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El Seprona reconoce que las órdenes de derribo se incumplen

El teniente García asegura que las penas impuestas son insuficientes para atajar la indisciplina urbanística.

La Provincia-DLP

Las sentencias contra las irregularidades urbanísticas que ordenan el derribo de las construcciones ilegales “no se ejecutan”. La frase pertenece al teniente jefe de la sección del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Las Palmas, Germán García, quien sostiene que “no se ejecutan las demoliciones de un elevado número de construcciones y edificaciones no autorizables”. El teniente García reconoce la enorme labor que se realiza en el ámbito judicial para defender la normativa urbanística, pero opina que las penas impuestas son “insuficientes” para atajar la indisciplina.
Germán García participará en las II Jornadas de Medio Ambiente y Urbanismo con una ponencia titulada Indisciplina urbanística, según una nota enviada por Juris Vegueta, entidad organizadora del encuentro.
En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo que ordena por segunda vez consecutiva el derribo de la Biblioteca Pública del Estado, destaca que la misma contrasta con lo que ocurre con un buen número de construcciones que no se derriban y que no tienen ningún tipo de interés. “Para mí sería muy triste y doloroso ver cómo una biblioteca pública es demolida. Pienso que prestan un servicio público tan necesario e imprescindible como un hospital o centro de salud”, considera. No obstante, deja claro que “la biblioteca no debió construirse nunca en ese lugar”, al tiempo que muestra su coincidencia con las sentencias judiciales.

Normativa
A su juicio, las sentencias judiciales firmes “deben ejecutarse siempre”. En este sentido, el teniente García considera que una de las consecuencias jurídicas de infringir la normativa urbanística, “la protección de la legalidad y el restablecimiento del orden jurídico perturbado”, no se cumple.

El incumplimiento de las sentencias que ordenan derruir las edificaciones ilegales “crea un precedente irregular al ser tolerado o consentido por los poderes públicos”, explica. Por este motivo, entiende que se debe “garantizar el restablecimiento del orden jurídico perturbado, que consiste en requerir al interesado a que legalice y, si lo edificado o construido no fuera autorizable, demoler; llevándose a cabo mediante ejecución subsidiaria si fuese necesario”. Sí considera que se da cumplimiento a las sanciones de tipo económico, a las indemnizaciones e incluso a las penas de prisión.
Las actuaciones más numerosas del Seprona están relacionadas con la gestión incorrecta de residuos, especialmente tóxicos y peligrosos. Sobre la plaga del picudo rojo afirma: “No creo que la palmera canaria corra peligro de extinción alguno ni mucho menos”. García subraya “la gravedad de la indisciplina urbanística y su impacto en el medio ambiente” y califica la protección de la legalidad y el restablecimiento del orden jurídico perturbado como el “gran desconocido de la disciplina urbanística en Canarias”.

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