Un fallo pionero avala el uso del Derecho Penal por «la inoperancia administrativa»
RAFAEL MÉNDEZ – Madrid
El País, 29/12/2009
Después de una colosal burbuja inmobiliaria que ha dejado cientos de cargos públicos implicados en casos de corrupción urbanística, el Tribunal Supremo ha constatado «la desastrosa situación a la que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajística».
Después de una colosal burbuja inmobiliaria que ha dejado cientos de cargos públicos implicados en casos de corrupción urbanística, el Tribunal Supremo ha constatado «la desastrosa situación a la que, a pesar de la normativa legal y administrativa, se ha llegado en España respecto a la ordenación del territorio, incluida la destrucción paisajística». En una sentencia en la que confirma las condenas a los responsables del escándalo de Andratx, en Mallorca, el tribunal justifica que, «ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al derecho penal» para perseguir los escándalos urbanísticos con más eficacia.
El fallo, del que ha sido ponente Siro García, afirma que «la comunidad de ciudadanos es víctima de los despropósitos urbanísticos y que la administración urbanística también experimenta las consecuencias de las infracciones en materia de ordenación del territorio». El tribunal replica así al recurso del ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, del PP, que alegó que construir en terreno agrícola podría merecer una sanción administrativa, pero no era tan grave como para recibir una sanción penal.
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