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Acceso a la justicia y controversia en la defensa del medio ambiente

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 6 de noviembre de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1, Ponente: Rafael Losada Armadá)

Autor: Fernando López Pérez, Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)

Fuente: Roj: STSJ CANT 1165/2014 y  http://www.actualidadjuridicaambiental.com/jurisprudencia-al-dia-cantabria-acceso-a-la-justicia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+actualidadjuridicaambiental%2FvnjC+%28Actualidad+Jur%C3%ADdica+Ambiental%29

Temas Clave: Acceso a la justicia; Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Convenio de Aarhus); Dominio públicoecologistas en accion

Resumen:

La Sala examina el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la asociación Ecologistas en Acción-Cantabria, contra la resolución de 5 de diciembre de 2012 de la Autoridad Portuaria de Santander, que inadmitía a trámite el recurso de reposición contra el Acuerdo del Consejo de Administración de 17 de octubre de 2012 por el que se otorgaba concesión administrativa a la Real Federación Española de Vela para la ocupación de una parcela de 2.321 metros cuadrados con destino a equipamiento deportivo. Es parte demandada la Autoridad Portuaria de Santander, y codemandados, el Gobierno de Cantabria, la Real Federación Española de Vela y el Ayuntamiento de Santander.

La parte demandante solicita la nulidad de pleno derecho del acuerdo de otorgamiento de la concesión administrativa, sin hacer referencia alguna a la antedicha resolución de inadmisión de 5 de diciembre de 2012 de la Autoridad Portuaria. La inadmisión de este recurso administrativo se basaba en que el acto recurrido era el otorgamiento de una concesión administrativa a la Real Federación Española de Vela conforme al texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre), siendo que esta norma no contemplaba la existencia de una acción pública frente a los actos dictados en su aplicación, por lo que la asociación ecologista carecería de legitimación para ejercitar la acción entablada por falta de interés legítimo. Sigue leyendo

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