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Turcón desconfía de los asesoramientos del presidente del cabildo.

  • Los Ecologistas mantienen que las obras de la rotonda de El Veril benefician al futuro parque acuático, y declaran que “no se entiende que el crédito de una persona entendida, razonable y progresista se juegue a la carta del ultraliberalismo que expresa en su última comparecencia. El buen nombre se fortalece con los años y se puede disipar en poco tiempo con actuaciones de dudoso entendimiento”.

 

  • Llamamos a reflexionar acerca de la función y utilidad de la construcción de esta Rotonda. Este nudo de acceso a Playa del Inglés funciona con total normalidad sin crear conflicto en el tráfico viario de la zona. La creación de esta nueva rotonda no mejora en ningún caso el tránsito y acceso a las edificaciones de la Calle el Escorial y a Playa del Inglés. La obra que replantea este viario, destruye el cruce a doble nivel actual, que fue construido con recursos públicos. Definitivamente se pretende construir una infraestructura, pese a quien pese, para facilitar el acceso y tránsito a un negocio privado.

 

  • Viene a cuento recordar el principio rector que informa la Ley del Suelo y las leyes anteriores: “Las administraciones públicas velarán en sus actuaciones por el uso eficiente y la reducción del consumo de recursos naturales, en especial del suelo”.

LA INDECENCIA EN EL URBANISMO LIBERAL

La polémica en torno a unas obras de ejecución de una Rotonda en la zona de El Veril, denunciadas por esta asociación en la Fiscalía Anticorrupción, ha venido a poner de manifiesto cómo, tras el argumento de que son los empresarios los únicos que generan riqueza en este país, se esconde un verdadero traspaso de recursos públicos hacia los promotores de lo que ha venido en llamarse obras emblemáticas, al servicio de los cuales se ponen la totalidad de los antecedentes y de los valores de nuestro territorio.

Frente a los argumentos que hemos sostenido que aprecian la existencia de desviaciones de dinero público a favor del empresario del pretendido Parque Acuático, y sin esperar a que sean los tribunales de justicia los que, tras el estudio de aquellas pruebas presentadas, dictaminen la legalidad de lo denunciado, periodo en el cual las administraciones deberían mantener una posición de prudencia, sin perjuicio de recabar cuantos informes estimen necesarios en apoyo a las decisiones, el Cabildo de Gran Canaria se ha apresurado a expresar la legalidad de la operación sin mayores razones que el argumento de…” lo digo yo y basta”. Resulta de una imprudencia arriesgada confirmar la regularidad de la ejecución antes de disponer de esos informes. Sigue leyendo

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