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Impuestos ecológicos de las comunidades autónomas

Aragón resulta ser competente para establecer y exigir tributos, entre ellos los ecológicos, y, al mismo tiempo, para regular medidas de protección del medio ambiente y del paisaje.

En este caso, el impuesto tiene como finalidad la protección del medio ambiente de la CA de Aragón, por lo que se ajusta a las competencias autonómicas y además concede plena libertad al empresario para optar por esta clase de actividad u otras alternativas, lo que le permitirá sopesar si las ventajas económicas o de otra índole le compensan su obligación de contribuir internalizando los costes medioambientales.

El Tribunal Constitucional le acaba de dar la razón, después de pleitos contra Madrid, que manifestaba la incompetencia autonómica para tales impuestos.

Está sentencia publicada en el BOE del Jueves 23 de mayo de 2013 sobre   Fiscalidad ambiental es del Pleno del Tribunal Constitucional de 23 de abril de 2013 (Ponente: Fernando Valdés Dal-Ré)

Autora de este articulo: Eva Blasco Hedo, Responsable del Área de Formación e Investigación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)

Temas Clave: Fiscalidad ambiental; Impuesto sobre daño medioambiental causado por las grandes superficies de venta; Desplazamiento masivo de vehículos; Libertad de empresa; Principios de unidad e igualdad; Inexistencia de doble imposición.ultimas-noticias-del-sector-fotovoltaico-L-IWecUp-175x130

Resumen:

El presente recurso de inconstitucionalidad fue promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados contra los artículos 28 a 35 de la Ley de las Cortes de Aragón 13/2005, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas en materia de tributos cedidos y tributos propios de la Comunidad Autónoma, que regulan el impuesto sobre daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta, así como contra los arts. 8 a 13 y 36 a 53 de la citada ley, únicamente en cuanto afectan al citado impuesto, que tiene por objeto gravar, según expresa su artículo 28, “la concreta capacidad económica manifestada en la actividad y el tráfico desarrollados en establecimientos comerciales que, por su efecto de atracción del consumo, provoca un desplazamiento masivo de vehículos y, en consecuencia, una incidencia negativa en el entorno natural y territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón”.

Dos son los motivos articulados por los recurrentes: El impuesto implica la ruptura de la unidad del orden económico y un obstáculo a la libre circulación de mercancías en el territorio nacional, máxime cuando la ley que lo impone vulnera la libertad de empresa del art. 38 CE así como los principios de unidad e igualdad, creando una desigualdad injustificable entre la actividad que se desarrolle en esta Comunidad y el resto del territorio nacional. Sigue leyendo

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