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El Proyecto de Ley del Suelo de Canarias: no supera la “maraña legislativa”

UN DICTAMEN JURÍDICO SOBRE EL PROYECTO DE LEY DEL SUELO ENCARGADO POR LA Fundación César Manrique A UN DESTACADO ESPECIALISTA DEL DERECHO CUESTIONA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LA LEY POR RIESGOS DE ARBITRARIEDAD, ADVIERTE DEL AUMENTO DE LA CONFLICTIVIDAD JUDICIAL, Y SEÑALA QUE ES UNA “SINGULARIDAD” EN EL DERECHO AUTONÓMICO ESPAÑOL COMPARADO

 

La Fundación César Manrique ha encargado un Dictamen Jurídico sobre el Proyecto de Ley del Suelo aprobado por el Gobierno de Canarias al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Manuel Sarmiento Acosta. El propósito es examinar los aspectos de dicho Proyecto que pudieran resultar más trascendentales y jurídicamente más controvertidos.

 

El Dictamen, de 80 páginas, analiza e identifica como asuntos sustantivos del Proyecto de Ley las siguientes cuestiones: la “simplificación” normativa, la ampliación de actividades y usos en el suelo rústico, la configuración y el diseño del órgano ambiental al que se le confía la evaluación ambiental de los planes, la atenuación de los controles ambientales y urbanísticos, la aprobación definitiva de los planes generales por los municipios, el debilitamiento de los planes insulares, la pérdida de competencias supramunicipales por parte de la Comunidad Autónoma y los Proyectos de Interés Autonómico e Insular.

 

En el Dictamen se realiza un estudio comparativo del derecho autonómico en relación a la aprobación de los planes por parte de los Ayuntamientos como plantea la actual Ley y en relación con la evaluación ambiental y el órgano ambiental al que se le confía la evaluación (supresión  de la COTMAC).  Se concluye en ambos casos que no hay parangón en el resto de legislación autonómica con  respecto a las modificaciones introducidas para Canarias por el Proyecto de Ley que impulsa el Gobierno de Fernando Clavijo. En el primer caso, es prácticamente unánime “el criterio favorable a la atribución de la competencia de la aprobación definitiva de los planes generales a las Comunidades Autónomas, no por azar, sino como mecanismo de garantía de los interés supralocales”, en los asuntos estructurales. En el segundo caso, atendiendo al panorama comparado, las previsiones incorporadas al Proyecto de Ley se apartan de la tónica general, pues la cualificación técnica y la separación de órganos (redactor y evaluador ambiental) se muestra como indispensable exigencia.

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