Celebramos la negativa del Gobierno de canarias al proyecto del Dreamland Studios en Fuerteventura

La Federación Ben Magec, Turcón y Agonane celebran la negativa del Gobierno de Canarias ante el desatinado proyecto del Dreamland Studios de Fuerteventura.

Los ecologistas canarios vienen a recordar el atropello que esta intervención supone para las Dunas de Corralejo y su biodiversidad seriamente comprometida por este plan turístico encubierto.

Ante este cúmulo de circunstancias las organizaciones ambientales hacen ver la imposibilidad de eludir las limitaciones que impone la ordenación territorial a un interés insular que no es tal; teniendo además en cuenta que la única manera de defender el interés del territorio es defendiendo su biodiversidad. Así las cosas, la Federación Ben Magec Ecologistas en Acción y sus colectivos federados Turcón y Agonane Ecologistas en Acción han presentado alegaciones al proyecto Dreamland Studios, desmontando desde un primer momento la tramitación del mismo con la calificación de interés insular.

Es aún más peregrina la intención al situar esta intriga especulativa en una zona que es hábitat de una treintena de especies de aves, entre las cuales tres subespecies endémicas que han sido catalogadas como En Peligro de Extinción: la hubara canaria (Chlamydotis undulata fuertaventurae), el cuervo canario (Corvus corax canariensis) y el alimoche o guirre (Neophron percnopterus majorensis). Situando dicho trazado de proyecto en una localización a 440 mts. de espacios protegidos como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Dunas de Corralejo e Islas de Lobos” (código ES000042), coincidente la Zona Especial de Conservación (ZEC) “Corralejo” (código ES7010032) y con el Parque Natural “Corralejo” (código F-2). Viene esto a confirmar el alto valor ambiental y fortalecer la certificación de especies catalogadas, vulnerables y en peligro de extinción, siendo esto muestra de un criterio megalómano y de cortas miras con un territorio a conservar sin intervenciones.

Desde los colectivos se alega sobre la regulación y amplia normativa sobre protección de especies a nivel nacional y también en la legislación comunitaria que los países miembros deben de respetar y hacer cumplir para la conservación de especies y sus ecosistemas. Clara referencia a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en su apartado sobre la obligación de la Administración, en el amparo de sus competencias, de tener las medidas necesarias para asegurar la conservación de la biodiversidad, atendiendo preferentemente a la preservación de sus hábitats y estableciendo regímenes de protección para aquellas especies silvestres cuya vulnerabilidad y situación así lo requiera.

La inconsistencia del estudio de impacto ambiental, es manifiesta, un ejemplo es el no tener en cuenta los resultados de las últimas investigaciones realizadas sobre la hubara y el guirre, dos especies catalogadas En Peligro de Extinción, igualmente, se rebaja el interés por las áreas de cortejo de la hubara cercanas al núcleo ideado del proyecto. Del mismo modo, se incumple la normativa europea al no analizar adecuadamente las repercusiones del proyecto por ser espacio integrado en la Red Natura 2000, tal como exige la legislación comunitaria.

Es reconocido que la empresa redactora también elaboro el estudio de impacto ambiental del parque eólico Puerto del Rosario que se paralizo con posterioridad por la aparición de guirres muertos en marzo de 2022, motivado esto por la falta de valoración del riesgo existente para esta especie altamente sensible. La misma consultora ambiental es redactora de proyectos tan altamente contestados como el Puerto de Fonsalia y Cuna del Alma en Tenerife.

Valorando el proyecto desde el punto de vista económico, en su estudio de viabilidad económica, DREAMLAND prevé un 86% de sus ingresos del turismo y solo el 14% de ingresos de la producción audiovisual, tratándose, en su mayor parte, de un megaproyecto de infraestructura de ocio turístico, con centro comercial, restauración, y un parque temático.

Por lo tanto, el proyecto no justifica su carácter de estratégico, ni supone la diversificación de los sectores económicos, hecho que queda perfectamente reflejado en la justificación del carácter estratégico del proyecto, basado exclusivamente en la Ley 55//2007, de 28 de diciembre, del Cine, pero omitiendo por completo el carácter estratégico de las infraestructuras de ocio turístico, las cuales conllevan la mayor parte de la actuación que se pretende realizar.

Por si todo ello fuera poco, el proyecto consiste en una iniciativa privada con limitada capacidad de generar un impacto beneficioso en el conjunto de la población insular o, al menos, es una proporción significativa de la misma, siendo las repercusiones ambientales negativas muy superiores, como se ha señalado previamente (incluida la destrucción de hábitat de tres especies catalogadas En Peligro de Extinción), y existiendo, además, alternativas de localización que no supondrían destinar un uso diferente al previsto para el tipo de suelo en el que se pretende ejecutar la actividad (rústico con valores naturales destacables). Abundando en esta circunstancia, tampoco podemos considerar, al albur del artículo 123 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que existan necesidades sobrevenidas o actuaciones urgentes que motiven la declaración de interés insular del proyecto. Igualmente, y siguiendo con la argumentación de dicha norma (apartado 4 del artículo 123), solo podrán afectar (los proyectos) a suelo rústico de protección ambiental cuando no exista alternativa viable y lo exija la funcionalidad de la obra pública de que se trate. Como se ha expuesto anteriormente, la zona de ubicación es de alto valor ambiental, suponiendo el proyecto un impacto severo sobre el hábitat de especies protegidas.

Se viene a pedir en las alegaciones presentadas, suspender y dejar sin efecto la declaración de interés insular para el proyecto “DREAMLAND – CIUDAD CINEMATOGRÁFICA DE FUERTEVENTURA” por los impactos ambientales que en espacios y especies podría producir en la isla.

Viene a colación de este desatino el recordar la necesidad y procedencia de la demolición de los hoteles situados sobre las Dunas de Corralejo, el Hotel Riu Oliva Beach y el Riu Palace Tres Islas, ambos con expedientes de caducidad y con una más que necesaria intervención que posibilite la restauración y conservación del Parque Natural de las Dunas de Corralejo.

El Gobierno de Canarias informa desfavorable el Dreamland Studios proyectado en los límites del Parque Natural de las Dunas de Corralejo.

La Consejería de Transición Ecológica recalca en su informe la “vulneración” de la Ley de Evaluación Ambiental. Un proyecto que urbanizaría una pieza de suelo de 160.001 metros cuadrados, creando una ciudad con la reconversión de ese suelo rústico.

Afecta también la omisión de una Evaluación Ambiental Estratégica que valore adecuadamente los efectos de la intervención en espacio tan sensible.

Al igual que las matizaciones ecologistas, la Consejería de Transición Ecológica recrimina la vulneración de la legislación estatal y autonómica en temas de suelo y reconoce que el suelo rústico de referencia tiene un alto valor natural y ambiental y es digno de ser considerado y tener protección, no reconociendo la consideración de estratégica para la intervención.

Ya por último tenemos que estar de acuerdo con la administración competente al recordar que la norma no puede permitir un interés especulativo y mantiene la necesidad de preservar de la urbanización el suelo rural, impidiendo que las instalaciones limiten el campo visual para contemplar las bellezas naturales y no rompan la armonía del paisaje o lo desfigure. Estas son entre otras las aseveraciones emitidas por la Consejería de Transición Ecológica, que vienen a recoger parte de los alegatos realizados por los múltiples grupos ambientalistas y personas a título individual.

El PTECan hurta la participación a la ciudadanía

Turcón Ecologistas en Acción presenta alegaciones al Plan de Transición Energética de Canarias 2030

COMUNICADO DE PRENSA Junta Directiva de Turcón

El Colectivo Turcón – Ecologistas en Acción, después de conseguir que se le considere parte interesada en este proceso, ha presentado alegaciones ante la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica del Gobierno de Canarias sobre el proceso, definición y  evaluación ambiental estratégica del Plan de Transición Energética de Canarias 2030 (PTECan 2030).

La primera y principal crítica al PTECan 2030 es sobre el proceso de participación ciudadana.

Desde este Colectivo tenemos que manifestar nuestro desacuerdo y decepción por la ausencia de procesos de participación ciudadana para la elaboración de este Plan,  por la forma de exposición del mismo, con urgencia, y que no anima a la participación real sobre el modelo energético de Canarias ni al análisis de alternativas.

No es admisible que un documento de 500 páginas más una serie de anexos técnicos, que ha costado años elaborar con todo un cuerpo de técnicos detrás, se tramite de urgencia para dar sólo 15 días hábiles para su estudio y elaboración de alegaciones, y que se rechace la ampliación de plazo de tan sólo un mes solicitada por este Colectivo.

Esta actitud de la Viceconsejería del Gobierno de Canarias nos parece un secuestro a la necesaria democracia que debe estar detrás de un proceso tan importante como este.

Un proceso de participación ciudadana real, en nuestra modesta opinión, debe ser un proceso mucho más complejo, respaldado por una voluntad política real de propiciar, promover e incluso incentivar la participación colectiva, antes incluso de comenzar con la redacción de nuevos documentos. Para de esta forma todos y todas, y resaltamos el término, podamos participar en la recreación del modelo de transición energética que queremos.

La otra gran crítica planteada es sobre el enfoque del Plan y el concepto de Modelo Energético que promueve.

El PTECan hace un planteamiento simplemente sustitutivo de fuentes de producción a costa del territorio canario pero sin la participación de la sociedad canaria ni de los demandantes finales de energía.

Pretende simplemente sustituir las fuentes de generación, desvinculadas de la demanda, a costa del territorio de las Islas y para beneficio de grupos de inversión que no tienen más interés que ganar dividendos con el jugoso negocio que se les pone en bandeja. El territorio y el mar canarios se convierten en meros espacios de especulación para que grupos de inversión generen plusvalías a costa de los recursos naturales de la Islas pero totalmente desconectados de las necesidades reales de cada usuario o demandante local de energía.

El PTECAN planteado no cuestiona el modelo de desarrollo canario y convierte a la producción de energías renovables como un fin especulativo en sí mismo y no lo plantea como un medio para satisfacer las necesidades sociales en un proceso de transición ecológica y energética.

En las alegaciones se reivindica también el suelo como elemento clave para fijar y secuestrar carbono

Este aspecto, no está contemplado en el PTECAN y cuando se proponen instalaciones o infraestructuras de energías renovables sobre suelo antropizado, como lo llaman (cualquier suelo agrícola está antropizado), se está olvidando que se está perdiendo, a largo plazo, la capacidad de albergar carbono de ese suelo y de drenar agua, así como la posibilidad de desarrollar sistemas agroecológicos para producción de alimentos y de regeneración forestal. Razones de más para prohibir cualquier tipo de instalación de energías renovables, especialmente de energía solar fotovoltaica sobre suelo.

Éste es otro aspecto clave que cuestionan las alegaciones de Turcón: las instalaciones de energía solar fotovoltaica sobre suelo, llamadas On-Shore.

Tal y como respalda la información disponible existe, en Canarias,  la superficie urbanizada capaz de absorber toda la fotovoltaica necesaria, sea de autoconsumo o plantas fotovoltaicas asociadas a infraestructuras. Por tanto, las instalaciones fotovoltaicas DEBEN ser integradas en edificios o zonas muy antropizadas asociadas a suelos de uso industrial, evitando siempre los suelos agrícolas productivos, potencialmente productivos o en proceso de naturalización.

El objetivo de esta propuesta es preservar los suelos agrícolas, rústicos o con protección que ya están empezando a ser ocupados masivamente por macrohuertas solares de forma especulativa. Tan solo en la zona Este y Sureste de Gran Canaria se están instalando o tramitando más de 60 instalaciones sobre suelo con una potencia nominal cercana a los 200 MWpico y una ocupación de suelo de probablemente más de 400 hectáreas, superficie equivalente a la que ocupa la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas.

Prácticamente todas estas instalaciones están en manos de grupos financieros como Ecoener (a través de diferentes empresas pantalla), Naturgy, con CaixaBank como principal accionista, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, y otros fondos de inversión especulativos que están acaparando prácticamente la totalidad del sector de generación de energías renovables en Canarias. Silenciosamente se están convirtiendo estas empresas, en los nuevos depredadores del territorio canario y sus recursos naturales.

En Telde ya destacan instalaciones de este tipo en la Finca Las Salinetas, El Caracol.

Por tanto reiteramos que “En el caso de la energía solar fotovoltaica, existe sobrada superficie urbanizada en Canarias con cubiertas que puede albergar este tipo de energía, sin tener que ocupar ni un solo metro cuadrado de suelo rústico”. Estimamos que cualquier terreno rústico o con potencial agrícola debe ser respetado y conservado, en aras de preservar la capacidad de “soberanía alimentaria” y/o “la riqueza paisajística” necesaria para el bienestar social y de la propia actividad turística.

En cuanto a las instalaciones de energía eólica que se están planteando no están teniendo ningún tipo de consideración hacia aspectos paisajísticos culturales ni de protección del suelo como recurso natural.

Uno de los primeros ejemplos llamativos por su impacto y ausencia de consideración es el parque eólico que se ha construido en la Montaña de Majadaciega o Masiega (denominado «Parque Eólico Los Nicolases de 6,9 MW en Majadaciega y Barranco de Balos» promovido por Gas Natural Fenosa Renovables, S.L.U.) que fue sometido a información pública en marzo de 2017. Varias personas se han puesto en contacto con nosotros alertados por el impacto que genera este Parque Eólico, y esto es sólo la punta de lanza de lo que se viene encima con Parques Eólicos en lugares emblemáticos y alejados de las demanda de energía eléctrica como La Pasadilla o el Campo de Volcanes de Rosiana y Altos de Jarcó.

También se ha alegado sobre el uso de biomasa y valorización energética de residuos, ya que la quema y biogasificación de la biomasa contenida en la materia orgánica de residuos agrícolas que promueve el PTECan compite con el compostaje, y a su vez con el abono de origen no químico, degradando por tanto el objetivo de salud proveniente de la alimentación.

El destino más provechoso para los residuos agrícolas, ganaderos y forestales sería cerrar el ciclo de materiales y paliar los procesos erosivos, mediante la elaboración de compost (valorización material) y devolución de la materia orgánica y los nutrientes.

A su vez el PTECan 2030 obvia la normativa que protege el patrimonio cultural de Canarias, aspecto que se ha solicitado que sea tenido en cuenta en las bases técnicas para la definición de localizaciones de la generación renovable, inclusive en edificios.

Por último se recordó que en la mal llamada estrategia de almacenamiento de energía eléctrica se debía reconsiderar el proyecto de Bombeo Reversible Soria – Chira, que no es más que un síntoma de un modelo de transición energética errado, y se ha instado a las administraciones públicas para que que promueva un plan de transición energética basado en energías renovables descentralizadas asociadas a los consumidores de energía eléctrica, a la gestión de la demanda y a las microrredes eléctricas inteligentes, y no en grandes infraestructuras que dañen el territorio y que sólo servirán para dar beneficios económicos a grandes grupos financieros desvinculados de Canarias.

Parque fotovoltaico en construcción en Salinetas apelmazando y destruyendo la capacidad de fijar carbono y de drenar agua del suelo

Ejemplo de cómo un Parque Eólico destruye el paisaje, promueve erosión y vertidos de escombros

Para ampliar información te aportamos las alegaciones y sus anexos

Informe de Alegaciones del Colectivo Turcón – Ecologistas en Acción a la definición y evaluación ambiental estratégica del Plan de Transición Energética de Canarias 2030

Documento de concepto Plan Transición Energética de Canarias

Turcón solicita participar en la definición y evaluación ambiental del Plan de Transición Energética de Canarias 2030

El Colectivo Turcón – Ecologistas en Acción solicita al Gobierno de Canarias participar en la definición y evaluación ambiental del Plan de Transición Energética de Canarias 2030

La Junta Directiva de Turcón Informa

El Colectivo Turcón – Ecologistas en Acción ha solicitado a la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica del Gobierno de Canarias que se nos considere parte interesada y/o afectada en el proceso definición y de evaluación ambiental estratégica del Plan de Transición Energética de Canarias 2030 (PTCan 2030), así como ante cualquier otro procedimiento que se genere respecto a esta iniciativa.

El Colectivo ha querido recordar al Gobierno de Canarias que ya en 2020, a instancias de la propia Directora General de Energía, la Sra. Dña. Rosa Ana Melián Domínguez, participó en los grupos de discusión que se crearon para la elaboración del PTCan, presentando incluso un documento concepto respondiendo a una serie de cuestiones planteadas.

Audio comunicado de la nota de prensa. Pulsa sobre el mismo para escuchar.

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En ese documento ya se alertaba de que “en una transición energética en el modelo energético de Canarias, no es suficiente con dar mayor protagonismo a las energías renovables y la diversificación energética, sino que también es necesario gestionar la demanda, marcándose objetivos claros de reducción de la demanda de energía eléctrica y del transporte privado”.

También se llamaba la atención sobre la circunstancia de que “En el caso de la energía solar fotovoltaica, existe sobrada superficie urbanizada en Canarias con cubiertas que puede albergar este tipo de energía, sin tener que ocupar ni un solo metro cuadrado de suelo rústico”.

Precisamente lo contrario de lo que está ocurriendo con multitud de macro instalaciones solares fotovoltaicas solares ocupando suelo rústico, agrícola o potencialmente agrícola, o en proceso de naturalización.

Tan solo en la zona Este y Sureste de Gran Canaria se están instalando o tramitando más de 60 instalaciones sobre suelo con una potencia nominal cercana a los 200 MW pico y una ocupación de suelo de probablemente más de 400 hectáreas, superficie equivalente a la que ocupa la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas.

Prácticamente todas estas instalaciones están en manos de grupos financieros como Ecoener, Naturgy, con CaixaBank como principal accionista, y otros fondos de inversión especulativos que están acaparando prácticamente la totalidad del sector de generación de energía renovable en Canarias. Todo ello con concesiones a 20 o 30 años, para beneficio de sus consejos de administración y accionistas y en detrimento del desarrollo económico de Canarias y de una transición energética justa, como preconiza la Unión Europea.

Igualmente está ocurriendo con la energía eólica con situaciones endemoniadas como que la totalidad de la potencia eólica de la Isla de La Gomera haya sido acaparada por Ecoener, con sede social en A Coruña, y sin prácticamente participación pública o social de la Isla.

En Canarias se está permitiendo que se privatice el viento y el sol en manos de estos conglomerados financieros y sus beneficios económicos asociados, mientras la sociedad local y el sector público tienen que asumir los impactos sobre el territorio y el coste de la oportunidad perdida.

Como indicábamos en nuestro documento concepto de 2020:

Se trata de proyectos prácticamente sin riesgo y de rápida amortización. Nos podemos encontrar en el futuro con un archipiélago en ruinas con los servicios públicos en proceso de desmantelamiento mientras entidades privadas (eléctricas, constructoras, grupos de inversión) capitalizan los beneficios que genera el viento y el sol con concesiones de muchos años. No pedimos que se prohíba a las empresas privadas entrar en el negocio eólico o solar, pero sí afirmamos que las reglas de juego están mal de partida para promover la participación pública y que los beneficios económicos de la energía eólica deberían repercutir directamente en la sociedad.”

Es aquí donde mantenemos lo injusto del modelo de transición que se está imponiendo.

“Se debe recuperar como público el sector energético y establecer una política pública de EERR, ahorro y eficiencia energética, y búsqueda de consenso con las autoridades locales y agentes sociales a la hora de acometer las inversiones y las estrategias de planificación energética. Establecimiento de una estrategia de transición hacia modelos más sostenibles de generación y distribución de electricidad, gestión de la demanda y redes inteligentes. Se debería mantener público o rescatar el sector energético: producción, transporte y distribución, permitiendo la introducción de pequeños operadores individuales que aporten energía al sistema de forma distribuida”.

En el caso de la energía solar fotovoltaica, un modelo descentralizado, sólo sobre cubiertas edificadas y en manos de comunidades energéticas público/privadas y/o consumidores individuales permitirá minimizar el impacto ambiental, garantizar la distribución de la riqueza, así como mejorar la regulación de sistema eléctrico insular al posibilitar asociar medidas de gestión de la demanda a cada punto de generación o posibilitar pequeños sistemas de acumulación de energía descentralizados y asociados a servicios energéticos específicos.

Igualmente la energía eólica asociada a demandas específicas apoya un sistema eléctrico más estable y sin necesidad de macro proyectos de bombeos reversibles como el caso de Chira-Soria que no es más que la consecuencia de un modelo diseñado para estos grupos de inversión que están acaparando el potencial renovable de las Islas para su beneficio particular y el deterioro ambiental y social del Archipiélago.

No se justifican esta macro inversiones financieras como estrategia de lucha contra el cambio climático cuando uno de los sumideros de carbono es precisamente el suelo naturalizado o en proceso de naturalización y qu está siendo transformado a marchas forzadas por estas macro instalaciones.

Por todo ello y mucho más queremos que se nos tenga en cuenta en los procesos de evaluación ambiental y de toma de decisiones sobre el modelo energético canario.

Ya ha habido una resolución del Viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica por la que se desiste del inicio el procedimiento de evaluación ambiental estratégica del Plan de Transición Energética de Canarias 2030 (expediente 2022/23563), entendemos que se trata de un desestimiento temporal y hemos solicitado que, cuando se anuncie de nuevo el procedimiento se nos tomará en consideración.

También hemos solicitado que mientras no se finalice el procedimiento de evaluación ambiental estratégica y se establezcan sus determinaciones, no se inicie ni se autorice ningún procedimiento de infraestructuras energéticas con implicaciones ambientales, que no sean las instalaciones descentralizadas sobre cubiertas de edificios en zonas urbanas o de uso industrial.

Además se ha solicitado que cuando vuelva a anunciarse la apertura del procedimiento de exposición y participación pública se propongan 90 días hábiles para el período de consulta y presentación de alegaciones y no 15 días como se intentó plantear de urgencia en el último Anuncio desistido.

Turcón apoya el posicionamiento del Defensor del Pueblo sobre los hoteles RIU en Fuerteventura

El Colectivo Turcón – Ecologistas en Acción se congratula por la decisión del Defensor del Pueblo que confirma la caducidad del expediente de concesión del complejo hotelero de Riu en las Dunas de Corralejo ocupando dominio público marítimo terrestre

El Colectivo Turcón – Ecologistas en Acción manifiesta su apoyo al Defensor del Pueblo que ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de La Oliva y que confirma que el expediente de caducidad de la concesión para ocupar el dominio público marítimo terrestre otorgada a Riu Hoteles SA en las Dunas de Corralejo, se ajusta a derecho y debe continuar hasta sus últimas consecuencias con el derribo de los hoteles y la restauración ambiental de la zona.

Recordamos que este Colectivo está personado en los dos expedientes de caducidad, tanto del Hotel 3 Islas como del Oliva Beach, que llevan ocupando décadas el dominio público de Costas y un espacio natural protegido como el Parque Natural de Corralejo.

Estos hoteles han sido un mal ejemplo de cómo llevar una política insostenible de la actividad turística, ocupando precisamente, el bien ambiental que sirve de atractivo y poniendo en riesgo el derecho que tiene toda la ciudadanía al uso del dominio público, los bienes ambientales a preservar y, con ello, al resto de la actividad turística de la Isla de Fuerteventura.

Este modus operandi de Riu no es nuevo y ya se ha visto reflejado en el Oasis de Maspalomas o con la ocupación de las playas más emblemáticas de la Isla de Boavista en Cabo Verde.

Además, desde la Federación Ben Magec – Ecologistas en Acción, donde está integrado Turcón, se ha denunciado la campaña de manipulación e intoxicación que ha llevado a cabo la empresa multinacional RIU, tergiversando datos, defraudando a su plantilla exponiéndola como escudo y engañando a la ciudadanía para imponer sus intereses económicos en contra del interés general y del resto del sector turístico de la isla.

Así mismo, desde el Colectivo Turcón – Ecologistas en Acción queremos manifestar que el traspaso a la Comunidad Autónoma Canaria de las competencias de Costas y que esta no sea una nueva puerta de entrada a la concesión de licencias de obras en dominio público que vayan en contra del interés general y de la protección de la pertenencia pública de todos y todas, cuya preservación a ultranza es fundamental para el desarrollo medioambiental y social de Canarias.

Esperamos que el Gobierno de Canarias, sea menos permisivo con la ocupación de la costa de lo que han sido las administraciones anteriores. Se trata de una oportunidad para que el Gobierno de Canarias demuestre que el traspaso de competencias a la Comunidad Autónoma no es sinónimo de permisividad con la ocupación de la costa y la corrupción, el deseo de la ciudadanía es percibir una administración valedora de los intereses culturales, medioambientales y patrimoniales de este territorio ultrajado por viles provechos económicos.

Finalmente queremos alertar sobre la propuesta de las patronales turísticas de Canarias que han pedido a la Consejería de Transición Ecológica del Ejecutivo regional participar en la comisión técnica que analice los expedientes abiertos en el proceso de transferencia de las competencias en materia de Costas.

No se puede permitir que el dominio público quede puesto en riesgo por intereses económicos particulares. En ese sentido debería ser más lógico que se primara que existieran representantes de los colectivos de defensa del medio ambiente y otras organizaciones profesionales en dicha Comisión con el objetivo de garantizar la defensa del interés general y del dominio público de las presiones de interés particular.

Ana Ramos Martínez, una semblanza para el recuerdo y reconocimiento

Hacemos nuestras estas sentidas palabras de sus compañeros/as de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria ante la pérdida de Ana Ramos, quien en cierta medida ha marcado la trayectoria de algunos de nosotros/as. Siempre en el recuerdo.

Hoy los compañeros y compañeras de Ana Ramos, de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, hemos pasado el día en shock. Nos hemos enterado que esta profesional como la copa de un pino ha fallecido.

Ana Ramos, llevaba unos 30 años trabajando de forma absolutamente entregada y de forma escrupulosa por el medio ambiente de la Isla de Gran Canaria. Ana, sufría una enfermedad crónica y dolorosa, que la obligaba a levantarse 2 horas antes de lo habitual, para poder ir calentando su musculatura y sus articulaciones, para llegar a tiempo al trabajo.

Recuerdo y reconocimiento en tu partida

Su coche preferido era el Nissan X Trail, un todo terreno grande con respecto a su pequeño tamaño físico, pero pequeño en comparación con sus conocimientos técnicos y su implicación. Sus informes técnicos de La Isleta, Bandama, Jinámar, Tafira, …eran contundentes. Dotados de un rigor jurídico y técnico insuperables.

Hablar bien de alguien que nos ha dejado es lo fácil, en este caso, no es fácil, es totalmente justificado y necesario. Pero no solo era una gran profesional, era una persona entrañable, que aun teniendo diferencias con alguien ponía siempre su cara amable y su predisposición a solucionar el conflicto. Se nos ha ido una gran profesional y una gran mujer. Hoy es un día de luto para los compañeros y compañeras de Medio Ambiente, y un día de enfado con Ana también, no nos avisaste para despedirte, te hubiéramos llevado un cubo de picón del fondo de la Caldera de Bandama, algún escarabajo de la Isleta y alguna Lotus kunkelii. (Una planta que sin su tesón, es probable que hubiera desaparecido) Eso hubiera hecho revolverte y resucitar.

Pocas veces hemos sentido que alguien de fuera aporte tanto a Gran Canaria.

Ana, te echaremos mucho de menos y la biodiversidad de Gran Canaria también.

DEP COMPAÑERA

Ana Ramos Martínez, Licenciada en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, y Especialista en Gestión Medioambietal por CEPADE-Universidad Politécnica de Madrid. Funcionaria del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria siendo  responsable de la gestión de los espacios protegidos Sitio de Interés Científico de Jinámar, Paisaje Protegido de La Isleta, Paisaje Protegido de Tafira, y Monumento Natural de Bandama, coordinadora del Plan de Recuperación de la Yerbamuda de Jinámar (Lotus kunkelii).