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El Gobierno canario cierra definitivamente las puertas a la participación en la protección del patrimonio

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Ben Magec–Ecologistas en Acción denuncia en sus alegaciones al anteproyecto de Ley de Patrimonio Histórico propuesto por el Gobierno de Canarias por la vía de urgencia, que se impedirá a la ciudadanía proponer la protección del patrimonio mediante la figura de BIC. Además, elimina la suspensión de licencias durante la incoación de los expedientes y confiere a los Cabildos la potestad de declarar los BIC, aunque las administraciones dejan de estar obligadas a protegerlos.

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Alegaciones al anteproyecto de Ley de Patrimonio Histórico

Ben Magec–Ecologistas en Acción denuncia que el Gobierno de Canarias acaba de cerrar el trámite de audiencia de un nuevo anteproyecto de Ley de Patrimonio Histórico que aleja toda posibilidad para la ciudadanía de recurrir a la protección del patrimonio como herramienta de conservación, y que lo ha hecho por la vía de urgencia, en plenos Carnavales y con un periodo de participación pública acortado en quince días. Esta propuesta ha sido dirigida a las organizaciones interesadas, aunque ha sido el Gobierno canario quien ha decidido “a dedo” quiénes son estas organizaciones. La Federación ecologista, que no ha sido consultada aunque ha jugado un papel muy relevante en la protección del patrimonio mediante la propuesta de protección de BICs como Tindaya, ha presentado alegaciones a esta propuesta legislativa.

Hasta hace algunos años, cuando un bien que contaba con valores patrimoniales estaba amenazado, cualquier persona o colectivo social podía solicitar, de forma argumentada, su protección como Bien de Interés Cultural. Desde que la administración admitía a trámite su expediente hasta que finalmente se pronunciaba, se suspendían los permisos para actuaciones que pudieran afectar su integridad. Si finalmente se aprobaba su declaración, este bien quedaba protegido y la administración pública tenía el deber de custodiarlo. Según Ben Magec–Ecologistas en Acción “la Ley de Patrimonio Histórico que recogía este procedimiento se había convertido en un potente instrumento al servicio de la ciudadanía preocupada por su entorno cultural, etnográfico y arqueológico. Algunos BIC incoados a instancia de colectivos ciudadanos fueron el Camino del Socorro de Güímar, los charcos del barranco del Charco del Pino en Granadilla de Abona, el yacimiento arqueológico de El Agujero La Guancha en Gáldar, o el Ingenio de Los Picachos, en Telde, por citar algunos”.

Posteriormente, el Gobierno canario limitó sustancialmente este instrumento de participación mediante la aprobación del Decreto 111/2004, de 29 de julio, aunque según la organización ecologista, esta propuesta legislativa que ha sacado el Gobierno sin consultar siquiera a las administraciones insulares, consolidará este retroceso democrático ya que las organizaciones sociales o los particulares no pueden seguir solicitando directamente la protección de estos elementos patrimoniales “puesto que desaparece la posibilidad de incoación de los BIC a instancia de parte. A partir de ahora, sólo los Cabildos insulares podrán proponer la protección del patrimonio”.

Esta propuesta tampoco servirá para evitar la demolición o la afección a elementos singulares en riesgo, ya que “desaparece la suspensión de licencias otorgadas y por otorgar como efecto directo de la incoación de un BIC, al contrario de lo indicado en la normativa europea y estatal sobre protección del patrimonio”. Actualmente, ante la notificación a los Ayuntamientos de la incoación de un BIC, se produce la suspensión del otorgamiento de licencias que puedan afectar al bien o a su entorno, así como también los efectos de las ya otorgadas. Además, se prohíbe realizar también obra u actuación alguna en dichos bienes o su entorno, estando solamente autorizadas, aquellas que se deban hacer por fuerza mayor o en el caso de que peligren los valores, que han producido la incoación del expediente. Todo esto desaparece en este anteproyecto de Ley.

Añaden que en la propuesta presentada “el Cabildo dejará de ser en garante de la protección de estos bienes porque pierde la obligación de subrogarse en la posición de los Ayuntamientos si éstos no cumplen con su función de proteger efectivamente el bien mediante una planificación específica, como ocurría hasta ahora”, y sin embargo “estos Cabildos son los que pasarán a declarar los nuevos BIC, cuando antes la responsabilidad era del Gobierno de Canarias, con lo que aumenta el riesgo de influenciabilidad de los órganos decisores al aumentar la cercanía al bien”.

Ben Magec–Ecologistas en Acción concluye llamando la atención sobre “que una vez más, el Gobierno de Canarias evidencia el poco valor que le confiere a la participación ciudadana real y a la protección de los bienes comunes frente a los intereses individuales, aunque resulten incompatibles”. Según la Federación ecologista, “precisamente en estos momentos, en los que el Gobierno canario está intentando posicionarse como promotor de una consulta popular, debería ser consecuente y no eliminar una más de las herramientas de participación que existían hasta hoy”.

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