial beneficia a una única empresa y una única tecnología y/o modelo constituyendo Ayudas de Estado incompatibles con la Unión Europea al generar ventajas competitivas y distorsiones del mercado interior de la electricidad, monopolizando el almacenamiento masivo de energía en la Isla de Gran Canaria.
  • Se promueve un sistema eléctrico ineficaz que generará conflicto de intereses entre productores, suministradores, gestores de las redes de transporte y los propios consumidores con capacidad de gestión de la demanda y no genera incentivos para inversiones en otro tipo de sistemas de almacenamiento de energía, sistemas térmicos con más capacidad de regulación, gestión de la demanda descentralizada o microrredes eléctricas inteligentes, ni garantiza el acceso de nuevos operadores en el mercado.
  • El modelo impuesto prima al sector de las grandes infraestructuras de energías renovables (eólica y solar sobre suelo agrícola) capitalizadas por grupos financieros y grandes eléctricas, desconectadas de las necesidades reales de la Isla y en contra de los intereses locales de la sociedad canaria y del interés de lo colectivo, permitiendo la privatización de los bienes comunales como el sol, el viento y el agua.
  • Red Eléctrica dice que intenta limitar el uso de la desalinizadora del Barranco de Arguineguín exclusivamente a la actividad de la central de bombeo Chira Soria, no obstante, lo cierto es que el Cabildo de Gran Canaria y el Consejo Insular de Aguas han publicitado en todos los medios de comunicación que: “la central de bombeo solucionará problemas hídricos de la Isla de Gran Canaria y que el agua de la desaladora se destinará a la agricultura y a la gestión forestal”.
  • Según nuestras estimaciones el coste del metro cúbico desalado puesto en el Embalse de Soria puede superar los 2 €/m3, coste muy superior será el del agua puesta en Tejeda o en Artenara, si es que realmente se lleva a cabo esa iniciativa. El tema del agua es delicado en las Islas y es fácil y tentador caer en el populismo. Toda la publicidad financiada por el Cabildo de Gran Canaria [1] en los medios de comunicación ha tenido un efecto manipulador y engañoso sobre la población.
  • Poner a disposición, hasta 75 años, de una multinacional eléctrica los embalses de Chira y Soria puede comprometer la gestión hídrica del barranco de Arguineguín y de la Isla, al no disponer libremente de esas infraestructuras para la gestión pública de las aguas en la Isla de Gran Canaria y que se destine a los usos prioritarios. 50 – 75 años supera de entre 12 y casi 20 veces cualquier período electoral, mucho más que la propia dictadura española. Cuesta imaginar lo que puede evolucionar la tecnología de energías renovables y de gestión de cargas descentralizadas, en ese período y la obsolescencia de la instalación propuesta. ¿No deberían someterse a referéndum decisiones de este calado?
  • El proyecto no resulta compatible con el plan hidrológico. En ninguno de los documentos de planificación hidrológica se prevé la existencia de centrales de bombeo reversible alimentadas por estaciones desaladoras de agua de mar y cuyo destino sea el uso industrial para el almacenamiento de energía eléctrica. A su vez, en la Declaración de impacto ambiental se puso de manifiesto que no estaba completo el estudio de impacto ambiental y que resultaba necesario evaluar el impacto sobre el agua. Una vez recabada la información, no fue sometida a información pública.
  • El proyecto va en contra de los preceptos de la Directiva UE 2000/60 del Marco del Agua: La alteración de los cauces debajo de los embalses, así como la eliminación de la vegetación y el vertido accidental de materiales podrían modificar el riesgo hidrológico actual en el Barranco de Arguineguín. En cuanto a las masas de agua subterránea, la excavación de la caverna y las galerías asociadas interceptarán con el nivel freático del Lomo de la Palma, pudiendo alterar sus características físicas a nivel local.
  • Seguimos esperando la firmeza de la Sentencia Judicial que obligue al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria a dar acceso público al Estudio de Reconocimiento Geofísico de la Presa de Chira y que, seguramente, oculta un nuevo riesgo constructivo para el proyecto ya que la presa de Chira tiene una densidad de fábrica muy baja con una edad superior a 75 años, por lo que de cara al nuevo uso hidroeléctrico la Presa de Chira es precaria y se necesita afrontar una gran obra de adecuación que no se incluyen en el proyecto ni se ha evaluado su impacto económico y ambiental.
  • Afección a la Red Natura 2000 y Zonas de Especial Conservación para la Unión Europea: El proyecto CH Bombeo Chira-Soria tiene afecciones en cuatro espacios de la Red Natura: ZEPA Ayagaures y Pilancones, ZEC Franja Marina de Mogán, ZEC El Nublo II y ZEC Macizo de Tauro II. En este sentido hay que denunciar que la planificación territorial y los planes de uso y gestión de los espacios naturales se están modificando por decisiones políticas, declarando “alegremente” el Interés General de determinadas infraestructuras energéticas. En 2010 se iniciaron todos los trámites para modificar el Plan Rector del Parque Rural del Nublo y así legitimar la central de bombeo Chira-Soria y la prevista en la Cueva de Las Niñas-Soria. En 2022 iniciaron los trámites para modificar el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Mogán, la Ordenanza Municipal provisional Zonas Libres del municipio de Mogán, así como el Plan de Gestión de la ZEC Macizo de Tauro II. Todo ello a pesar de que recientemente el Estado y el Gobierno de Canarias llegaron a un Acuerdo bilateral en el que se clarificó que el 6 bis del sector eléctrico, en ningún caso podía modificar títulos ambientales. La ZEC Macizo de Tauro II debería protegerse a toda costa.
  • La Comisión Nacional de la Energía así como la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ya han manifestado sus reticencias sobre este proyecto, por el conflicto de intereses de Red Eléctrica de España en el ejercicio de sus funciones, así como por la conveniencia o no de la implantación de estas tecnologías. No se ha realizado un análisis coste-beneficio independiente para poder valorar los costes que conlleva la implantación de una tecnología frente a otras y los beneficios que puedan suponer para la sociedad.

Considerando todo lo expuesto se solicitó al MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE:

  1. De acceso a los datos declarados confidenciales.
  2. Que adapte la Memoria del Análisis del Impacto Normativo, en particular los relativos a Impacto Económico y Presupuestaria (competencia, cuantificación estimada de gastos e ingresos sobre los Presupuestos Generales del Estado) y actualización en relación a la normativa comunitaria-pendiente decisión de la Unión Europea.
  3. Que solicite nuevo informe preceptivo a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la viabilidad técnico – económica del proyecto, análisis coste-beneficio y el impacto económico en el sistema eléctrico y repercusión en la deuda, dadas las incertidumbres detectadas en los costes de inversión y explotación del proyecto.
  4. Que formule consulta al Consejo de Estado sobre si la Central de Bombeo Reversible Soria – Chira se ajusta al cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de Energía (titularidad y retribución económica) Aguas (planificación hidrológica y evaluación ambiental) y Medio Ambiente (modificación de los Planes de la Red Natura).
  5. Que no resuelva el presente procedimiento, suspenda la efectividad de las autorizaciones concedidas por las distintas administraciones públicas y que se paralice la ejecución de las obras que se están llevando en el Barranco de Arguineguín por Red Eléctrica, hasta Decisión de la Unión Europea publicada en el Diario Oficial UE conforme al artículo 66 de la Directiva 2019/944 y 64 del Reglamento 2019/943.
  6. Que se inste a las administraciones públicas canarias para que se reconsidere el proyecto de Bombeo Reversible Soria – Chira y se promueva un plan de transición energética basado en energías renovables descentralizadas asociadas a los consumidores de energía eléctrica, a la gestión de la demanda y a las microrredes eléctricas inteligentes, y no en grandes infraestructuras que dañen el territorio.

[1] El propio nombre de la campaña “Salto de Chira”, intentando poner el foco en la energía hidroeléctrica y obviando el “Bombeo de Soria”, claramente buscar crear confusión en la ciudadanía que “cree” que se trata de un sistema de aprovechamiento de energías renovables y no una carga eléctrica artificial con recuperación sólo del 50% de la energía consumida.

Alegaciones y anexos para su lectura y posibilidad de descarga.

Alegaciones al trámite de Audiencia e información pública sobre documentación incorporada a propuesta de Orden por la que se aprueba la retribución de la Instalación Hidráulica reversible de 200 MW Chira – Soria en Gran Canaria

ANEXO: Alegaciones detalladas al trámite de Audiencia e información pública sobre documentación incorporada a propuesta de Orden por la que se aprueba la retribución de la Instalación Hidráulica reversible de 200 MW Chira – Soria en Gran Canaria

Turcón se opone a la implantación del gas ciudad.

Los ecologistas presentaron el pasado día 26 de diciembre alegaciones al expediente de la Dirección General de Industria y Energía.

 Sus argumentos se basan en tres pilares básicos, que los manifiestan en sus argumentaciones al expediente en contra de la distribución de combustibles gaseosos por canalización en Telde, todas las declaraciones citadas son igualmente de aplicación a los demás municipios canarios afectados por el intento de autorización administrativa y declaración de utilidad pública del gobierno; son los que siguen:

 1.- Lucha contra el cambio climático

Los objetivos y la senda de reducción de emisiones de CO2, dirigidos hacia una economía baja en carbono, han de ser ambiciosos, basarse en la evidencia científica y atravesar toda la acción política del Gobierno.

2.- Nuevo modelo productivo y energético

La transición energética (en particular, los planes de eficiencia energética y un sistema eléctrico 100% renovable) crea un tipo de empleo que compatibiliza la reactivación económica con la reducción de emisiones y la creación de una economía circular.

3.- Democratización del sector energético

Apostemos por el desarrollo del autoconsumo renovable, la generación distribuida y las medidas antioligopolio. Proponemos una transición energética socialmente justa que garantice a todos los ciudadanos y las ciudadanas en acceso a la energía, eliminando la pobreza energética de la población.

Turcón Ecologistas en Acción manifiesta que «vivimos en el que podría ser el paraíso de las energías renovables y limpias, pero unos pocos se empeñan en convertirnos en el cementerio del piche, cemento, y ahora, el gas…Una #CanariasSinGas» no es una aspiración ciudadana, es una necesidad de futuro sostenible y limpio.

 Los ecologistas de Turcón se personaron en el expediente núm. RGC-2017/003, de AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA, APROBACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y RECONOCIMIENTO, EN CONCRETO, DE LA UTILIDAD PÚBLICA DEL PROYECTO DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS POR CANALIZACIÓN EN TELDE, (Boletín Oficial del Estado del día 20 de noviembre de 2017) que estuvo en información pública el pasado mes de diciembre. En un largo y razonado documento, su presidente, Honorio Galindo Rocha, detalla algunas de las siguientes cuestiones: Sigue leyendo

Presentamos alegaciones al Complejo Ambiental de Salto del Negro

Los ecologistas de Turcón registraron días pasados pliego de alegaciones al estudio de impacto ambiental del Complejo Ambiental de Salto del Negro en el que se aportan medidas correctoras adicionales al documento en información pública, para mitigar los efectos del cambio climático. Se propone la plantación de árboles en Gran Canaria para compensar el efecto invernadero, adelantando que se debe de realizar en los tres meses posteriores al depósito de los residuos.

Se incide en lo presentado por los ambientalistas en la protección de la salud humana y el medio ambiente, y se apuesta por el reciclado, compostaje y otras formas de valorización para evitar la colmatación del complejo.

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Vista de vaso de vertedero

De acuerdo al anuncio publicado  Boletín Oficial de Canarias, número 161 del 22 de agosto de 2016 relativo al Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 29 de julio de 2016, que somete a información pública el expediente administrativo de modificación sustancial de la autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental del Complejo Ambiental de Salto del Negro, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, expediente de la Dirección General de Protección de la Naturaleza de la VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE del GOBIERNO DE CANARIAS, y una vez estudiada y analizada la documentación, Turcón presentó en tiempo y forma, un pliego de alegaciones haciendo llegar sus propuestas y recomendaciones para la mejor gestión del vertedero, el acrecentar su vida útil, que se haga el mayor aprovechamientos de los materiales vertidos en su vaso y conseguir que produzca las menores molestias a la ciudadanía.

 Así, este colectivo, propone Medidas correctoras adicionales a incluir para la lucha contra el cambio climático, más aun cuando este postulado es uno de los elementos fuerza de la actual Ley de Residuos y que se incumple de manera habitual y sistemática.

El vertido de residuos biodegradable en vaso de vertido está limitado en un porcentaje definido por el Real Decreto 1481/2011 y el vaso de vertido actualmente en uso  en Salto del Negro no lo ha cumplido por retrasos en la puesta en marcha de sus instalaciones aprobadas hace bastantes años y que la falta de voluntad política y el insensible desconocimiento de los efectos letales para salud y medio produce tal incumplimiento. Sigue leyendo

Turcón presenta alegaciones a la fase de aprobación inicial del PGO de Telde

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En un extenso documento de más de 50 folios han destacado las cuestiones más relevantes y denunciado el crecimiento desorbitado de este nuevo Plan y los muy diversos desfases del mismo.

Avance PGO Telde. Enlace de descargaLos ecologistas pidieron una ampliación del periodo para poder alegar, de acuerdo al marco normativo y al derecho que asiste estos procedimientos, dentro del plazo y tiempo establecido. Sin embargo el Ayuntamiento de Telde no ha contestado esa ampliación, negando una vez más la participación ciudadana, a la vez que no se han implementado metodologías participativas que dinamizaran un mayor conocimiento del modelo de ciudad que pretendemos construir y recogieran las propuestas ciudadanas y sectoriales que enriquezcan un documento que debe crear y hacer ciudad y ciudadanía comprometida, en este mandado -concluyen los ecologistas- esto ha brillado por su ausencia.

Turcón denuncia que el concejal de Urbanismo no ha presentado públicamente el Plan. Que no ha tenido ni una reunión con esta asociación. El Sr. Pablo Rodríguez ha carecido de la capacidad de liderazgo que requiere el urbanismo en Telde, derivando la cuestión al Equipo Redactor que en un escenario de descontrol hace y deshace a su antojo, cediendo a un urbanismo de gabinete que no baja a la calle a tomar el pulso de la realidad de las propuestas y proyectos que llevan en el plan.

Nulo proceso participativo.

El día 6 de marzo de 2015, con Registro General de Entrada en el Ayuntamiento de Telde, número 6.888, se presenta escrito de este Colectivo por el que se solicita un plazo mayor para poder trabajar y estudiar el amplio expediente de este PGO. Evidentemente, el Ayuntamiento ha hecho caso omiso a esta petición, negando la posibilidad de estudiar y participar en este periodo de información pública, negando la mayor hurta la capacidad de poder disponer de un mayor tiempo para estudiar y comprender tan importante documento para el desarrollo de Telde. Sigue leyendo

El Gobierno canario cierra definitivamente las puertas a la participación en la protección del patrimonio

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Ben Magec–Ecologistas en Acción denuncia en sus alegaciones al anteproyecto de Ley de Patrimonio Histórico propuesto por el Gobierno de Canarias por la vía de urgencia, que se impedirá a la ciudadanía proponer la protección del patrimonio mediante la figura de BIC. Además, elimina la suspensión de licencias durante la incoación de los expedientes y confiere a los Cabildos la potestad de declarar los BIC, aunque las administraciones dejan de estar obligadas a protegerlos.

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Alegaciones al anteproyecto de Ley de Patrimonio Histórico

Ben Magec–Ecologistas en Acción denuncia que el Gobierno de Canarias acaba de cerrar el trámite de audiencia de un nuevo anteproyecto de Ley de Patrimonio Histórico que aleja toda posibilidad para la ciudadanía de recurrir a la protección del patrimonio como herramienta de conservación, y que lo ha hecho por la vía de urgencia, en plenos Carnavales y con un periodo de participación pública acortado en quince días. Esta propuesta ha sido dirigida a las organizaciones interesadas, aunque ha sido el Gobierno canario quien ha decidido “a dedo” quiénes son estas organizaciones. La Federación ecologista, que no ha sido consultada aunque ha jugado un papel muy relevante en la protección del patrimonio mediante la propuesta de protección de BICs como Tindaya, ha presentado alegaciones a esta propuesta legislativa.

Hasta hace algunos años, cuando un bien que contaba con valores patrimoniales estaba amenazado, cualquier persona o colectivo social podía solicitar, de forma argumentada, su protección como Bien de Interés Cultural. Desde que la administración admitía a trámite su expediente hasta que finalmente se pronunciaba, se suspendían los permisos para actuaciones que pudieran afectar su integridad. Si finalmente se aprobaba su declaración, este bien quedaba protegido y la administración pública tenía el deber de custodiarlo. Según Ben Magec–Ecologistas en Acción “la Ley de Patrimonio Histórico que recogía este procedimiento se había convertido en un potente instrumento al servicio de la ciudadanía preocupada por su entorno cultural, etnográfico y arqueológico. Algunos BIC incoados a instancia de colectivos ciudadanos fueron el Camino del Socorro de Güímar, los charcos del barranco del Charco del Pino en Granadilla de Abona, el yacimiento arqueológico de El Agujero La Guancha en Gáldar, o el Ingenio de Los Picachos, en Telde, por citar algunos”.

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