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El Oligopolio eléctrico y los Políticos se sortean las túnicas de las renovables.

Artículo de opinión de Carlos Mateu para Suelo Solar.es

Existe un claro contubernio político que trata de hacer desaparecer a las renovables del País, y eliminar a sus inversores del mapa. Los datos que maneja la CNE son los únicos que demuestran esta injusta persecución.

 El debate de la reforma energética se ha convertido en la Pasión de las energías renovables. Desde el año 2008 existe una clara persecución del “Imperio romano” con diversas sedes en el Ministerio de Industria y en las Grandes Eléctricas que tratan de alcanzar -sin tregua- y de forma alevosa, la derrota de las energías limpias que hasta la fecha han tratado en benefico del País de reducir su elevada dependencia energética del 80%, crear empleo, contribuir al PIB nacional, etc.

La realidad de las bondades de las renovables nada tienen que ver con los oscuros deseos políticos del Oligopolio eléctrico.

Según el último Estudio Macroeconómico del Impacto de las Energías Renovables en la Economía Española de Deloitte-APPA:

– Las energías renovables supusieron un ahorro en el mercado eléctrico superior a los 4.847 millones de euros.

– La contribución al PIB nacional de las energías renovables alcanzó en 2010 el 0,94% (9.998 millones de euros).

– El sector creció un 8,3% en 2010 a pesar de que su crecimiento se ha visto ralentizado.

– El sector empleó a 111.455 trabajadores.

– En el período 2005-2010 las renovables ahorraron al sistema 9.173 millones de euros, mientras que en el mismo período el déficit tarifario ascendió a 24.582 millones.

– La inversión en I+D+i asciendió al 4,5% del PIB superando en más de tres veces la media nacional.

Aunque desde el Ministerio de Hacienda se persigue que las medidas fiscales impositivas a las fuentes de generación de energía eléctrica en España – tanto del régimen ordinario, como del régimen especial- respeten la legalidad y la seguridad jurídica que impone tanto el derecho nacional como el europeo, lo cierto es que desde el Ministerio de Industria se persigue todo los contrario con la aplicación de tasas a las fuentes renovables totalmente discriminatorias.

Es chocante que el Ministerio de Industria, en la persona del Sr. Soria, sea ahora el que critique pública y abiertamente al Ministerio de Hacienda por no aceptar el que se promulgue una norma que atente contra la legalidad vigente. Es inaudito que el actual Ministro de Industria, -como canario dónde se ha alcanzado la Grid Parity en fotovoltaica-, se pasee por los pasillos de su Ministerio bajo el grito de “¿estás conmigo ó con las energías renovables.?

El sector de las energías renovables desde la época del Ministro Miguel Sebastián ha sido el más castigado por un “imprevisto” déficit de tarifa ministerial del que se le responsabiliza sin haber sido éste nunca auditado a nivel político.

El Ministro de Industria pretende que los 24.000 millones de euros de déficit de tarifa con un aumento anual de más de 7.000 millones se carguen a la cuenta de resultados de los productores en energías renovables cuyas inversiones aún no están amortizadas por estar apalancandas en Banca en torno al 80%.

En ningún caso es aceptable que se vulnere la seguridad jurídica de los inversores, con el beneplácito del Tribunal Supremo, tras haber confiado éstos en el BOE. De la noche a la mañana se han cambiado las reglas de juego, restando años de producción, y horas de Sol a las plantas de generación sin ofrecer a sus inversores una honrosa salida a esta expropiación como pueda ser un justiprecio, ó la devolución del importe de la inversión.

El déficit de tarifa, como diferencia existente entre ingresos y costes regulados del sistema eléctrico, ya existía con anterioridad al desarrollo de la fotovoltaica en España, concretamente desde la liberalización del mercado eléctrico tras la promulgación de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico como transposición de la Directiva 96/92/CE de 19 de diciembre de 1996.

El desacoplamiento entre las tarifas y los costes incurridos en la provisión de las mismas se articuló principalmente a través del Real Decreto 1432/2002, donde se fijaba una tasa de crecimiento máxima permitida a las tarifas (en la medida en que la tasa de crecimiento máxima fijada para las tarifas eléctricas era totalmente independiente de la evolución de los costes realmente incurridos – sujetos a las dinámicas de sus respectivos mercados –).

Como medida más política que energética el Gobierno del Partido Popular creó este  déficit de tarifa con el objetivo de ganar popularidad bajo el lema “pan para hoy y hambre para mañana”.

Esta medida no se aplicó con el objetivo de controlar el impacto inflacionista de las tarifas eléctricas. La meta populista perseguida por el Sr. Aznar, y posteriormente aceptada por el gobierno socialista del Sr. Zapatero consistía en crear un descuento en la factura que paga el consumidor reconociendo un coste a lo que debería cobrar la  compañía eléctrica. De este modo los españoles seguirían votándoles.

La suma de esos descuentos, llamados déficit de tarifa que alcanzan ya los 20.000 millones de euros, pretenden ser cubiertos con las tarifas reguladas que vienen cobrando los productores en energías renovables, a sabiendas de que existe un reciente Informe de la CNE que desmiente que las renovables sean las culpables del déficit de tarifa. Así, en uno de los apartados del Informe de la CNE de 131 páginas titulado de las Medidas para garantizar la sostenibilidad económico-financiera del sistema eléctrico, titulado “de las Causas del déficit del sistema eléctrico: déficit ex post y déficit ex ante”, nos ha alegrado comprobar que el Regulador reconoce que las energías renovables no son las culpables del déficit de tarifa.

En la siguiente imagen podemos comprobar que en el año 2005, sin haber apenas producción y primas a la fotovoltaica, ésta ya contaba con un pico del déficit de tarifa de 3.830 millones de euros.

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