Razones para una sentencia del Tribunal Supremo que pone las cosas en su sitio. El Veril

El suelo de dominio público de El Veril, no admite desnaturalizar el marco legislativo.

El Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción, miembro de la Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción, a su vez se formó en el año 2015 una Plataforma Ciudadana El Veril está Vivo; denunciante personado en los diferentes procedimientos administrativos y jurídicos manifiesta con esta nota de prensa que “la nulidad del Plan de Modernización, Mejora e incremento de la Competitividad en el ámbito de El Veril, municipio de San Bartolomé de Tirajana, aprobado mediante Decreto 373/2015, de 7 de diciembre, de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias (en adelante PMM),  ha sido una decisión estrictamente jurídica, y a tenor de lo conocido hasta el momento, respetuosa con el ordenamiento legal, estimando una acción popular en la que se han puesto de manifiesto muchas irregularidades, aunque solo una de ellas ha bastado para declarar la nulidad”.

Para los ecologistas de Turcón, “si se tienen en cuenta todas las denuncias que el Proyecto y el Plan están recibiendo desde su concesión no hay más remedio que concluir que se trata de una decisión política en la que se comprometieron las autoridades públicas con la empresa privada a hacer posible la construcción del parque acuático con carácter previo a que la empresa destinara recursos a este proyecto. Las últimas noticias aparecidas en prensa son una prueba irrefutable de que se insiste en retorcer la legislación para llevar a cabo una actuación sin cumplir con los requisitos legales”, dando una situación de preponderancia a los intereses privados sobre los legítimos provechos y réditos públicos de las parcelas en cuestión.

Que la empresa promotora de un parque acuático NO SEA propietaria del terreno es algo que vicia desde el origen todo este procedimiento ya que se hace creer que la empresa privada es dueña de lo que verdaderamente no es por mucho que hayan dedicado recursos a una adquisición que es sencillamente imposible. La complicidad de las autoridades públicas con responsabilidad en este asunto como lo es, principalmente, el Consejo Insular de Aguas conlleva que nos encontremos con un atentado político, jurídico, y medioambiental, inaceptable desde cualquier punto de vista, entrando en una dejación de la defensa de recursos que tendrían que mejorar las rentas ciudadanas a aportar por este proyecto.

La Administración pública ha venido presentando este proyecto como si de un propietario único se tratara lo que no es cierto, no solo por la propiedad del Estado (terrenos públicos de todos los canarios y canarias) de la parte más importante del terreno cuyo título de propiedad le viene determinado por el correspondiente expediente de deslinde que tuvo que defenderse con éxito contra otros propietarios que defendían mejor derecho.

De manera inaceptable, desde cualquier punto de vista, resulta que el Registrador de la Propiedad ha practicado inscripciones contradictorias sobre la propiedad del terreno que en ningún caso deberían existir puesto que el único propietario de una gran parte del terreno es el Estado y la inscripción doble y contradictoria es una anomalía frente a la que el Consejo Insular de Aguas no ha ejercitado ninguna acción de las que le corresponden para que el Registro de la Propiedad señale la verdadera y única propiedad del terreno, de una manera intencionada, o no, se contribuye de esta manera a una ceremonia de la confusión que a cada paso que se da empantana aún más el poder avanzar en la ejecución del proyecto .

La razón por la que primero, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias y después el Tribunal Supremo, han declarado la nulidad del preceptivo PMM es un ejemplo de lo que va a suceder en cualquier caso porque todo este proyecto, modificando la planificación de este terreno; malempleando cerca de 5.000.000 euros con la abolición del correspondiente planeamiento; modificación del PTE del tren, etc., debería hacer reflexionar a todas las autoridades involucradas en que el proyecto y la construcción del parque acuático, es una iniciativa privada que podría contar con apoyos de algún sector económico de la isla, pero no atropellando derechos económicos, medioambientales, arqueológicos y patrimoniales y en definitiva “forzando” la legalidad en beneficio de una empresa. Se engrosa de esta manera una cuenta de modificaciones de planeamientos que en última instancia no se añaden a la cuenta del promotor sino a administraciones públicas que tendrán que pagar dicho desaguisado, pagando los proyectos previstos y los cambios en los mismos si los hubiera o archivando en un cajón las realizaciones programadas.

Un ejemplo más de la pésima e ilegal ejecución de todo este proyecto fue lo “acordado” (aunque no tenga soporte legal alguno) para la reforma de la rotonda PB-3 de acceso al parque acuático (enlace con la GC-500), con un coste de 347.000 euros, así como, la sustitución de un tramo de tubería de saneamiento con un coste de 1,43 millones, que fueron ejecutados con la correspondiente licencia otorgada por la Junta de Gobierno Local, y que los ecologistas advertimos de su dudosa legalidad. Aunque estas obras dieron lugar a una investigación de la Fiscalía y a la apertura de unas diligencias procesales (148/2018) y a una sentencia dictada el 15 de marzo de 2021 por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria en la que se decidió, judicialmente como decimos, que los costes de esas obras correspondían a la entidad privada pues así constaba en el PMM ahora anulado. Pues bien, el tema solo sería anecdótico si no fuera porque el gasto está hecho con fondos del FDCAN, a través del Consorcio Maspalomas-Costa Canarias, detrayéndose de otras necesidades básicas y servicios públicos prioritarios, desmejorando de esta manera inversiones más necesarias y de mayor valor social.

El proyecto quizás podría ser de interés para parte del sector turístico de la isla como complemento de oferta, aunque por la ubicación propuesta pueda afectar, a la larga, a la imagen turística de todo el destino y esté sometido a riesgos climáticos al ocupar dominio público hidráulico. Pero lo que sí que no tiene sentido es toda su tramitación en la que se han despreciado y conculcado principios tan básicos como la concurrencia, puesto que la desestimación de otras alternativas se llevó a cabo sin una explicación administrativa coherente con la situación del barranco de El Veril. Las sentencias desestimatorias, el debate abierto sobre los procedimientos empleados y la situación de encontrarse otra vez el proyecto en la casilla de salida demuestran los múltiples errores en la tramitación.

Para concluir, el Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción garante de los diferentes procedimientos administrativos y jurídicos de este sector urbanístico, seguirá muy de cerca todos los movimientos municipales, ejerciendo las acciones que en todo momento correspondan, ya que, según su opinión, con esa sentencia firme del Tribunal Supremo, la Junta de Gobierno Local de San Bartolomé de Tirajana, debe archivar el último procedimiento.

Turcón informa respecto al auto provisional del proyecto de El Veril

El Colectivo Ecologista Turcón, en su interés por la conservación del patrimonio y los valores medioambientales y autóctonos de estas islas, lleva desde el año 2014 participando en los diferentes procedimientos, porque a nuestro juicio, existe una incorrecta tramitación de la concesión para la construcción de un parque de ocio denominado Siam Park. Cuestión aclarada en otras ocasiones, lo que realmente es preocupante es la defensa del Suelo Público, patrimonio de todos los canarios y canarias, así como los elementos históricos y naturales de aquella zona. Paralelamente, se pide que la modificación en el barranco del Veril constituye un atentado paisajístico, medioambiental, y urbanístico con una modificación de lo previsto y aprobado en su momento que era la vía de tren para conectar la capital con el sur de la isla; un proyecto que costó más de 5.000.000 € y que las modificaciones de trazado, pueden constituir de hecho una mala administración de los bienes públicos o incluso la comisión de un delito. Dinero que no va a costear ninguna empresa.

La Administración General del Estado ha tasado en 14,3 millones de euros el valor de los aprovechamientos urbanísticos otorgados por el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del ámbito de El Veril sobre los terrenos públicos ubicados en el barranco donde el Grupo Loro Parque pretende construir el parque acuático Siam Park, con espacios comerciales en su interior, y un hotel de 300 habitaciones.

Es decir, la compañía tendrá que abonar esta cantidad en concepto de plusvalías sobre los terrenos con concesión administrativa -por 25 años- y el uso público del suelo si quiere desarrollar el proyecto, según reveló el informe elaborado por el Ministerio de Hacienda dirigido al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. En el ámbito de El Veril, el grupo Loro Parque y el Estado comparten la titularidad de varios suelos.

En el informe sobre la afección de los terrenos de dominio público hidráulico de titularidad estatal, el Ministerio de Hacienda ha calculado que de los aprovechamientos urbanísticos de los 121.000 metros cuadrados de terreno público le corresponden 14.319 unidades de aprovechamiento por valor de 11,5 millones de euros, mientras que al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana le corresponden 3.502 unidades de aprovechamiento que alcanzan un valor de 2,8 millones de euros.

Este informe es capital según Turcón, porque instaba a la corporación municipal a que se paralice la gestión y ejecución urbanística del proyecto del Siam Park ya que se asienta sobre terrenos que no son de un único propietario.

En ese mismo oficio, que Hacienda dirigió al Ayuntamiento el 17 de octubre de 2019 ante la falta de respuesta del Consejo Insular de Aguas después de 10 meses de espera, el ministerio comunica al consistorio sureño que ha comenzado los trámites para exigir la titularidad de los terrenos ubicados en el dominio público hidráulico de El Veril, que en este caso corresponde a los barrancos del Guincho, Buenavista y Cañizo.

Aunque la empresa Loro Parque tenga la concesión administrativa sobre parte de los terrenos ubicados en el barranco no significa que lleve implícito el derecho a los aprovechamientos urbanísticos que de ellos emanan.

El expediente está plagado de irregularidades, máxime cuando el Consejo Insular de Aguas dejaba de contestar los requerimientos de todas las partes.

Planimetria sectorial con señalización de El veril

Sobre el AUTO provisional del Juzgado de Instrucción núm. 5

Con este motivo y con estos antecedentes en el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Las Palmas de Gran Canaria con el núm. 937/2020 se siguen Diligencias Previas contra el vicepresidente del Consejo Insular de aguas de Gran Canaria que ejerce sus facultades por delegación del Presidente de este Consejo Insular de Aguas por no llevar a cumplimiento lo que ordenaba reiteradamente la Administración General del Estado a través del organismo Patrimonio del Estado durante más de 5 años en defensa del patrimonio y del suelo público de barranco. Es lo que técnicamente según nuestros abogados se conoce como un delito de prevaricación omisiva.

Es en esta circunstancia que se ha formulado recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el citado auto de fecha 15 de febrero de 2022 lo que significa que las noticias publicadas son incompletas porque no hay resolución firme y porque pretende llegar anticipadamente al resultado de una actividad judicial a través de crear una imagen falsa de la realidad material y jurídica.

La resolución no es firme y está pendiente de la estimación o desestimación del recurso de reforma interpuesto y, en su caso, del subsidiario de apelación.

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Turcón adelanta los incumplimientos de “Loro Parque S.A.” en San Bartolomé de Tirajana.

  • En un escrito enviado al Alcalde del municipio, se le pone en conocimiento las diligencias practicadas por la fiscalía a la denuncia efectuada por TURCON y de los incumplimientos del promotor en el parque acuático de El Veril.

  • La Plataforma ciudadana “El Veril está vivo” creada para salvaguardar el patrimonio público e histórico del Barranco, tiene judicializado todos los procedimientos de autorizaciones y licencia concedidas hasta el día de hoy.

Avanzan los ecologistas que “ante las amenazas y declaraciones vertidas por el Sr. Kiesslingn aparecidas en  la prensa local del pasado 10 de noviembre de 2018, sobre los “incumplimientos” del Ayuntamiento de San Bartolomé, por -según dice, – “eternizar la licencia del Siam Park” al proyecto de Parque acuático en El Veril, nos vemos en la obligación de hacerle llegar el resultado de las diligencias practicadas por la Fiscalía Provincial de Las Palmas a la denuncia cursada en su día por TURCON.

TURCON manifiesta que “la actuación de la fiscalía, explicita tal como puso de manifesto este Colectivo Turcón-EeA que la entidad LORO PARQUE, S.A (sin perjuicio de que a día de hoy no se han aprobado los instrumentos de gestión urbanística –que además desconocemos de su existencia- ni que tampoco se ha aprobado evaluación ambiental alguna a dicho proyecto de Parque acuático), debe afrontar, para el caso que nos ocupa TODAS y CADA UNA DE LAS CARGAS y COSTES  DE EJECUCIÓN de la rotonda PB3 contemplada en el PMM/EL VERIL, cuyo proyecto de obra ha sido debidamente denunciado por TURCON”.

Sin perjuicio de lo anterior, asegura Turcón “hasta la fecha dicha entidad no ha satisfecho ninguna de las cargas urbanisticas del sector PMM/El Veril, y alguna de ellas indebidamente las ha afrontado el Consorcio de Maspalomas (ejecución rotonda PB3 El Veril) y que como es público y notorio, su exigencia viene de obligado cumplimiento la promotora, “entidad LORO PARQUE, S.A”, en el marco del PMM/EL VERIL. Dicha manifestación, lejos de ser gratuita también fue ratificada y exigida por el Presidente del Excmo. Cabildo de Gran Canaria, D. Antonio Morales Méndez,  en el Pleno celebrado el pasado 27 de julio de 2018”.

Finalmente, los ecologistas de Turcón, ponen en conocimiento del promotor del parque acuático, que los procedimientos administrativos están judicializados, por lo que sus amenazas sólo se pueden calificar de desafortunadas, en un desespero por conseguir socavar las normas y procedimientos municipales. En ese sentido, Turcón confia en la institución local para salvaguardar el patrimonio público e histórico, que es al fin y al cabo es nuestro máximo objetivo fundacional y estatutario.

Turcón solicita al ayuntamiento de San Bartolome de Tirajana la paralización de las polemicas obras de El Veril

Turcón-Ecologistas en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de S.B. de Tirajana solicitándole la “PARALIZACIÓN INMEDIATA DE LAS OBRAS de la Rotonda de El Veril”.

Según los ecologistas tal petición la apoyan en las “supuestas irregularidades, tales como:

  1. Ausencia de amparo en el documento de planeamiento vigente. De los deberes de los propietarios del Suelo urbanizable.
  2. Omisión del trámite de audiencia a interesados. Terrenos privados.
  3. Carencia de autorización por parte del administrador de la GC-500.
  4. Colisión entre los dos PMM´s; el de Maspalomas y el de El Veril.”

En un documentado escrito enviado al Sr. Alcalde de S.B. de Tirajana, justifican punto por punto. Así Turcón denuncia que:

Planimetria sectorial con señalización de El veril

  1. Ausencia de amparo en el documento de planeamiento vigente

Se debe reseñar que la totalidad del expediente que enmarca las determinaciones de aplicación a este territorio es el Plan de Mejora y Modernización (PMM) de El Veril, el cual, tanto en su Memoria Justificativa como en su normativa y en su Programa, asigna el coste de esta obra al Promotor (privado) del pretendido Parque Acuático, sin que quepa la más mínima duda o controversia a este respecto, habiéndose aportado aquellos documentos del expediente que así lo recogen y están disponibles al público en la red.

  1. De los deberes de los propietarios del Suelo urbanizable

Las obras de la Rotonda son a juico de la compareciente ilegales por apartarse del planeamiento en vigor, el PMM El Veril, dada la evidencia de irregularidad de este procedimiento, debiéndose advertir que esa ilegalidad también lo es por aplicación de la Ley del Suelo de Canarias, que exige a los propietarios de suelo urbanizable lo siguiente:

LEY 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. BOC Nº 138. Miércoles 19 de Julio de 2017

Artículo 44.- Deberes de las personas propietarias de suelo urbanizable ordenado.

Las personas propietarias de suelo urbanizable ordenado, en el marco de lo establecido por la legislación estatal de suelo, tienen los siguientes deberes y obligaciones:

a)….

  1. e) Costear y, en su caso, ejecutar y entregar al ayuntamiento las obras de urbanización.
  2. f) Costear y, en su caso, ejecutar y entregar al ayuntamiento la parte que proceda de las obras precisas para asegurar la conexión y la integridad de las redes generales de servicios y dotaciones, así como las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la actuación que esta demande por su dimensión y características específicas.

g)…

  1. i) Prestar garantía para asegurar la correcta ejecución de la actuación, que incluirá el pago de los justiprecios que correspondan y que no podrá ser inferior al 15% del coste previsto para la completa ejecución del proyecto de urbanización. La exigencia de un porcentaje superior deberá justificarse en razón de las circunstancias concurrentes.

Resulta importante fijarse en la diferencia que establece la Ley entre costear, esto es afrontar los gastos derivados de las obras que se necesiten para la conexión (la rotonda) y ejecutar, que es gestionar, organizar y dirigir las tareas de las obras, que pueden ser privadas o públicas si se está en el sistema de cooperación, en este caso, si toda la obra se encontrara en dominio público sería entendible que fuera de ejecución pública, siempre costeada por el promotor.

El extracto anterior pertenece al articulado de la nueva Ley 4/2017 del suelo, esta disposición resulta que está copiada del TRLOTENC´00, en su artículo 71.

  1. Omisión del trámite de audiencia a interesados. Terrenos privados

Se viene argumentando que la totalidad del espacio afectado por la obra de la Rotonda mencionada ocupa exclusivamente dominio público de la carretera GC-500, cuando es lo cierto que, sin perjuicio de la disponibilidad de cartografía que permita medición precisa del trazado de dicha ocupación, resulta claro que la esquina noroeste de la misma afecta directamente a la parcela C del Plan Parcial Ampliación de Bellavista, clasificada como suelo urbano remitida a la UE-47 Ampliación de Bellavista. Afección ya puesta de manifiesto en el Informe del Ayuntamiento de fecha 18 de junio de 2015 en el Trámite de Audiencia a la Suspensión del PTE-21 y que obra en el expediente administrativo de su razón. Sigue leyendo

Turcón aportará el acta de la sesión plenaria del Cabildo (27/07/2018) a la Fiscalía Anticorrupción.

  • Las afirmaciones del Presidente del Cabildo corroboran las averiguaciones de Turcón confirmando que las obras tienen que ser sufragadas por el promotor privado, no dando lugar al uso de fondos públicos.
  • Desprecio a la normativa, al planeamiento vigente y su indolencia en las manifestaciones sobre los caudales públicos crean más dudas de las que pretende aclarar.

Según los ecologistas “podemos entender la dificultad sistémica de la clase política de registrar que se han equivocado, bien por mal asesoramiento, bien sea por tratarse de temas que escapan a su comprensión o, en el peor de los casos, por tener logros ignorados en la causa del error; en el caso de la polémica surgida respecto de la Rotonda de El Veril, por mucho que se quiera retorcer el argumento y los datos, dicha obra viene adjudicada en el planeamiento que le da cobertura, el Plan de Modernización de El Veril (PMMI), a ser sufragada por el promotor sin ningún tipo de dudas y así figura negro sobre blanco.

En las fotos adjuntas, pantallazos del PMMI El Veril, se justifican las obras que debe financiar el promotor.

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Foto 3

Foto 4

Por otro lado, se afirmó que la propuesta de Rotonda en El Veril proviene de un expediente del Ayuntamiento del año 2006. Lo cierto que las determinaciones de ordenación deben venir incorporadas en un documento de planeamiento aprobado y vigente, si no es así, únicamente son ideas sin validez alguna.

De hecho, el PMM Maspalomas-Costa Canaria, documento al que parece hacer referencia, que es del año 2013, que planteaba la corrección de la GC-500 a rambla urbana, no proponía esta Rotonda, dado que ratificaba que la incorporación a Playa del Inglés a doble nivel actual ha venido funcionando perfectamente hasta hoy. (El Plan de Modernización Mejora e incremento de la productividad. Maspalomas Costa Canaria fue aprobado por Decreto 90/2012, de 22 de noviembre y recoge el trazado del tren ligero y las estaciones en los términos que establece el PTE-21).

Foto 5

Turcón manifiesta que “es el PMMI El Veril-2015 el plan que incorpora la Rotonda de El Veril, para resolver el acceso al pretendido Parque Acuático, única razón del proyecto en ejecución, con los problemas de tráfico que está causando para el normal acceso a Playa del Inglés, el resto son excusas de quién no tiene argumentos”.

En otro orden, venimos a decir que “se está difundiendo el argumento, por parte del promotor y de las administraciones interesadas en esta intervención, pese a quien pese, que el último obstáculo que le resta al acto firme de ejecución del Parque Acuático, es la Licencia de Obras desde el Ayuntamiento.  Lo cierto es que dicha ejecución está condicionada y suspendida hasta tanto se concrete la localización y condiciones de la nueva estación del Tren (PTE-21) de Playa del Inglés que determina con carácter categórico que dicha suspensión no habilita a la ejecución del Parque Acuático (Decreto de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, “Suspensión de la vigencia de las determinaciones del PIOGC y del PTE”, publicado en el Boletín Oficial de Canarias, 10/11/2015)”, viene esto a demostrar que aún falta tarea pendiente para dar legalidad y desatascar las intervenciones urbanísticas y de planeamiento del espacio en cuestión .

Todo ello, prosigue Turcón, “sin perjuicio de que, en contrario a lo publicado, para acceder a la licencia, como bien argumenta el Señor Alcalde de SBT, sea preciso aprobar los documentos de gestión y urbanización con sus correspondientes períodos de Información Pública que permitan a los ciudadanos personarse en el expediente y darles la transparencia que, hasta este momento se han orillado por los intereses en presencia”.

El Cabildo no ha tramitado el PTE-21. Han pasado tres años.

“Durante la instrucción del procedimiento se ha detectado que la suspensión debe alcanzar no solo al PTE-21, sino también al PIOGC”. Texto del Decreto (BOC, 10/11/2015).

“El Cabildo Insular de Gran Canaria deberá proceder al inicio, o en su caso, continuación del procedimiento de alteración del PTE-21 en un plazo no superior a seis meses, teniendo en cuenta que, sin perjuicio de lo que resulte de los informes que corresponda emitir durante dicho procedimiento, la nueva propuesta de la infraestructura ferroviaria deberá situarse al menos a 25 metros de la arista exterior de la explanación de la autopista GC-1, y debe recoger la posible afección al enlace de San Agustín-Las Burras-Playa del Inglés” (artículo 3º, del Decreto del Gobierno de Canarias, BOC, 10/11/2015).

La Norma Transitoria aprobada por el Decreto BOC 10/11/2015) al suspender el planeamiento vigente (artículo 47 del TRLOTENC) no tiene la virtualidad de introducir directamente la modificación de la normativa obviando el procedimiento de revisión o modificación al que está obligada la Administración Insular (PTE-21).

Tal como refiere el mencionado Decreto del Gobierno de Canarias (BOC, 10/11/2015) “No obstante el citado carácter supralocal del interés público concurrente, no es objeto del presente Decreto legitimar directamente la ejecución del parque acuático, en los términos que prevé el artículo 23.5 del Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 8 de mayo; sino que lo que se pretende es desbloquear el procedimiento de aprobación del PMMI de El Veril, que será el que ordene y legitime la ejecución de dicho equipamiento turístico”.

Tal como refiere el mencionado Decreto del Gobierno de Canarias (BOC, 10/11/2015) “En lo que respecta al ámbito que nos ocupa, dicho PTE-21 establece un trazado de tren que atraviesa por completo el ámbito de El Veril, ubicando en él la estación de Playa del Inglés e imposibilitando, en consecuencia, la continuación del procedimiento de aprobación del PMMI de El Veril y la consiguiente implantación del parque temático”.

“En consecuencia, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular del Cabildo Insular de Gran Canaria de fecha 1 de septiembre de 2014, se dispone el inicio del procedimiento de revisión parcial del PTE-21 para posibilitar una modificación del trazado del corredor de la línea ferroviaria entre los puntos kilométricos Pk. 49 y Pk. 56, “para reducir de forma considerable la afección territorial del área de La Maleza […] por esta infraestructura lineal y la estación ubicada en El Veril a los efectos de desarrollar una oferta complementaria altamente cualificada, y también eliminar posibles inconvenientes técnicos relacionados con la ejecución de dicha línea ferroviaria en el subsuelo de las áreas residenciales en San Fernando de Maspalomas, y el ajuste considerable de los costes de ejecución en este tramo”.

EL AYUNTAMIENTO NO PUEDE CONCEDER LA LICENCIA DE OBRA DEL PARQUE ACUATICO, TODA VEZ QUE ESTÁ SUSPENDIDO EL SECTOR, ART. 47 (BOC DE 10-NOV.-2015).

Turcón manifiesta que actualmente la suspensión del sector no permite al Ayuntamiento dar la licencia de obra, para desbloquear el tema el Cabildo debe hacer las aprobaciones de los documentos PTE-21 Y PIOGC.

La SECUENCIA PROCEDIMENTAL que aún debe superar la maqueta de Parque acuático:

  • En la actualidad se están realizando la Canalización del barranco.
  • Suspensión del artículo 47, PTE-21, en revisión. Tres años parados. Falta su conclusión, aprobación y publicación.
  • DOCUMENTO DE GESTIÓN, REPARCELACIÓN, convocar a los cuatro propietarios de suelo. Uno es el Estado (patrimonio del Estado) cuyo suelo está afectado. En este documento debe explicar los aprovechamientos, compromisos adquiridos, cesiones al ayuntamientos, plusvalías, etc.. y hacer efectivo los pagos correspondientes.
  • PROYECTO DE URBANIZACIÓN.

(AMBOS DOCUMENTOS TIENEN QUE SALIR A INFORMACIÓN PÚBLICA PARA ALEGACIONES).

  • LICENCIA URBANIZACIÓN y LICENCIA DE OBRA (ambas se pueden conceder a la vez) PARA COMENZAR LA OBRA DEL PARQUE.

Según previsiones optimistas, unos 3-4 años puede durar este proceso, por lo que Turcón pide a las administraciones públicas no crear falsas expectativas a la población de “generación de empleo”, porque el ámbito territorial elegido para la ubicación del parque acuático, ha constituido un auténtico error estratégico.