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Turcón alerta sobre la magnitud de una extracción en el conjunto volcánico de Jinámar

Turcón Ecologistas en Acción muestra su desconcierto y asombro de cómo se continúa desmantelando de forma sistemática y alarmante una de las montañas de picón en el conjunto volcánico de Jinámar, representando un conflicto manifiesto para la salvaguarda y conservación de un hito volcánico como es la Montaña Rajada o como se le conoce en el lugar, “la Barquilla”.

Lo ya extraído supone de facto un fuerte impacto visual y paisajístico a la montaña de picón, además de lo que se afecta a nivel de la consolidación del ecosistema y muy especialmente en la conservación y mantenimiento de los niveles freáticos. Los ecologistas de Turcón se preguntan si ya no está agotada la actividad extractiva, si ya se han traspasado los límites autorizados de extracción y por ello se dirige por escrito a la Consejería de Industria en solicitud de información al amparo de la Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

En dicha reclamación requieren un plano legible y detallado de la autorización donde quede expuesto los límites de la extracción, conocer la finalización de la extracción por caducidad de lo autorizado y en última instancia conocer el plan de restauración y por tanto disponer del Estudio de Impacto Ambiental que preceptivamente debe de disponer la empresa extractora.

Turcón no concibe que esta actividad mayormente dentro del Espacio Natural Protegido conocido por “Paisaje Protegido de Tafira” con la nomenclatura C-24 y el resto en zona de protección aledaña al mismo, continúe su actividad en clara contradicción con el espíritu de lo que debe representar un Espacio Natural. Dado el impacto de dicha actividad consideramos debería de paralizarse y proceder a su restauración pues el coste ambiental es muy fuerte y contrario a los principios de protección de un ENP.

El escrito aporta sendas fotografías aéreas del estado actual de la extracción donde se aprecia la gran transformación del territorio y el fuerte impacto ambiental.

El colectivo ecologista le recuerda a la administración en la comunicación remitida la obligatoriedad de responder a las dudas, preguntas y peticiones que se le formulan al amparo de la Ley citada, la responsabilidad administrativa que se adquiere de no contestar a las mismas y con ello abrir el camino a solicitar la información por la vía del Contencioso Administrativo y de la posibilidad de incurrir en infracción grave administrativa de no contestar, pues en ese momento es un derecho del colectivo adquirido pero no materializado.

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