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LOMCE: Una Ley decimonónica en pleno siglo XXI

Ben Magec-Ecologistas en Acción se suma a la Huelga General de la Enseñanza que tendrá lugar mañana jueves, 9 de mayo, contra la nueva LOMCE (Ley Wert), y te invita a participar de ella.

Esta Ley implantará un modelo pedagógico que busca afianzar y perpetuar el sistema que nos ha llevado a la grave crisis ecológica que sufre el Planeta:

La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que el ministro Wert pretende aprobar para la modificación parcial de la ley vigente es una clara vuelta al modelo pedagógico del S.XIX. Ésta no es una afirmación gratuita. Es el resultado de comparar los métodos que se aplicaban entonces con los que se proponen ahora. Pues el anteproyecto de ley tiene como finalidad reducir los derechos que se han conseguido en estas últimas décadas, lo cual supone un ataque a la democracia, al derecho a la educación y la participación de la sociedad en la toma de decisiones.

la lomce

Cuando se aprobó la Ley Moyano de instrucción pública en 1857, era Doña Isabel II, por la gracia de Dios, la que estipulaba qué se debía dar en las aulas de los centros educativos. En la actualidad es el ministro Wert el que decide qué valores son los que son aceptables, dado que impone el 75% de los contenidos curriculares con el pretexto de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Además, para conseguir la “excelencia” de los mismos, un elemento importante será dar más horas a la asignatura de Religión. En 1857 por lo menos se asumía que la educación que consideraban aceptable era la que contemplaba la doctrina católica, pero es inconcebible la existencia de esta asignatura en un sistema educativo que debe ser objetivo y laico en los contenidos que se le transmite al alumnado. Si hay una asignatura de religión deberían estudiarse todas las religiones. Pero en esta ley se critican los valores supuestamente adoctrinadores a la vez que se le dan más horas de docencia a esa materia, y se elimina la única asignatura que transmitía valores ciudadanos, la asignatura “Educación para la ciudadanía”, que se ha considerado un ataque a los valores casposos y elitistas de las clases dominantes.

Otro elemento digno de una ley decimonónica es la vuelta desesperada a las revalidas. Ya en 2002 hubo un intento fallido con la LOCE de Pilar del Castillo. Cabe decir que estas revalidas fueron cuestionadas y rechazadas por Villar Palasí en el Libro Blanco que precedió a la Ley General de Educación. En ellas se pretende desarrollar pruebas de rendimiento en momentos cruciales para el desarrollo evolutivo y cognitivo de los estudiantes en primaria y secundaria que constará en el expediente académico de los estudiantes, con todo lo que ello conlleva, al perjudicar y limitar la libertad de elección del individuo y potenciar la de selección del sistema.

Por último, el gran ataque de la derecha casposa al sistema educativo es sin duda la pérdida de un derecho fundamental y básico en cualquier democracia que se precie, la participación de la comunidad educativa. Pues se estipula establecer una gestión empresarial a cargo de un director elegido por las Administraciones educativas, que ostentará toda la responsabilidad y capacidad de decisión del centro, dejando para el mayor órgano de participación y decisión de las sociedades democráticas, el Consejo escolar, una mera capacidad de observación y opinión.

En definitiva, la LOMCE es una ley retrograda y machista, que utiliza un discurso basado en el patriarcado y en la división social del alumnado, minusvalorando las capacidades de cada persona a pesar de su género, origen social y económico. Es una clara apuesta por la mercantilización de la educación para inculcar unos ideales de un capitalismo cruel e injusto, que promueve la desigualdad, la pobreza de las clases obreras, desarrollando una educación que genere en los individuos la alienación a la situación en la que viven. Por todo lo descrito, es indudable entender que la LOMCE parte de unos principios antidemocráticos.

Arminda Suárez Perdomo, pedagoga y miembro de Ecologistas en Acción de Tenerife

Greenpeace en el tejado del Congreso: “El PP vende nuestra costa”

Los activistas han protestado coincidiendo con la aprobación definitiva de la reforma de la Ley de Costas que desprotege el litoral


Fuente: Greenpeace.org

A primera hora de la mañana, activistas de Greenpeace han ascendido hasta la fachada principal del Congreso de los Diputados para desplegar una pancarta con el lema “El PP vende nuestra costa”, donde continúan retenidos por efectivos policiales.

Esta acción pacífica se ha llevado a cabo mientras dentro del hemiciclo se debate la aprobación del ‘Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas’, que desprotege y privatiza el litoral español y podría favorecer a unos pocos intereses muy cercanos al Partido Popular (PP). Todo hace suponer que la mayoría del PP y la abstención de CiU harán que la modificación de la Ley salga adelante dando carpetazo a 25 años de protección de la costa.

Durante todo el proyecto de reforma, la estrategia del PP ha consistido en rebajar al máximo la protección ambiental de la costa y ahondar en su privatización. La desprotección ha ido acompañada de grandes dosis de arbitrariedad, que Greenpeace lleva denunciando desde el comienzo de la reforma, ya que ésta podría favorecer a intereses muy concretos cercanos al partido en el Gobierno que han quedado recogidos en el informe Amnistía a la Destrucción y que ocasionó una demanda por parte de María Dolores de Cospedal. La privatización que propone la Ley no supondrá beneficio alguno para el Estado o el interés público.

Greenpeace ha denunciado la falta de rigor de la reforma que quedará hoy aprobada en el Congreso. La organización destaca, como puntos más negativos de esta ley: una docena de núcleos costeros que quedarán exentos de cumplir la Ley de Costas (elegidos sin criterios conocidos); la reducción de la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos; la desprotección de los más importantes humedales costeros y dunas y el desprecio por las consecuencias del cambio climático sobre el litoral español, entre otras muchos recortes a la protección de la costa.

Otra prueba de la falta de rigor de la reforma es que desde el Ministerio de Medio Ambiente reconoció a Greenpeace que “no se habían dado cuenta” de que el PP había incluido una enmienda según la cual hubiese sido posible legalizar el hotel de el Algarrobico. La enmienda se modificó en el último momento.

La reforma además, desvaloriza la costa, ya que entiende el litoral como un espacio a ocupar, incluso por industrias contaminantes, en lugar de como un espacio a proteger.

“Hoy es un día negro para el medio ambiente. El Congreso va a aprobar no solo que el Ministerio de Medio Ambiente regale a unos pocos intereses privados la costa española, sino que actúe con imprudencia al no tener en cuenta, por ejemplo, la subida del nivel del mar. Es la culminación de las barbaridades de la burbuja inmobiliaria” ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.

La organización ecologista tampoco comprende cómo se puede aprobar una reforma que carece de la más elemental memoria económica que analice con rigor el coste económico de lo que va a suponer la reforma dada la inseguridad jurídica que provocará, ya que dejará sin efecto cientos de sentencias firmes de los tribunales de Justicia que había ganado el Estado, lo que provocará un grave quebranto económico al erario público si ha de indemnizar a todos aquellos que perdieron sus casos durante los 25 años de aplicación de la Ley.

Greenpeace presentará una Queja ante la Comisión Europea para que estime si se han vulnerado la Directiva 97/11/CE sobre evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, la Directiva 2001/42/CE relativa a evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de aves silvestres, la Directiva Hábitat 92/43/CEE, relativas a la conservación de Hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, el convenio de Aarhus, la Directiva 2003/35/CE de medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente.

La aprobación de la Ley de Costas suscita rechazo

LA APROBACIÓN DE LA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS SUPONE LA MUERTE DEL LITORAL COMO ESPACIO PÚBLICO DE TODOS Y PARA TODOS

Ben magec logo EL PP  APROVECHA SU MAYORÍA ABSOLUTA PARA DINAMITAR EL DERECHO DE TODOS LOS CIUDADANOS A DISFRUTAR DE UN MEDIOAMBIENTE  ADECUADO  PROCLAMADO EN EL ARTÍCULO 45 DE LA C.E.

Hace 44 años se aprobó la primera Ley de Costas de la legislación española. La ley de 1969 se produce en un contexto económico y social donde la apuesta decidida del régimen franquista por el turismo como forma de obtener los ingresos necesa­rios para equilibrar la balanza de pagos era evidente (ver Ley 197/1963, de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional). En consonancia con lo anterior esta Ley permitía y promovía la propiedad privada en el litoral. Las consecuencias de esta apuesta decidida por el interés económico a costa del litoral, se reflejan claramente, 19 años después, en la exposición de motivos de la Ley de Costas de 1988: << Las consecuencias del creciente proceso de privatización y depredación, posibilitado por una grave dejación administrativa, han hecho irreconocible, en numerosas zonas, el paisaje litoral de no hace más de treinta años, con un urbanismo nocivo…, vías de transporte de gran intensidad…, y vertidos al mar sin depuración en la mayoría de los caso. >>.

Entre 1986 y 1988  con el lema Recuperemos la costa, el Ministerio de Obras Públicas iniciaba una campaña en la que se daban a conocer las líneas básicas de la nueva ley que se estaba tramitando en el Parlamento. Así en julio de 1988 se aprueba la Ley de Costas que hasta hoy y durante 25 años a estado vigente. Esta ley recogiendo el testigo de lo proclamado por la C.E. en los artículo 45 y 132, apuesta decididamente por el interés general, proclamando la recuperación del litoral para el uso de todos y para todos, y priorizando su conservación y protección  por encima del interés económico de determinados sectores. Sigue leyendo

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